Igualdad ordena instalar pulseras telemáticas a los agresores excarcelados por la ley del solo sí es sí

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dio una instrucción el pasado mes de diciembre, ante la revisión de penas consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, para que se atendieran en 24 horas las instalaciones de dispositivos de control telemático por excarcelaciones sorpresivas o inesperadas.

Así lo ha explicado este martes la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, durante un acto organizado por Igualdad para presentar su Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.

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Durante su intervención, Rosell ha puesto en valor esta medida de protección a las víctimas que se puede solicitar con orden judicial, de forma cautelar o definitiva, cuando se dicta una orden de alejamiento del agresor hacia su víctima. Este dispositivo permite la geolocalización del agresor y de la víctima, generando una alerta —gestionada por el sistema conocido como Cometa y por la Policía— si el agresor incumple este alejamiento.

Según ha indicado Rosell, en la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso y se podrían usar hasta 4.000, tras firmarse un contrato en este sentido por los próximos dos años. Además, este año, se va a licitar otro contrato que, a partir de febrero de 2024, ampliará este sistema de protección a todas las violencias contra las mujeres, y no solo a los casos de violencia de género que se producen en el seno de la pareja o expareja.

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Sin embargo, y aunque no está licitado aún el contrato para incluir la protección con dispositivos telemáticos en casos de violencia sexual, Rosell dio una instrucción en diciembre para "que se atiendan en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos" en los casos de víctimas afectadas por una excarcelación sorpresiva de su agresor sexual y que pudieran sufrir alguna situación de revictimización.

La delegada del Gobierno ha explicado que le consta que la Fiscalía sí ha dado el aviso a los fiscales, pero no le consta en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando, además, que no tiene constancia de que se haya solicitado ninguna medida de este tipo en ningún caso.