Medel mira a Madrid: pide datos de actos masivos a la Comunidad y el Ayuntamiento

La acción de la Abogacía del Estado, en defensa del delegado de Gobierno en Madrid, ha tenido sus efectos. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la movilización feminista del 8-M, se ha dirigido a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para reclamarles datos sobre los actos masivos que celebraron en los días previos a la declaración del estado de alarma. Ha librado un oficio, con fecha de 9 de junio y conocido este jueves, en el que reclama que se le detallen "los eventos colectivos masivos, públicos o privados", que se celebraron a principios de marzo.

La jueza reclama información sobre actos "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros" entre los días 5 y 9 de marzo de 2020 "en lugares públicos o privados con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias, con indicación de la fecha y el aforo o número de asistentes, así como si algún evento que corresponda a algunas de las categorías indicadas, programado entre los días 5 y 14 de marzo, fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19, y en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo".

Durante el interrogatorio de este miércoles, José Manuel Franco repartió responsabilidades y puso el acento en que en aquellos días se celebraron decenas de eventos. Señaló que entre el 4 al 8 de marzo tuvo lugar en el territorio el congreso Aula 2020, que visitaron más de 100.000 personas en Ifema: era un espacio cerrado en el que participaba gente de toda España y siguió adelante, recordó.

También habló de oposiciones, de un partido en el Wanda Metropolitano con 60.000 personas, del millón de personas que utilizaron el metro o de Vox celebrando su encuentro de Vistalegre. Incidió también en que estas citas no se suspendieron ni se cuestionan. "Eso no son derechos fundamentales, en cambio se me pide que prohíba un derecho fundamental y en espacio abierto", destacó el delegado.

A Ayuso y Almeida

La jueza reclama a Isabel Díaz-Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, ambos dirigentes del PP, que entreguen los datos antes del día 11 de junio a las 18 horas, dándose traslado a las partes a continuación de su recepción. Este jueves, continuará con los interrogatorios, en este caso de testigos. Escuchará a cinco trabajadores y a una decena de promotores de manifestaciones.

Los dos dirigentes del PP deberán entregar los datos antes del 11 de junio a las 18 horas, dándose traslado a las partes para su recepción

El foco de la jornada se situará así en uno de los indicios que la Guardia Civil considera significativo: la cancelación telefónica de varias concentraciones en días posteriores al 8 de marzo. En la comparecencia de Franco, la jueza preguntó cómo y por qué comenzaron a hacerse desde la Delegación llamadas para cancelar protestas previstas en esas jornadas.

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El delegado argumentó que a raíz del repunte de contagios del 9 de marzo, "la Comunidad de Madrid reaccionó" y destacó también que el día 11 la OMS declaró la pandemia. Tras estos hechos, dijo, la decisión de disuadir a los convocantes —desde trabajadores de Amazon hasta pensionistas— de que continuaran adelante se tomó en una reunión informal celebrada el 12. "Decidimos llamar, a iniciativa propia, a los que pretendían montar concentraciones en los días siguientes, el 13, el 14, el 15. Algunos de ellos desconvocaron a instancia nuestra (siguiendo la sugerencia), a otros fue imposible localizarlos y algunos lo hicieron por su cuenta", indicó.