ENRIQUE LÓPEZ, CONSEJERO DE INTERIOR

"No se dejó morir a nadie. Hicimos todo con los recursos al alcance para salvar vidas"

El consejero insiste en que "jamás" se excluyó a nadie por edad o situación de dependencia y reconoce que ve "deplorables" las acusaciones de responsables políticos como Pablo Iglesias

Foto: El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López. (C. Castellón)
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López. (C. Castellón)

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López (Cacabelos, León, 1963) lo repite una y otra vez: “No se ha dejado morir a nadie en las residencias de la Comunidad de Madrid”. Insiste en que “se hizo todo lo que se pudo con los recursos al alcance para salvar vidas” y lanza duros reproches a los responsables políticos que, como el vicepresidente Pablo Iglesias, “dicen barbaridades tan grandes” imputando “posibles responsabilidades penales” a la presidenta Ayuso. “Lo que busca es exonerar su propia responsabilidad”. En todo caso, afronta “con suma tranquilidad” las querellas que ya empiezan a llegar a la comunidad por la gestión de los centros sociosanitarios en la pandemia: “Tengo la conciencia del deber cumplido”.

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió la secretaría de Justicia e Interior del PP el pasado enero. Considera que los populares están en el camino correcto “como partido de Estado”. Asegura que los “desencuentros” en el Ejecutivo regional son agua pasada y en esta legislatura relanzará la nueva Ciudad de la Justicia. El primer edificio albergará el Instituto de Medicina Legal (IML) y aspira a convertirse en una referencia a nivel europeo.

Enrique López. (C. Castellón)
Enrique López. (C. Castellón)

PREGUNTA. El coronavirus lo ha paralizado todo, también la actividad de su consejería. ¿Qué planes tiene para la entrada en la nueva normalidad?

RESPUESTA. Proseguir con el proyecto que inició la anterior consejera [Madrid 21x21], que consiste en modernizar todas las infraestructuras judiciales de Madrid, de todos los partidos judiciales. Iniciar la programación, gestión y futura construcción de la Ciudad de la Justicia, algo que consideramos fundamental. Seguir con todos los procesos de modernización: el expediente judicial digital, algo que a consecuencia del coronavirus se ha evidenciado que es más importante aún, y el impulso del teletrabajo.

En materia de seguridad y emergencias, seguir potenciando el cuerpo de bomberos de la comunidad, los agentes forestales. Estamos trabajando en una unidad específica de ciberseguridad en el 112 para tratar, entre otros aspectos, la protección informática de las infraestructuras críticas que tenemos. En definitiva, seguir apostando por la seguridad integral. Los ciudadanos nos demandan una protección integral en la que tenemos que hacer esfuerzos y colaborar con el Estado. En esa línea, estamos finalizando el proyecto de ley de protección civil y seguimos trabajando en la reforma de la ley en materia de juego, a la que ya nos comprometimos antes del coronavirus.

P. Respecto a la Ciudad de la Justicia, ¿se retomará donde se dejó? ¿Cómo se plantea el proyecto?

R. Se hará en los mismos terrenos, pero no de la misma manera. Con la sentencia del TS que puso fin al conflicto que había entre la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria, estamos libres de ese compromiso y empezamos de cero. En los terrenos de la Ciudad de la Justicia vamos a definir un proyecto nuevo donde el edificio del Instituto de Medicina Legal (IML), que ahora se ha hecho muy famoso como consecuencia de haberse convertido en una morgue provisional por el coronavirus, va a ser el primero de los edificios. Retomaremos su finalización y se va a convertir en el primer símbolo de la futura y esperamos que pronta Ciudad de la Justicia.

Enrique López. (C. Castellón)
Enrique López. (C. Castellón)

Además, como hemos aprobado la construcción de un hospital covid, un hospital de emergencias, en un terreno anexo, se va a producir una gran sinergia. Vamos a intentar que el IML sea un exponente de modernidad en Europa. La idea es llevar todas las infraestructuras inmobiliarias del partido judicial de Madrid allí: el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y todos los juzgados. No tenemos plazos fijos. Tenemos que desarrollar el proyecto, que llevará meses, y después aprobarlo. Ya entonces lo sacaremos a concurso y a empezar a construir. Yo espero, como mínimo, iniciar la construcción en esta legislatura.

P. ¿La Ley de Protección Civil tendrá un desarrollo específico para afrontar pandemias?

R. Las leyes de protección civil no consideran como una emergencia la específica sanitaria. Se deja a las leyes de Sanidad. Pero no cabe duda de que en ese concepto de seguridad integral tenemos que apostar por que estén dentro todo tipo de emergencias. Siempre la autoridad competente en salud pública va a ser Sanidad. Pero tenemos que coordinarnos a través de planes específicos que aún no están desarrollados, con medidas de contención, para acabar con la epidemia. Por eso, una de las 30 medidas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la comunidad es un plan específico en materia de protección civil ante epidemias como la que hemos sufrido.

P. En este periodo, ha habido un contacto muy estrecho con el Ministerio de Justicia. ¿Qué tal están las relaciones con el Gobierno central?

R. Las relaciones son las de una comunidad autónoma que tiene un Gobierno de diferente signo. Esto lo que hace es confrontar diferentes formas de gestionar. Y se ve que las prioridades son muy diferentes. Aspiramos a que sean unas relaciones de respeto competencial a nuestro autogobierno y de respeto a las distintas formas de afrontar las necesidades de los ciudadanos. La Comunidad de Madrid es un Gobierno formado por dos partidos de un espectro de centro y centro derecha, y el Gobierno de la nación está formado por uno de izquierda y otro de izquierda radical. Estamos ante dos realidades diferentes. Nosotros apostamos por la libertad y por la responsabilidad de los ciudadanos. También por el fomento de la actividad económica y por el trabajo, que es lo que da soporte a los ciudadanos. Apostamos por la eficiencia y creemos que un sistema impositivo que alivie más a los ciudadanos es mejor. Ellos apuestan más por la intervención, el dirigismo…

P. Con Justicia en concreto, ¿bien?

R. Con Justicia bien. Yo tengo una relación personal con el ministro desde hace ya muchos años y, desde luego, en todo aquello que podamos coordinarnos y colaborar, lo vamos a hacer. Durante esta pandemia y a raíz de una orden de Sanidad, se le dio el mando al ministro del personal al servicio de la administración de Justicia y mientras dure, estamos a su disposición. Hemos tenido reuniones casi semanales en las que todas las comunidades con materias transferidas en la administración de Justicia, junto al CGPJ y la Fiscalía, nos hemos coordinado.

P. ¿Esta buena sintonía marca el camino para la renovación del CGPJ y el TC?

R. Ahora hablo como secretario de Justicia e Interior del PP y no como consejero. El PP es un partido que ha gobernado España durante muchos años y, como consecuencia de ello, tiene muy claros sus compromisos constitucionales. Por supuesto, uno de ellos es la renovación de órganos constitucionales. Lo que está deseando el PP es que exista un estado de las cosas políticas que permita con tranquilidad alcanzar estos acuerdos. Con un Gobierno en el que el vicepresidente insulta al poder judicial y que ha designado a la anterior ministra de Justicia como fiscal general, levanta una desconfianza absoluta hacia su independencia y su neutralidad. Lo mismo que con un ministro del Interior que destituye a un mando policial para afectar a la Justicia. Así es muy difícil.

"Cuando el presidente del Gobierno grita 'viva el 8-M', yo estoy de acuerdo con lo que significa. Pero si se refiere al de 2020... me da mucha pena”

P. Entramos ya en terreno judicial de causas. La jueza que instruye la causa del 8-M acaba de solicitar que se le notifiquen todos los actos que tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid y en el ayuntamiento a partir del día 5 de marzo. La lista no será corta. ¿Esos actos debieron ser suspendidos?

R. Vamos a ver, yo tengo conocimiento de los actos que desde mi consejería se autorizaron. En concreto, dos carreras con un aforo máximo de 400 personas. Creo recordar que los días 7 y 8 de marzo. Luego ya, la semana del 9 en adelante se suspendieron todos en lo que respecta a mi consejería. Lo que sí hay que tener claro es que la comunidad tiene unas competencias en materia de Sanidad, entre las cuales no entra precisamente la del tratamiento de epidemias supraautonómicas e internacionales, como es el covid.

Enrique López. (C. Castellón)
Enrique López. (C. Castellón)

Quien tiene la información que estaba determinando tanto la OMS como el Centro Europeo de Control de Epidemias es el Gobierno de la Nación, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Esa es la autoridad a la que le corresponde precisamente la advertencia al resto de las autoridades sobre la posibilidad de una pandemia que, por cierto, ya estaba como alerta determinada por la OMS. La semana anterior, la última de febrero y la primera de marzo, ya se reunía el centro de coordinación en el Ministerio de Sanidad, en el cual se coordina el ministro con los consejeros, y ya se establecieron los escenarios de contención para el virus.

En la Comunidad de Madrid lo que hacíamos era seguir al pie de la letra lo que determinaba esa comisión de coordinación dirigida por el ministro. Cuando consideramos que no estaba adoptando medidas que ya entendíamos que había que adoptar a nivel nacional; nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, nos adelantamos. Así, el día 6 de marzo, cerramos los centros de día de atención a mayores y prohibimos las visitas a los centros de mayores porque ya éramos conscientes del riesgo que se asumía en este tipo de centros. El lunes 9 de marzo, decidimos suspender la actividad académica, cerrando colegios y universidades.

Se nos llamó alarmistas e incluso hubo algún intento de que no los cerráramos porque estábamos generando alarma. No lo digo yo, sino que también lo ha dicho el presidente castellano manchego. Él también quiso cerrar los colegios, pero le dijeron desde el Gobierno central que no los cerrara. En la Comunidad de Madrid no podemos estar satisfechos en ese sentido, pero sí como le gusta decir a la presidenta y asumo plenamente esa frase: "Despertamos España". Gracias a que la Comunidad de Madrid tomó esas decisiones, en cinco días, el Gobierno central tuvo que proponer la declaración del estado de alarma.

P. ¿Fue una irresponsabilidad celebrar el 8-M?

R. Vamos a ver, yo creo que ya en ese momento y con el nivel de conocimiento que teníamos respecto al coronavirus en España, ya con fallecidos y unos 700 contagiados el día 7 de marzo, desde luego que hubiese sido muy aconsejable no celebrar esas concentraciones tan masivas. Estamos hablando de decenas de miles de personas, no de una carrera con 400. Estamos hablando de 200.000 personas concentradas en unas pocas calles, juntos, profiriendo expresiones propias de una manifestación. No me cabe duda de que fue muy desafortunada. Por eso, cuando el presidente del Gobierno grita "viva el 8-M", yo estoy de acuerdo con él en cuanto significa una afirmación de igualdad de la mujer y el hombre, que predica nuestro artículo 14 de la Constitución, y nos conmina a todos los poderes a remover los obstáculos que impidan esa igualdad para que sea real y efectiva. Pero cuando grita "viva el 8-M" en el año 2020, me da pena.

"Iglesias, imputando posibles responsabilidades penales a la presidenta, lo que busca es exonerar su propia responsabilidad”

P. Siguiendo en el terreno judicial, han empezado a llegar querellas y denuncias, algunas contra la Comunidad de Madrid, su presidenta e incluso usted. Se basan en esos protocolos de ingreso hospitalario de ancianos en residencias o las decisiones tomadas respecto a las residencias de ancianos. ¿Cómo afronta esas denuncias?

R. Con suma tranquilidad. Desde luego, yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó en cada momento las decisiones que creíamos que había que adoptar, teniendo en cuenta la situación y los recursos con los que se contaba. Hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Yo, personalmente, con absoluta tranquilidad, pero como miembro de un Gobierno, más todavía. Y apunto dos cosas. Primero, aunque esto es un consejo, conviene no banalizar ni frivolizar la acción penal. Yo respeto mucho el sentimiento de las personas que han perdido a seres queridos, comparto su sentimiento. En las personas que están detrás de esa querella, por parte de una organización muy vinculada a un partido político, ya estoy en una situación diferente: creo que esa banalización de la acción penal para dilucidar la exigencia de responsabilidad penal en los juzgados me parece que es una frivolidad penal y un abuso. Lo cual no quiere decir que no haya que estudiar y determinar cuál ha sido la actuación concreta de todas las administraciones con el coronavirus y las responsabilidades políticas que pueda haber en la gestión. Un político tiene que estar sometido al escrutinio público permanente y a poner en cuestión su actuación y la exigencia política del Gobierno. Pero de ahí a la penal, hay un trecho. Por eso yo estoy sumamente tranquilo y con la conciencia del deber cumplido.

Enrique López. (C. Castellón)
Enrique López. (C. Castellón)

P. ¿Se dejó morir a ancianos en las residencias?

R. Nunca, nunca. Creo que es muy deplorable que haya responsables políticos que digan semejantes barbaridades. Más aún el vicepresidente del Gobierno de España, que nos tiene muy acostumbrados a insultar. Si insultó al poder judicial, qué no va a hacer con otros corresponsables políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid y el propio Gobierno regional. No esperamos educación por parte del vicepresidente, pero sí un mínimo de dignidad. Crítica política la que quiera, pero imputaciones, aunque sea de forma condicional, penales, mucho cuidado. Mucho cuidado porque se está jugando con los sentimientos de muchas personas que han perdido seres queridos en esta terrible pandemia y no se puede jugar con sus sentimientos.

Por partes. Primero: negar que se haya dejado morir a personas en las residencias de la comunidad. Segundo: se hizo todo lo que se pudo con los recursos al alcance para salvar vidas. Estoy satisfecho con el plan de choque de las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y la mía, atendiendo emergencias y prestando recursos. Hemos salvado muchas vidas, de eso estoy plenamente convencido. Por eso, oír críticas como la de Pablo Iglesias, imputando directamente posibles responsabilidades penales a la presidenta, me da mucha pena ver que alguien que ejerce responsabilidades públicas se comporte de esa manera. Por muchos motivos. Lo que busca es exonerar su propia responsabilidad.

"Estoy satisfecho con el plan de choque en las residencias. Estoy convencido de que salvamos muchas vidas”

Además, manifiesta no solo sesgo político sino un gran sectarismo. Solo imputa esta responsabilidad a gobiernos que preside el PP cuando en España, desgraciadamente, han muerto muchas personas mayores en otras comunidades gobernadas por el PSOE y otras, por fuerzas independentistas y autonomistas. Y creo que, a medio o largo plazo, esto se acabará volviendo contra él. No me cabe la menor duda.

Quiero recordar que el 19 de marzo hizo una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad donde, además de comunicar la aprobación de una orden ministerial de Sanidad, que se trataba sobre centros de mayores y cómo atenderlos en caso de coronavirus, advertía de que iba a ofrecer dinero, que efectivamente llegó a las comunidades autónomas. También dijo que iba a proveer de medios de protección a todos los trabajadores de todas las residencias de España. A la Comunidad de Madrid no llegó ni un solo elemento de protección para esos trabajadores. Y esto, en un momento en el que estábamos bajo un mando único en el que el Gobierno de la nación había centralizado las compras de ese material. Y, si bien no había prohibido a las comunidades autónomas su adquisición, sí que dirigió órdenes más o menos expresas a los proveedores para que todo ese material se lo vendieran a ellos. Con lo cual, las comunidades autónomas veíamos un mercado que teníamos cerrado: no podíamos comprar ningún material de protección. De hecho, fuimos las consejerías las que con un esfuerzo enorme pudimos empezar a contar con material y hacíamos entregas a todas las residencias.

P. Y con respecto a los protocolos y las decisiones tomadas, ¿cree que hay que asumir responsabilidades políticas?

R. Lo primero es aclarar lo que ha pasado. El 21 de marzo se aprobó esa famosa orden donde se establecían criterios por parte del Ministerio de Sanidad a aplicar en los centros sociosanitarios de atención a mayores. En ellos se establecía como principio general que cuando dieran positivo o hubiera indicios de que pudieran dar positivo fueran atendidos en los propios centros residenciales y, posteriormente, aplicando los criterios de derivación oportunos eran trasladados a centros sanitarios. Es decir, en esa resolución ya se establecía la atención a los residentes en la propia residencia, y que fueran trasladados según los criterios de derivación pertinentes. Y ahí, luego, cada autoridad sanitaria tiene sus criterios.

"Me duele que se le imputen a la comunidad estas decisiones porque a quien se ataca de verdad es a los profesionales sanitarios, a los geriatras"

En la Comunidad de Madrid se hizo un protocolo en el que los criterios de derivación durante una semana se calificaban de exclusión. Pero no fue aplicado en la práctica nunca, porque la semana que estuvo en vigor ese protocolo se hicieron 500 derivaciones de centros residenciales a sanitarios. Durante todo el periodo covid, hasta el 8 de junio, se han realizado un total de 10.600 derivaciones. Son 400 de media al día. Esto quiere decir que nunca se excluyó a nadie por su edad o situación de dependencia para ser derivado a un hospital. Me duele mucho que se le impute a la comunidad esta decisión, porque a quien se ataca de verdad es a los profesionales sanitarios, a los geriatras, que son los responsables de esas derivaciones. La propia Sociedad Española de Geriatría ha dicho que jamás se ha producido una exclusión de ese tipo. Jamás. Nosotros estamos abiertos a dar todo tipo de explicaciones y explicar nuestra gestión. Pero conviene que quede claro lo que ocurrió.

P. A la vista de las acusaciones continuas entre los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, ¿descarta dimisiones, ceses o una crisis de Gobierno?

R. Yo no soy quién para prever semejante situación puesto que esto es responsabilidad de la presidenta. Pero no veo en estos momentos ninguna causa, ni ningún estado de cosas o un marco que justifique algo así. Tengo plena confianza en mi trabajo y en el de los dos consejeros. Ambos han hecho un gran trabajo, aunque evidentemente no cabe duda de que a quien hay que poner en una situación de valoración es al consejero de Sanidad, que es quien ha dirigido esta crisis sanitaria bajo el mando del ministro de Sanidad, pero él en la comunidad. Este desencuentro que se ha podido producir está superado sin lugar a dudas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende su unidad de acción.

P. ¿Lo ve superado eso que llama desencuentro?

R. Totalmente.

Enrique López. (C. Castellón)
Enrique López. (C. Castellón)

P. ¿Le parece que Ciudadanos tensa la cuerda en las relaciones con el PP? Lo digo por el enfado que suscitó, por ejemplo, su reunión con los portavoces de la izquierda.

R. Yo creo que el vicepresidente quiso abrir un cauce de consenso y diálogo en el que participaran diferentes fuerzas políticas. La presidenta ha asumido esa responsabilidad, que es a quien le corresponde. No veo incompatible ese encuentro previo con el marco real de diálogo que se va a abrir con todos los grupos para trabajar juntos por la reactivación de la comunidad. Evidentemente el liderazgo le corresponde a la presidenta. Todo aquello que ofrezca soluciones, bienvenido sea.

P. Hemos visto otras discrepancias en el asunto de las fases y la desescalada, incluso dentro del PP. El episodio más reciente fue este lunes, cuando Ayuso decía que era mejor ser prudentes y mantener Madrid en la fase 2. Y justo a la vez el consejero de Sanidad apostaba claramente por pedir ya pasar a la fase 3.

R. En absoluto. Nosotros cuando estábamos en fase 0 pensábamos que debíamos estar en la 1, y cuando estábamos en la 1, en la 2. Ahora creemos que estamos preparados para estar en fase 3. Pero es cierto que tiene que reinar la prudencia en esta situación de recuperación de la normalidad, no de la nueva, sino de la de siempre. Lo que desearíamos es que el Gobierno, ya que seguimos bajo su mando, aliviara medidas que pudiéramos aplicar ya, aunque estemos en fase 2. Lo importante es reactivar la economía y en eso estamos. En trabajar todos juntos en ese aspecto, una vez que parece que vamos superando la crisis sanitaria.

P. No ve usted ninguna discrepancia en ningún aspecto.

R. Pues no. Es que, si leen el documento del Gobierno sobre la desescalada, en el capítulo previo establece que este proceso no puede ser ni matemático ni automático porque estamos en una situación muy desconocida y hay que irse adaptando a las circunstancias. Madrid tiene una contención de la pandemia ahora mismo muy positiva, tanto en número de contagios como en detección y, por supuesto, en camas de hospitalización y UCI. Son cifras muy óptimas, pero no cabe duda que Madrid, igual que Barcelona, Milán o Nueva York, tienen una densidad de población muy importante. Las personas interactúan mucho y está el asunto del transporte. Todo esto nos imprime ese grado de prudencia. Y ahora mismo lo que nos queda es esperar al día 21 de junio para recuperar la normalidad competencial.

P. Pablo Casado dijo hace días en la junta directiva del partido que no lideraría un partido bronco y que la hoja de ruta no puede ser la confrontación. Luego vemos las intervenciones en la sesión de control al Gobierno y la teoría no es la práctica. ¿Al PP le preocupa demasiado Vox?

R. El PP tiene que preocuparse de lo que ha hecho hasta ahora: una oposición firme, constructiva y crítica. Creo que el presidente dejó muy clara la línea que hay que seguir, y yo no es que la acate, es que la comparto por completo. El tiempo pondrá todo en su sitio y en una situación como la actual, que tras una crisis sanitaria lo que va a venir es una crisis económica tremenda, la sociedad española sabe perfectamente que el partido que saca al país de las crisis económicas es el PP. Lo hizo en 1996, en 2011 y que la sociedad tenga la absoluta tranquilidad de que lo volverá a hacer. Y, mientras tanto, hay que hacer oposición. El PP se ha comportado como un partido de Estado. Cuando hay que ayudar al Gobierno, se le ayuda con la prórroga del estado de alarma. Pero cuando no se está a favor de lo que hace, hay que decirlo.

Crear una comisión de reconstrucción —nacional, que no lo dicen porque el término no gusta a sus socios— y lo primero que hacen es pactar con Bildu el marco laboral es de una deslealtad tremenda. El Gobierno ha convertido el estado de alarma en un bazar y para mantener el poder, porque la alarma ya no era necesaria, lo que ha hecho es pactar con partidos políticos medidas que poco tienen que ver con el estado de alarma. Lo que tiene que determinar el estado de alarma es si es proporcional, si está justificado y si es necesario. No hay que introducir criterios de reformas laborales, ni de reformas legales de futuro.

Llama la atención que el Gobierno haya sido tan desleal con la oposición y que se haya apartado mucho del Estado. Lo que ha hecho es utilizar al Estado para llevar a cabo sus políticas. El PP está ahí para las políticas de Estado, pero no para apoyar políticas de un Gobierno que tiene una parte muy radical que cuestiona a la monarquía y al poder judicial. Es muy difícil entenderse con un Gobierno así. Yo entiendo que sea difícil entenderse incluso entre los propios ministros.

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