El PP negociará una agencia de salud y ayudas fiscales a empresas

El PP negociará en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados medidas fiscales para ayudar a empresas, autónomos y trabajadores afectados por la pandemia y medidas sanitarias para hacer frente a futuras situaciones similares, como una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial.

El partido de Pablo Casado incluirá estas propuestas en los borradores que todos los partidos deben presentar antes de las 12:00 del miércoles 24 de junio y que servirán para abrir una negociación que debe culminar en una votación en el pleno del Congreso a finales de julio. PSOE y Unidas Podemos negocian presentar propuestas comunes y pactadas entre ellos para presentarlas este miércoles en el registro del Congreso.

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El Gobierno explica también que está dispuesto a alcanzar acuerdos en esa comisión, después de meses de desencuentros. Tanto el PSOE como el PP muestran en las últimas semana especial interés por concluir los trabajos de la comisión con acuerdos, aunque sea de mínimos. Les interesa para sus estrategias políticas pero, además, desde diferentes instancias se piden esos pactos, incluyendo Europa, los sindicatos y las asociaciones empresariales, entre otras.

Durante varias semanas, se han producido comparecencias casi cada día de expertos en las diferentes materias, con el común denominador de pedir acuerdos para evitar que se repitan situaciones como la provocada por la pandemia y para poder abordar la reconstrucción económica.

Fuentes del PP explican que su voluntad es alcanzar acuerdos sobre los cuatro grupos que componen la comisión y que se refieren a sanidad, política social, política económica y Europa. Las negociadoras principales del PP son Ana Pastor y Elvira Rodríguez, además de Guillermo Mariscal, vicepresidente de la comisión.

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Añaden que la propuesta de los populares para iniciar la negociación incluirá medidas económicas como la exoneración de impuestos para la apertura y reapertura de empresas afectadas por el covid-19 hasta fin de 2020, contratos bonificados para trabajadores que han perdido su empleo por la pandemia, extensión de la tarifa plana de 50 euros para autónomos, creación de una tarjeta social que incluya todas las ayudas de todas las administraciones y potenciación del teletrabajo.

El PP pretende incluir también la ampliación de los ERTE hasta fin de este año, aunque esta medida podría estar ya en vigor para el momento en que se voten las conclusiones. En todo caso, los populares explican que incluirán referencias a posibles cambios en la reforma laboral anterior, para garantizar la supervivencia de puestos de trabajo que estén en riesgo como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, los vinculados al turismo.

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El apartado en que el partido de Pablo Casado más confía para alcanzar acuerdos en esa negociación es el sanitario. Ana Pastor defenderá una serie de medidas que, básicamente, irán destinadas a mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones. Por ejemplo, con la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, bajo mandato de la Administración del Estado, pero con representación de las comunidades autónomas y una unidad de seguimiento de pandemias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo referencia, en su comparecencia en esa comisión el 16 de junio, a la posible creación de un centro similar, por lo que podría haber acuerdo en este punto. Illa habló de un Centro Estatal de Salud Pública, ya previsto en la Ley General de Salud Pública.

Parte de la constatación de las limitaciones del Ministerio de Sanidad, tras haber cedido competencias a las comunidades. El objetivo es establecer mecanismos de alerta para evitar lo ocurrido con el coronavirus. Los populares creen posible que el PSOE lo acepte, aunque son escépticos sobre la posición de partidos nacionalistas o independentistas que suelen apoyar al Gobierno y que pueden ser reacios a establecer nuevos mecanismos de coordinación entre administraciones.

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Otra medida que propondrá el PP es la creación de “un 'pool' nacional de personal especializado que pueda ser desplazado a las distintas comunidades autónomas para atender las demandas de la pandemia”, una especie de bolsa de trabajo para situaciones de emergencia, destinado a evitar colapsos en lugares concretos. También estudiar y mejorar la capacitación del personal sanitario.

Propondrán también el control de la “huella digital” con un pasaporte epidemiológico y una aplicación con código QR y un depósito de material centralizado.
Las medidas sanitarias las incluye el PP en el llamado Pacto Cajal, sobre el que Casado ha ofrecido reiteradamente acuerdos, y que se refiere también a potenciar la atención primaria en coordinación con la hospitalaria, atención sociosanitaria al paciente mayor y vulnerable, potenciación de la investigación, en financiación e infraestructuras y potenciar la industria nacional sanitaria biotecnológica con compromisos de inversión concretos.

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El PP coincide también con otros grupos en la necesidad de revisar el sistema de residencias de ancianos y hará referencia a ello en su propuesta de conclusiones. El PP pretende también negociar reformas legales para poder actuar en caso de pandemia sin necesidad de decretar el estado de alarma, sino aplicando una ley orgánica que permita el confinamiento y la asunción del mando único por parte del Gobierno central. Los grupos acordaron un sistema de negociación que permitirá mantener vivas casi hasta el final las enmiendas de cada partido, lo que favorece el acuerdo de mínimos.

La Comisión de Reconstrucción, que preside el socialista Patxi López, fue creada por un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Inicialmente, el presidente del Gobierno promovió una comisión desde la Moncloa, pero aceptó convertirla en parlamentaria a instancias del líder del PP. Empezó con desacuerdos en las formas, porque el PP pretendía que fuera casi una comisión de investigación, y por algunas tensiones en comparecencias, como la del vicepresidente, Pablo Iglesias. Sin embargo, los grupos mayoritarios destacan la valía de las comparecencias y, pese a las quejas por las dificultades que provoca la falta de tiempo, consideran posibles los acuerdos. En todo caso, serán después de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco del 12 de julio.

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Según el calendario aprobado, “el jueves 25 de junio, tras finalizar el pleno, en la reunión de cada grupo de trabajo se debatirá y elegirá el borrador de propuestas que servirá de base para las conclusiones”. Luego presentarán enmiendas hasta el domingo 28 de junio. El martes 30 de junio “continuarán las reuniones de los grupos de trabajo para deliberar y votar las enmiendas registradas y, para finalizar, aprobar sus conclusiones”.

El jueves 2 de julio se aprobarán en la comisión las conclusiones finales, que incluirán el dictamen que remitirá al pleno del Congreso para su debate y aprobación la última o la penúltima semana de julio. Además, “el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha un buzón abierto a la participación con el fin de recabar las propuestas de los ciudadanos para afrontar, desde todos los ámbitos, la respuesta a las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia del coronavirus. Desde su puesta en marcha, el 25 de mayo, ya se han recibido más de 700 propuestas”.