Feministas históricas alertan de que Igualdad maniobra para orillarlas y colocar a sus afines

El movimiento feminista se ve sacudido por fuertes tensiones. La división entre las manifestaciones que recorrerán Madrid y otras ciudades el 8-M, el pulso entre las partidarias y las detractoras de la ley trans, la batalla por cómo reformar la ley del solo sí es sí… La disputa en la esfera institucional que mantienen el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos) y el ala socialista del Ejecutivo es la punta del iceberg de la fractura entre las asociaciones. Especialmente entre las organizaciones de feministas históricas, que temen verse desplazadas por Igualdad en detrimento de otras entidades con menos trayectoria, pero más alineadas con las tesis de Montero.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, creado con la ley de igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero y adscrito al ministerio, es un ejemplo palmario. Según esta norma, le corresponde "el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género". En él participan las comunidades autónomas, entidades locales, agentes sociales, así como organizaciones de consumidores y usuarios. También hay seis vocalías destinadas a las organizaciones de mujeres de ámbito estatal "con especialización en materia de las distintas formas de violencia contra las mujeres", nombradas por la titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista, hoy Victoria Rosell, "seleccionadas por convocatoria pública". Esa convocatoria pública, que se abrió el 29 de diciembre y ha estado abierta hasta el 27 de enero, es precisamente lo que está bajo "sospecha", afirman desde distintas asociaciones.

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"Nuestro temor es que lo que pretende el ministerio, como está haciendo con otras instituciones, es meter toda la agenda transgenerista con sus colectivos y asociaciones, que ellas quieren que estén bien posicionadas. Lo han puesto bastante complicado", afirma Vicenta Monge. La presidenta de Fórum Política Feminista, una entidad con 37 años de historia, critica que ni siquiera recibieron una comunicación oficial de que se abría el plazo para postularse a las vocalías: "Nos enteramos por redes sociales", afirma, cuando el ministerio sí promociona otras materias, como el encuentro internacional feminista del 24 al 26 de febrero, en el que Monge ve que "el 90% de las intervenciones son de ponentes que han defendido el trabajo sexual, la prostitución o la autodeterminación de género". "A las organizaciones feministas de ámbito estatal históricas están tratando de ningunearnos", abunda.

Las diferencias sobre la prostitución y la transexualidad han marcado los debates feministas de los últimos años; en lo que toca al Observatorio, además, temen que el cambio en su composición sirva a Igualdad para "dejar bien instaladas a sus organizaciones queer", en palabras de Monge. Es el diagnóstico que hacen otras tantas organizaciones y referentes del feminismo que, tradicionalmente, y a trazo grueso, se han situado más cerca de las posiciones del PSOE.

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Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, que cumplirá 37 años en 2023, comparten los recelos, y aseguran que no darán la batalla si finalmente Igualdad otorga estas plazas a mujeres "con experiencia acreditada", aunque sí les "molestaría" que se utilizara para colocar a organizaciones afines. Es la primera vez que aspiran a entrar en este órgano, del que tampoco ha formado parte Fórum Política Feminista. Ada Santana, portavoz de la federación, recuerda que las vocalías pasan de cinco a seis, pero subraya que la convocatoria es "ambigua": "Se exige que en los estatutos se incluya que luchan contra la violencia de género. Esto lo pueden tener los Scouts o una asociación de vecinos", apunta.

"Se le da mayor importancia a la capacidad económica de la organización por encima de la trayectoria; no podemos competir con una organización con gran presupuesto", abunda. Este punto genera tensión entre las distintas asociaciones: de la estructura y capacidad de gestión de las organizaciones depende el 60% de la valoración; un 20% en relación con el presupuesto, otro 20% en relación con las personas contratadas a tiempo completo, y el mismo porcentaje en función de los socios o afiliados, con 300 personas como techo de la horquilla. Los criterios fueron fijados a través de una resolución del organismo que preside Rosell el pasado 27 de diciembre.

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El presupuesto puntúa el doble que la antigüedad, como cuestionan varias asociaciones, que consideran que los criterios para concursar, publicados en un real decreto del 13 de septiembre, son muy abiertos: "Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y haber sido creadas al menos dos años antes de la fecha límite de presentación de solicitudes"; tener, según sus estatutos, un ámbito de actuación estatal"; "realizar programas, al menos, en dos comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía"; "que entre sus fines estatutarios se encuentre la erradicación de la violencia contra las mujeres".

"Tener presencia en dos comunidades autónomas no es estatalidad", abunda Santana, que cree que los requisitos pueden "beneficiar" a organizaciones que no han basado su trayectoria en la lucha contra la violencia machista. "Nos parecería un despropósito deliberar sobre víctimas de violencia cuando las decisiones sean tomadas por organizaciones que no luchan contra violencias machistas". Tanto ella misma como Monge afirman que en los últimos dos años varios "colectivos de la agenda transgenerista" se han constituido como asociaciones.

La antigüedad, un problema para la Asociación de Juristas Themis

De un máximo de 100 puntos, solo 10 se atribuyen en función de la antigüedad, y según las bases puntúa lo mismo contar con 15 años de experiencia, el tope de la horquilla, que con casi 40 años, como ocurre con algunas de las organizaciones más veteranas.

Pino de la Nuez, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, no se pronuncia sobre las intenciones de Igualdad en lo que toca a esta convocatoria, pero sí cuestiona que la antigüedad mínima para postularse sea de dos años: "No lo compartimos, para estar en un ente de esa entidad tienes que estar más años". Por otra parte, recuerda que la antigüedad "no te da una veteranía o una solvencia", como reprochan otras asociaciones, que piden premiar la especialización de cada una de las concurrentes.

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Themis, por su naturaleza de organización de juristas, es un referente para otras organizaciones feministas históricas en materias como la reforma de la ley del solo sí es sí. A día de hoy, como la Federación de Mujeres Progresistas o la Fundación Mujeres, la asociación de Pino de la Nuez sí se sienta en el Observatorio.

La batalla de los locales

Igualdad dará a conocer la composición del Observatorio en una fecha por determinar —el decreto de 13 de septiembre fijaba un plazo máximo de seis meses para esta renovación, vencería en marzo—. El mandato será de cuatro años, y se conocerá cuando Igualdad ya tiene abierto otro frente a cuenta del reparto de locales que utilizan hoy distintas organizaciones feministas. Estos espacios compartidos en Madrid, propiedad de Patrimonio Nacional, albergan desde hace años las actividades y los archivos de asociaciones como Themis o el fórum que lidera Monge.

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En 2015 fueron reubicadas y firmaron contratos de cesión de cuatro años, prorrogables otros cuatro. El plazo venció el enero y no saben si tendrán que dejar estos locales, si serán reubicadas en otros o qué colectivos ocuparán estos espacios. "Lo de los locales es muy significativo", explica Monge, porque ya desde julio empezaron a recibir noticias. Las organizaciones tienen equipos contratados que hoy "están en el aire", y se pregunta cuál es "el interés" de "revolver lo que ya está funcionando". "Igualdad se aprovecha de la nominación del movimiento feminista, pero no son feministas, llevan toda la legislatura haciendo daño a las mujeres", zanja.