El caso Mediador aflora la ausencia de fiscalización de los diputados en el Congreso

El caso Mediador ha dejado al descubierto hasta qué punto los diputados están exentos de fiscalización más allá de su actividad pública, así como la cantidad de puntos ciegos de los que pueden beneficiarse para desarrollar acciones presuntamente ilícitas. El PSOE exigió la entrega de su acta de diputado a Juan Bernardo Fuentes Curbelo hace casi dos semanas y, ni antes ni después, ninguno de los escasos mecanismos de control del Congreso de los Diputados ha entrado en funcionamiento.

Distintos grupos parlamentarios reconocen que ni el código de conducta de los diputados contiene herramientas para una fiscalización exhaustiva, ni algunas de las que ya integra se están utilizando debidamente. Fuentes de la Cámara Baja afirman que sí hay una instancia que podría, y debería, haber tomado cartas en el asunto: la Oficina de Conflictos de Intereses, que tenía la opción de abrir el equivalente a un expediente —el procedimiento se denomina información previa— para esclarecer los hechos. “No se puede dejar estar”. “Se tiene que investigar qué visitas se realizaban”, afirman, “por la dignidad del Parlamento” y para que “no se vuelva a repetir”.

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El hecho de que un diputado usara el Congreso como “señuelo” para agasajar a personas con las que, según la investigación, mantenía negocios irregulares, debería haber bastado para que se encendieran las alarmas de la Oficina de Conflictos, apuntan estas fuentes. El código de conducta, que atribuye a la Presidencia la potestad de encomendar informes sobre posibles infracciones, contempla la posibilidad de que la Comisión del Estatuto de los Diputados proponga sanciones (de las incluidas en el reglamento), y también reconoce la potestad de la Presidencia para estudiar posibles infracciones. El escándalo del Tito Berni ni siquiera fue abordado en detalle en la última reunión de la Mesa, el martes, y la Comisión del Estatuto de los Diputados aún no se ha reunido este año. El código de conducta, aprobado a finales de 2020, establece que el objeto de la Oficina de Conflictos es “resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación” de este mismo reglamento.

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Hasta la fecha, el Congreso ha fijado un criterio común para informar a la interna de las visitas a diputados y trabajadores. Los datos que deben constar, también a la Comisaría de la Cámara, son exactamente los mismos que se requerían antes del 24 de febrero, cuando el Congreso notificó la entrada en vigor del nuevo protocolo. La diferencia, explican desde distintos partidos, es que desde el 1 de marzo todos los datos de los visitantes (acudan a actos, reuniones u otros foros) deben incluirse en un documento Excel, y no solo aparecer en el cuerpo del correo electrónico, como se hacía hasta la fecha. Es un procedimiento, explican desde la Cámara, para facilitar el trabajo, no supone endurecer las condiciones, porque los datos que constan son los mismos, y el uso que se les da es idéntico.

Autorización del Congreso

Las alarmas no saltaron, explican distintas fuentes parlamentarias, sencillamente porque los controles son “insuficientes”. Fuentes Curbelo fue autorizado en julio de 2020 por la Comisión del Estatuto del Diputado a compaginar sus labores parlamentarias con su trabajo de “asesoramiento fiscal, contable y administrativo a personas físicas y jurídicas”. Según publica El Independiente, las empresas en las que participa el exdiputado recibieron más de 100.000 euros en subvenciones o ayudas públicas mientras operaba la supuesta “organización criminal”, desde 2020; el Congreso no tenía —ni tiene— herramientas para saber qué subvenciones recibían sus empresas. La Cámara autoriza, pero no puede supervisar, y la actualización de la información queda en manos del diputado en cuestión.

El código de conducta, además, deja muy claro que “cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”. En lo que toca a las declaraciones de intereses, “las Cámaras solo responderán de la información facilitada por los parlamentarios y publicada de manera oficial en sus correspondientes páginas web”.

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Desde el principio, además, se cura en salud y advierte de que son sus señorías quienes deben actuar con “integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan”. También avisa de que únicamente atenderán "a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello". Todo queda en manos de los diputados.

La cortina de humo de la ley de 'lobbies'

Este martes, el portavoz del PSOE, Patxi López, se aferró a la norma de regulación de lobbies en que trabaja el Gobierno, como una suerte de antídoto ante nuevos casos como el de Tito Berni. Esta idea, explican desde la Cámara, carece de sentido, toda vez que lo que Fuentes Curbelo supuestamente hacía cuadraría más con el delito de tráfico de influencias que con la labor propia de un lobby. De estar la ley en vigor, las visitas privadas de empresarios para fines ilícitos —y, por tanto, inconfesables— difícilmente podrían verse reflejadas en ningún registro, abundan. Por no hablar de que la norma aún está en pañales: el Consejo de Ministros debe aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Congreso, para después abordar la necesaria negociación con los grupos, votar su admisión a trámite, las enmiendas a la totalidad y al articulado, trabajarla en comisión…

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Un veterano diputado interpreta que el objetivo de López al mentar esta norma fue, básicamente, utilizarla como cortina de humo, en un momento en que los socialistas pelean a la interna, para aclarar si otros diputados están vinculados a la trama de Fuentes Curbelo, y a la externa, llevando a los tribunales a quienes vinculen sin pruebas a estos parlamentarios con supuestas actividades ilícitas.

El código de conducta, papel mojado

En lo que va de legislatura, ya hay ejemplos de cómo el código de conducta puede convertirse en papel mojado. Técnicamente, establece que, además de la declaración de bienes, los diputados deben especificar en una declaración de intereses “las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos”. “Cuando se trate de actividades por cuenta ajena, se deberá precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad”, apunta el texto, que también exige declarar regalos y especificar con qué fundaciones contribuyen.

A fecha de hoy, la declaración de intereses económicos de Santiago Abascal y los otros 51 diputados de Vox no cumple estos requisitos. “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política, en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles”, reza el texto incorporado a sus respectivas declaraciones. Es decir, ninguno ha acatado el mandato del código de conducta, y fuentes de la Cámara critican que se les haya permitido.

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Tampoco lo acatan la inmensa mayoría de sus señorías en lo que toca a su agenda pública. En los casos en que los diputados la rellenan, esta incluye menciones genéricas a plenos o comisiones, y por norma general no especifica con quién se reúnen o cuándo. Desde los grupos, explican que rellenarla con antelación, dados los cambios de agenda que deben afrontar cada día, resulta muy complicado. Sin embargo, asumen que sí podrían hacerlo a posteriori, registrando todos los contactos de los diputados, dentro y fuera del Congreso, como establece el código. Y eso tampoco ocurre.

“Con la finalidad de atender las nuevas exigencias derivadas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y de las demandas sociales en materia de transparencia, las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado han creído conveniente desarrollar esta regulación con el fin de garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyen hoy en día los principios básicos de la conducta de los parlamentarios y parlamentarias, ya que, en cuanto representantes del pueblo, su comportamiento ha de responder a los más exigentes imperativos éticos”, reza el código de conducta. La falta de "ejemplaridad" y "transparencia" de este diputado lleva días contaminando el aire del Palacio de las Cortes.