Vocales del CGPJ critican ante el Parlamento Europeo el "daño" de la ley del solo sí es sí

Los efectos de la ley del solo sí es sí han sido de nuevo el centro, este miércoles, de la visita que está llevando a cabo esta semana una delegación del Parlamento Europeo a España para analizar los avances en Igualdad. Durante su paso por el Consejo General del Poder Judicial, vocales del órgano de gobierno de los jueces han trasladado a los representantes de la delegación europea su preocupación por el goteo de rebajas de condena provocado por la norma. Como adelantó este diario, el Consejo calcula que las reducciones continuarán desplegándose "durante años".

La delegación, presidida por la polaca Elzbieta Katarzyna se ha reunido, en concreto, con las vocales Carmona y Llombart y el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, que ha podido trasladar de manera directa la perspectiva del TS sobre la aplicación de la ley. Según indican fuentes conocedoras de la cita las europarlamentarias se han mostrado también sorprendidas por la distancia entre los datos que se les han proporcionado en el Ministerio de Igualdad y los que han podido contrastar en la reunión con las vocales y el magistrado del TS. El departamento de Irene Montero lleva días aseguran que las cifras de los condenados por delitos sexuales beneficiados, cerca ya de 550, no se corresponden con la realidad.

El órgano de gobierno de los jueces han comenzado a advertir de que la reforma que impulsa en estos días la parte socialista del Gobierno de coalición no evitará que miles de acusados por delitos sexuales sean juzgados y condenados en el futuro, en aplicación de las penas fijadas en el actual texto. Distintas fuentes recuerdan que el principio de retroactividad penal obliga a aplicar al reo la legislación que le es más favorable en el periodo que va desde la comisión del delito hasta la extinción de la futura condena. Por ello, todos los procedimientos que están ahora bajo investigación quedarán marcados por la polémica ley y la introducción de modificaciones en el texto no podrá evitarlo.

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Las fuentes jurídicas consultadas advierten también de que las actuales revisiones continuarán también a pesar de los cambios y que así se le ha comunicado a las representantes del Parlamento Europeo. El PSOE busca aprobar cuanto antes la reforma de la normativa, en contra de la voluntad de la parte morada del Ejecutivo. Sin embargo, los datos provisionales que manejan alejan el final de la revisión a la baja de condenas. Las cifras recabadas por Instituciones Penitenciarias apuntan que hay casi 4.000 presos por este tipo de delitos, ya sea cumpliendo condena o en prisión provisional a la espera de juicio. Durante la reunión, los representantes del Consejo han trasladado a las europarlamentarias los reparos que en su día se hicieron en el informe del CGPJ en relación con esta ley y con otras como la conocida como Ley Trans.

Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, la nueva normativa ha provocado más de 500 rebajas de penas a agresores sexuales, con alrededor de una veintena que han conllevado excarcelaciones. "¿La urgencia dónde está? La urgencia está en que hay que parar la sangría", insistía este mismo martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Sin embargo, como ha ido informando El Confidencial desde diciembre, a estas alturas no hay reforma alguna que vaya a frenar las rebajas. La preocupación se centra, no obstante, en las repercusiones menos evidentes, que se desplegarán sin remedio.

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De momento, el Consejo General del Poder Judicial ha comenzado a realizar una recogida exhaustiva de datos para contar con un mapa concreto de la situación y espera tener lista la información la próxima semana. El órgano se ha dirigido a las audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia para conocer, no ya las rebajas que han ido aprobándose, sino también las pendientes. Las causas en fase de investigación se consideran "imposibles de cuantificar", ya que conocen de ellas juzgados de toda España y varían cada día.

Los miembros del Consejo han aprovechado también para rechazar los ataques lanzados desde el Ministerio de Igualdad contra los jueces encargados de las revisiones de condena. Desde el ministerio se insiste en el sesgo machista de la interpretación de los tribunales de todo el territorio nacional y en la interpretación "errónea" de la norma que, sin embargo, ha reducido las horquillas de penas en gran número de delitos. La obligación de aplicar la legislación más favorable al reo es la que está provocando las rebajas.