El PP convertirá la mesa de reconstrucción en una comisión de "investigación"

Pedro Sánchez y Pablo Casado han llegado este lunes a un aparente acuerdo: llevar al Congreso de los Diputados la mesa de reconstrucción. Es el primer acuerdo que se recuerda entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y como tal es trascendente pero, en la práctica, puede ser también el punto de partida de conflictos futuros. A falta de cuadrar los objetivos y la metodología de cada uno, porque no coinciden exactamente.

Sánchez proyectó una mesa, con cuatro grupos de trabajo sobre Economía, Estado de bienestar, Sanidad y Unión Europea para que, dirigidos por miembros del Gobierno, se cerrara un acuerdo global al que se incorporarían sindicatos, empresarios, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Ahora, ha aceptado la propuesta de Casado, que es la misma sobre la que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, lleva insistiendo desde hace un mes. Se trata de una comisión parlamentaria de seguimiento creada de forma específica, con presencia proporcional de todos los partidos y con capacidad para tramitar comparecencias, peticiones de documentación y, en su caso, hacer propuestas concretas pactadas y consensuadas.

Es decir, la diferencia notable con la idea inicial de Sánchez, además de la sede y la desgubernamentalización en favor del Parlamento y los partidos, es que no se hará un acuerdo global de reconstrucción y que en la práctica será una comisión de investigación, aunque no tenga ese título y no emita unas conclusiones. Lo que quería Casado, que siempre ha hablado de "luz y taquígrafos" y sesiones abiertas, en lugar de grupos de trabajo como Sánchez propuso al resto de partidos. Y aunque el líder del PP mantiene la opción de una comisión de investigación en el futuro, cuando acabe la pandemia. Esa sí tendría carácter formal de comisión de investigación para depurar responsabilidades y, por eso, fuentes de la dirección del PP niegan que la pactada lo sea.

Fuentes del PP aseguran que su voluntad es la de pedir comparecencias de miembros del Gobierno, altos cargos, expertos y miembros de los comités científicos que han asesorado al Ejecutivo durante la crisis. Y también pedir documentación desde la comisión, por ejemplo, informes internos del Gobierno y las actas de las reuniones diarias de los comités científicos y los informes sobre los recuentos de fallecidos y enfermos. También los expedientes de compra de material.

Casado ya anunció en el pleno del Congreso que pediría todos estos documentos y explicaciones. Es decir, que el gran acuerdo para la reconstrucción que proponía Sánchez ha muerto antes de arrancar y lo que nacerá, si sigue adelante el acuerdo, será una especie de comisión de investigación o comisión de estudio parlamentaria con capacidad para pedir esas comparecencias y esa documentación. Y sobre todo de control al Gobierno en la gestión del coronavirus.

En todo caso, según explica el PP, podrían salir propuestas concretas aprobadas por mayoría para elevar al pleno. Pero serían propuestas parciales y para el largo plazo, mientras que el Gobierno seguirá legislando sobre medidas de corto plazo.

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha afirmado que la comisión parlamentaria para pactar la reconstrucción económica y social de España frente a la crisis del coronavirus debe servir para consensuar medidas sanitarias, económicas y sociales, pero también para fiscalizar la acción del Gobierno. "Un objetivo es definir las medidas para que el Gobierno no siga cometiendo errores, y otro es sacar a la luz los errores, y esa es la fiscalización. Nosotros vamos a cumplir con estos dos objetivos", ha declarado en una entrevista en Onda Cero

Este martes, en la Junta de Portavoces empezará a discutirse la condición de esa comisión y empezará la batalla sobre el detalle. Si fuera una comisión permanente, debería aprobarla el pleno, y si no lo fuera podría crearla la Mesa de la Cámara Baja, una vez oída la Junta de Portavoces.Todo ello podría ser esta misma semana.

El PP quiere que formen parte de ella todos los partidos de manera proporcional a su representación. La propuesta del Gobierno para la mesa de reconstrucción incluía una presencia de partidos no proporcional con la del Congreso.

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El presidente del Gobierno había logrado ya el apoyo de todos los demás grupos a su mesa de reconstrucción y, por eso, alguno de esos partidos no oculta su sorpresa de que, finalmente, Sánchez haya pactado una comisión parlamentaria. Todos ellos habían sido convocados este mismo lunes por la mañana para el martes a las 12 para una videoconferencia de constitución de la mesa. La Moncloa ha enviado este lunes por la tarde, una vez anunciado el acuerdo con Casado, un correo a todos los partidos para desconvocar la reunión que estaba prevista para este martes para el acuerdo para la reconstrucción.

Por ejemplo: Laura Borràs, de JxCAT, ha asegurado que "para este viaje no hacen falta estas alforjas" y ha explicado que ahora "ni mesa, ni acuerdo ni reconstrucción". "Es un gol del PP", asegura el portavoz de otro grupo parlamentario, que interpreta que Casado ha doblado el pulso a Sánchez. “Íbamos a hacer de nuevo la Transición y los Pactos de la Moncloa y acabamos en una comisión parlamentaria”, asegura otro portavoz que habló la pasada semana con Sánchez y apoyó a su acuerdo para la reconstrucción.

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Sánchez aceptó hace semanas convertir la Comisión de Sanidad en el lugar donde se hablara del coronavirus, con comparecencia semanal del ministro Salvador Illa, pero sin ampliarlo a otros miembros del Gobierno. Este modelo pactado por Sánchez con Casado nada tiene que ver con lo que fueron los Pactos de la Moncloa, antecedente histórico invocado por Sánchez.

El PP asegura que acepta que la presida un diputado del PSOE, grupo mayoritario de la Cámara. Vox renunció a participar en la mesa que proponía la Moncloa, pero sí estará en la comisión parlamentaria que se constituya y podrá también formular peticiones.

En comisiones parlamentarias se han alcanzado en la historia reciente otros pactos de Estado, después de meses de trabajo. Por ejemplo, la del Pacto de Toledo sobre pensiones y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ambos casos, hubo multitud de comparecencias de todo tipo y se pidió documentación a diferentes organismos e instituciones, tal y como quiere el PP que ocurra ahora.