Otro error jurídico en la ley de infancia deja en el aire los plazos de prescripción de delitos

Un error en la redacción de la ley de protección de la infancia, conocida como ley Rhodes, deja la puerta abierta a dos posibles interpretaciones sobre cuándo empiezan a contar los plazos para la prescripción de los delitos contra la libertad que afectan a menores. Esto es, si la cuenta atrás empieza cuando la víctima cumple los 18 años o si ocurre a partir de los 35. Como ha adelantado Infolibre y ha podido confirmar El Confidencial con asociaciones de jueces y juristas, la laguna afecta a la nueva redacción del artículo 132 del Código Penal. La norma, cuestionada jurídicamente como el solo sí es sí, fue uno de los proyectos estrella de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2020, apenas seis meses después de la formación del Ejecutivo, ya en plena pandemia, y logró luz verde de las Cortes en mayo de 2021, con el único voto en contra de Vox. Miguel Hurtado, un activista de referencia en la lucha contra los abusos a menores, fue quien identificó el error y advirtió a varios partidos políticos del fallo en noviembre de este año. "Fui muy ingenuo, pensé que con el escándalo del solo sí es sí, con lo sensibilizada que estaba la sociedad, al contactar se activaría la maquinaria para poderlo resolver".

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En conversación con El Confidencial, explica que, tras aprobarse la norma, contactó con un equipo que había trabajado en la ley chilena que en 2019 declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, y comenzaron un exhaustivo estudio para demostrar que una iniciativa similar era viable en España, analizando también la norma de Derechos Sociales. Hace meses, detectaron un error que pusieron en conocimiento de los grupos parlamentarios que en su día pactaron elevar de los 30 a los 35 años el límite para que empezara a contar la prescripción, como anteriormente contemplaba el texto. Según Hurtado, solo el grupo de ERC contestó a su advertencia, pero no volvió a tener noticias. Poco después, informó al Defensor del Pueblo, que según Infolibre ya estudia su queja. El PSOE no fue avisado, como sí lo fueron el resto de partidos.

No contactó con el Ministerio de Justicia. Tampoco con el Ministerio de Derechos Sociales, de Ione Belarra, que fue quien impulsó una norma que heredó como anteproyecto (aún en fase embrionaria) de los anteriores ejecutivos (el PSOE, en solitario, y antes el PP). Explica que optó por la vía de los partidos políticos en el Congreso porque son más fáciles de contactar (las direcciones de correo electrónico oficial de los diputados son públicas). Hoy, el ministerio de Pilar Llop se remite a Derechos Sociales y desde el departamento que dirige Belarra guardan silencio. En su día, fue anunciada por Iglesias a bombo y platillo, y su aprobación definitiva en el Congreso llegó semanas después de que Iglesias dejara la política institucional.

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Los mensajes a los que ha accedido este medio fueron remitidos a los correos de diputados de una decena de formaciones: a Cuca Gamarra y otros ocho diputados del PP (28 de noviembre); Jaume Asens (Unidas Podemos, 29 de noviembre); tres diputadas de ERC (29 de noviembre); Inés Arrimadas y otros tres diputados de Ciudadanos (28 de noviembre); Mertxe Aizpurua y los otros cuatro diputados de Bildu (28 de noviembre); Mírian Nogueras y los otros tres diputados de Junts (28 de noviembre); los dos diputados de Más País, y Joan Baldoví, de Compromís (28 de noviembre). Todos ellos participaron en el pacto para modificar lo que toca a la prescripción de estos delitos.

En concreto, el objetivo de la norma en lo que toca a la prescripción pasaba por superar el límite anterior: antes empezaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años, y la ley pretendía elevarlo hasta los 35, cuando comenzaría esa cuenta atrás. El objetivo era evitar que las víctimas quedaran despojadas del derecho a acudir a la Justicia tan temprano, ya que a menudo estas víctimas tardan años o décadas en poder dar este paso.

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La modificación del artículo 132 del Código Penal dejaba una redacción en la que la mención a los delitos contra la libertad aparecía en dos párrafos simultáneos, en los que se dice, a la vez, que el plazo empieza a correr cuando la víctima tiene 18 años, y también cuando tiene 35. Distintas fuentes jurídicas advierten de que es un error que puede llevar a los jueces a considerar prescritos delitos antes de lo que pretendía el legislador, ya que los jueces deben interpretar la ley siempre en beneficio del reo.

Verónica Ponte, del Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de asociados en la judicatura, reconoce que es "un error", al establecer "dos plazos de prescripción para el mismo tipo de delitos". Ponte, jueza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Laredo (Cantabria), explica que las víctimas menores que sufran o hayan sufrido una agresión desde que entró en vigor la ley, en junio de 2021, pueden verse ante la situación de que la Justicia examine si se puede o no aplicar la prescripción contando desde que cumplieron 18 años. "Cuando se presente la oportunidad en un futuro de valorar si ha transcurrido o no el correspondiente plazo de prescripción, cabe la posibilidad de que se opte por acoger aquella interpretación más favorable al reo. Sería por ello deseable que a la mayor brevedad se subsanara el error, a fin de clarificar el panorama", abunda.

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Concha Roig, integrante del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, confirma esta interpretación. "Lo que el legislador ha querido es ceñir el cómputo de la prescripción a partir de 35 años a las modalidades más agravadas de delitos contra la libertad, pero no lo ha dicho". La forma de redactarlo, destaca la magistrada en la Audiencia Provincial de Murcia, "puede dar lugar a más interpretaciones", y afirma: "No lo puedes interpretar en contra del reo. Esto es, que tenga un plazo de prescripción más amplio". Entre los delitos contra la libertad, están la detención ilegal, el secuestro o el matrimonio forzado (172 bis del Código Penal), explica.

Hurtado pone un ejemplo con uno de los delitos que más le preocupan: que una chica de 14 años pueda ser enviada por su familia a países "como Pakistán", para ser casada a la fuerza "con un primo de 40 años. Si vuelve a España y consigue denunciar a los 24, no se sabe si podría proceder o no, porque depende de cuándo empiece a contar el plazo de prescripción".

Que se corrija la norma con la modificación del solo sí es sí

El activista está entre los fundadores de Ending Clergy Abuse, una organización que lucha contra la impunidad de los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica. Lamenta que nadie haya notificado este error cuando la ley "ha pasado por múltiples ministerios, por el Consejo de Estado, por el CGPJ o por los grupos parlamentarios". "Es un error de comprensión lectora, no de técnica jurídica", abunda. En los próximos días, planea volver a contactar con los grupos parlamentarios para reclamar que aprovechen la tramitación de la modificación de la ley del solo sí es sí para "corregir la ley de infancia".

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Añade que remitirá una propuesta de redacción a los grupos, y denuncia la dificultad que ha tenido para lograr que los políticos le escuchen. "La confianza en las instituciones es mínima. ¿Cómo vas a confiar con semejantes chapuzas?", critica. En los correos electrónicos, Hurtado advertía de esta "equivocación grave", que genera "una importante inseguridad jurídica, ya que los ciudadanos no saben cuál es la norma penal que se les aplicaría en el supuesto de comisión de este tipo de delitos". También incluía los dos párrafos del 132 del Código Penal que generan este problema.

"En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que esta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento".

"En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento".

Apenas unos días después de llegar a la Vicepresidencia Segunda, en enero de 2020, Iglesias se marcó como primer objetivo aprobar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Poco después, afirmó que la norma no solo debía proteger "a los niños y niñas de este país", sino que debía convertirse en "una referencia mundial en la protección de la infancia y la adolescencia", además de "uno de los elementos" que deberían definir "la acción" del Gobierno.