Sánchez se escuda en la orden de la Fiscalía como la vía para "asentar" la ley Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la ley del 'solo sí es sí' es una nueva norma que "necesita asentarse", en referencia al esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo para que siente doctrina respecto a la revisión de condenadas de agresores sexuales realizadas por distintos tribunales. Con todo, el jefe del Ejecutivo es optimista, según ha manifestado en declaraciones al término de la I Cumbre Hispano-Rumana, celebrada esta mañana en Castellón. "Creo que estamos yendo por el camino correcto", señalaba tras hacer alusión a la orden de la Fiscalía General del Estado para que los fiscales informen a favor de mantener aquellas condenas que sigan siendo imponibles en aplicación de la nueva norma.

El jefe del Ejecutivo ha querido cerrar filas en torno a la norma promovida por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, asegurando que "me siento orgulloso de la ley". Eso sí, acto seguido se ha mostrado "plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y jueces", aun sin reprochar a la titular de Igualdad las acusaciones contra los jueces de tener una tendencia "machista", cuestionar una supuesta falta de formación en materia de violencia contra las mujeres y señalar errores en su interpretación de la norma.

El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, está apostando en los últimos días por apaciguar la batalla interna en la coalición sobre la polémica norma. Tanto por reducir tensiones tras abrirse la puerta desde voces del PSOE a corregir el texto legal, lo que para sus socios es una línea roja, como para no alentar una nueva batalla con el telón de fondo de la bandera feminista. En esta línea, Sánchez ha reivindicado la ley del solo sí es sí "como una conquista feminista de un Gobierno que se declara a sí mismo feminista".

La Moncloa confía en que el Tribunal Supremo se pronuncie en contra de la revisión de sentencias para dar carpetazo a una polémica que ha generado fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo. El mensaje que ya lanzaba este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se centra en la "prudencia" y la "tranquilidad" ante la revisión de sentencias a agresores sexuales después de que haya actuado la Fiscalía.

En opinión de fuentes del Ejecutivo, la orden de Fiscalía de este lunes es un "precedente" y un "pronunciamiento contundente", por lo que lo fían todo al Supremo para enterrar esta polémica. Según defienden, "había mecanismos y doctrina suficiente para que la aplicación sea esta", concluyen estas mismas fuentes en referencia a la orden de la Fiscalía.

La estrategia del Gobierno, sin embargo, podría limitarse a ganar tiempo si el alto tribunal no sienta un criterio general que sirva para interpretar todos los supuestos prácticos vinculados a la norma. Su intención, en un principio, es la de ir caso a caso, supuesto a supuesto, y desarrollar jurisprudencia a lo largo de sucesivas sentencias. A pesar de ello, por el momento se ha optado por defender y realizar un reconocimiento de la norma como una iniciativa de todo el Ejecutivo, no solo del ministerio morado que lidera Irene Montero, dando "síntomas de unidad".

Sánchez ya impuso esta posición en su partido tras la ejecutiva celebrada en Ferraz este lunes. De ahí que las mismas voces del PSOE que habían abierto la puerta a corregir la norma ante el goteo de sentencias revisando a la baja las penas de agresores sexuales optasen por no mencionar esta posibilidad. Los barones del partido, en cambio, han alzado la voz urgiendo una revisión de la norma para impedir que los tribunales sigan rebajando penas a agresores sexuales con base en la nueva norma.