Irene Montero achaca las rebajas del solo sí es sí a "una campaña de 200 jueces" que incumplen su ley de libertad sexual

La ministra Irene Montero continúa insistiendo en que la responsabilidad de las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí es de los jueces y no del texto cuya redacción dirigió su departamento. En sus últimas reuniones con las representantes de la delegación del Parlamento Europeo, de visita en España para valorar las políticas de Igualdad, dio un paso más en este reparto de culpas. Según aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de estas citas, Montero achacó la interpretación de la nueva legislación que en los últimos cuatro meses ha favorecido a más de 500 delincuentes sexuales a "una campaña" llevada a cabo por "200 jueces" que no aplican de forma correcta la norma.

Mientras continúa el tira y afloja con la parte socialista del Gobierno para introducir modificaciones en la ley, la ministra mantiene, tanto en público como en privado, la misma tesis que ya expuso en las primeras horas de las rebajas. En los encuentros a puerta cerrada, afinó, no obstante, insinuaciones previas realizadas en público. En declaraciones recientes había insistido, por ejemplo, en que la ley "está bien hecha" y "una minoría de jueces" aplica "mal la norma y el derecho transitorio". Fue en el encuentro con la misión parlamentaria cuando concretó a qué se refiere cuando habla de minoría. Señaló ante las eurodiputadas a un 3,7% de la judicatura. Actualmente, hay en activo 5.320 jueces y magistrados.

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Con estos cálculos, la dirigente de Podemos reúne a aquellos magistrados de las audiencias provinciales de distintos puntos del territorio que hayan firmado autos o dictado sentencias en que se aplicaba el principio de aplicación de la ley más favorable al reo, obligatorio en cumplimiento de la Constitución. Ni las audiencias provinciales ni el Supremo han rebajado de forma sistemática todas las condenas ya dictadas, sino que han ido valorando caso a caso y rebajado exclusivamente las penas que han quedado recortadas en su tope mínimo en la ley integral de libertad sexual.

Como ya informó este diario, los argumentos de la ministra fueron rechazados por representantes del Consejo General del Poder Judicial que mantuvieron un encuentro posterior con las eurodiputadas. La comitiva del Parlamento Europeo ha estado formada por las españolas Lina Gálvez, Rosa Estaràs, Soraya Rodríguez, Margarita de la Pisa y Eugenia Rodríguez Palop, así como por Eleni Stavrou, Carina Ohlsson y Alice Kuhnke.

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Después de reunirse con Montero y la ministra de Justicia, Pilar Llop, la delegación se reunió con representantes del Observatorio contra la Violencia de Género. Fue entonces cuando se les aclaró que la aplicación de la nueva ley se está efectuando de forma escrupulosa y que el Tribunal Supremo ha fallado ya en más de una decena de casos en un sentido similar a las decisiones provinciales. "Los mismos jueces que están dictando sentencias rebajando penas las están manteniendo en otros casos", defendieron. Se les aclaró además que la reducción no es una prerrogativa de los magistrados, sino una obligación, y que en caso de negarse a beneficiar a los reos cuando así deba hacerse, se estaría incurriendo en un delito de detención ilegal.

Como ya adelantó este periódico, el Consejo ha comenzado a realizar una recogida exhaustiva de datos para contar con un mapa concreto de la situación y espera tener lista la información la próxima semana. El órgano se ha dirigido a las audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia para conocer no ya las rebajas que han ido aprobándose, sino también las pendientes. Las causas en fase de investigación se consideran "imposibles de cuantificar", ya que conocen de ellas juzgados de toda España y varían cada día. La sensación generalizada tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en el CGPJ es que los efectos de la ley se prolongarán durante años.

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Eso sucede debido a que la reforma que impulsa en estos días la parte socialista del Gobierno de coalición no evitará que los acusados por delitos sexuales sean juzgados y condenados en el futuro con los parámetros de la ley del solo sí es sí. El principio de retroactividad penal obliga a aplicar al reo la legislación que le es más favorable en el periodo que va desde la comisión del delito hasta la extinción de la futura condena. Es decir, todos los procedimientos que están ahora bajo investigación quedarán marcados por la polémica ley y la introducción de modificaciones en el texto no podrá evitarlo. El plazo desde la comisión del delito hasta que se dicta sentencia firme ronda los cuatro o cinco años. Solo los nuevos delitos cometidos desde su hipotética aprobación se juzgarán según el texto reformado.

El PSOE continúa buscando en estos días un acuerdo con sus socios de gobierno para aprobar cuanto antes la contrarreforma. Pilar Llop confió este mismo jueves en alcanzar un entendimiento en favor de las víctimas. "No puede haber otro interés", sostuvo la ministra de Justicia, que aseguró que el diálogo con Igualdad es "permanente". Las cifras que maneja el Consejo apuntan a que hay casi 4.000 presos por este tipo de delitos, ya sea cumpliendo condena o en prisión provisional a la espera de juicio. Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, la nueva normativa ha provocado más de 550 rebajas de penas a agresores sexuales, con alrededor de una veintena que han conllevado excarcelaciones.