Las afectadas por la ley Montero se organizan y plantean que el Estado las indemnice

Lucía Castro no se ha quedado impasible cuando al hombre que la agredió sexualmente, su tío, le han rebajado la pena de prisión en aplicación de la ley del solo sí es sí. Con 21 años, esta joven sevillana se ha embarcado en la creación de una plataforma de afectadas por estas reducciones de las condenas, a la que pretende dar forma en los próximos días. "Estoy cansada de que nos tengamos de quedar de brazos cruzados", cuenta esta joven, que asegura que se siente "con fuerza" para dar esta batalla por "todas las que no pueden". Hasta el momento, ha recibido testimonios de cuatro mujeres víctimas de violencia sexual a través de un correo electrónico que ha habilitado y varias asociaciones y abogados se han puesto en contacto con ella.

Más allá de unas protestas de poco calado social, la indignación por los efectos de la ley impulsada por Irene Montero no ha cristalizado en movilizaciones o una acción organizada hasta ahora. Al menos, fuera del Congreso y de los atriles de los partidos políticos. La ausencia de una respuesta multitudinaria en la calle no es un obstáculo para que cientos de víctimas, como Lucía Castro, lleven meses sufriendo un goteo de rebajas de penas y de excarcelaciones que les son notificadas a sus abogados cuando el agresor solicita la revisión de su condena en virtud de las nuevas horquillas de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual.

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Eso es justo lo que le pasó a esta joven sevillana, que descubrió este pasado martes, según adelantó Diario de Sevilla, que su tío había visto reducida su condena de 11 años de prisión por los abusos que cometió cuando ella tenía siete. La condena fue revisada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que rebajó en seis meses la pena en aplicación de la nueva norma, aunque también le ha elevado la pena de inhabilitación para "cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad".

"Me pilló de sopetón, no estaba al día de lo que estaba pasando", cuenta Castro. Fue su abogado quien la avisó de que, el 18 de noviembre, su agresor había solicitado la reducción de la pena. Al ver la cantidad de casos de rebajas, la joven se decidió a actuar entre la "indignación", la "vergüenza" y una especie de bloqueo. "No sabes cómo actuar ante algo tan grande como el Estado", lamenta la joven sevillana. Su defensa también le dio la idea de reclamar una indemnización por "daños y perjuicios" tras las cascadas de correcciones de condenas que se han registrado en los últimos meses.

La intención de Castro es que la plataforma que impulsa sirva para que todas las víctimas que así lo quieran puedan estar en contacto. Y lo mismo con sus abogados, con el objetivo de acordar una estrategia. Ahora mismo, la respuesta legal de las víctimas está en el aire, más allá de la "reclamación patrimonial". Para recopilar testimonios, la joven sevillana activó en la mañana de este jueves una cuenta de correo electrónico (afectadas.leysiesi@gmail.com) para animar a personas en su misma situación a denunciarlo y armar así la plataforma.

"Quiero dedicarme a la protección de la infancia, es algo por lo que yo lucho", explica Castro, que también ha recibido mensajes de abogados que le han ofrecido su ayuda. Quien no se ha puesto en contacto todavía con esta joven sevillana es la Administración pública. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha ofrecido su asesoramiento a las víctimas afectadas por las rebajas de penas. Según explican desde el Gobierno andaluz, su apoyo consiste en prestar asesoramiento jurídico y psicológico, al tiempo que señalan que en los últimos meses han registrado un aumento en las consultas de mujeres a raíz de las reducciones de las condenas provocadas por la ley del solo sí es sí. El IAM tiene contabilizadas 65 mujeres víctimas de agresiones sexuales que han acudido al Ejecutivo autonómico para solicitar apoyo.

Castro ha activado un correo electrónico para recopilar testimonios y armar una unidad de acción tras las rebajas de penas a violadores

Lucía Castro mira con "cabreo" la pugna política que se ha desatado entre los partidos a raíz de esta polémica. Sin entrar en valoraciones políticas sobre la bronca en la que están enfangados PSOE y Podemos, la joven sevillana ve con indignación "cómo se tiran piedras unos a otros". "No quieren decir que lo han hecho mal, porque la ley tenía buena intención", se queja Castro, que denuncia que esta pelea entre los partidos "sigue dejando en segundo plano" a las víctimas y los "daños" que les causa el goteo de reducciones de penas e incluso excarcelaciones que han derivado de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

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"Hacerte a la idea de que tu agresor va a estar fuera no es fácil", relata Lucía Castro, a pesar de que ese horizonte aún le queda lejos. El tío de Lucía solicitó la reducción de la pena de 11 a 10 años por la comisión de un delito continuado de abusos sexuales con la agravante de aprovecharse de su relación de superioridad o convivencia. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla han admitido parcialmente su reclamación, ya que le han reducido la pena en seis meses en lugar del año que solicitó.