Ante la jueza del 8-M

Franco dice a la jueza que no recibió el correo que pedía distanciamiento a la plantilla

"No había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", aseguró el delegado a la salida del juzgado

Foto: Franco declara como imputado ante la jueza que investiga los actos del 8m
Franco declara como imputado ante la jueza que investiga los actos del 8m

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declaró este miércoles como investigado ante el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid por un presunto delito de prevaricación. Franco tuvo que explicar por qué autorizó manifestaciones masivas como la del 8-M en los días previos a que se declarara el estado de alarma, decisión que, según sostienen la Guardia Civil y el forense, se tomó cuando el Gobierno ya era consciente del peligro que entrañaba el coronavirus. El delegado defendió ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que, antes del 8-M, no había elementos para prohibir un derecho fundamental como el de manifestación.

Preguntado por uno de los indicios que la Guardia Civil considera significativo —la existencia de un correo en el que el 2 de marzo se pedía distaciamiento a la plantilla del organismo en sus oficinas—, aseguró que nunca recibió ese mensaje, explican a El Confidencial fuentes presentes en la declaración. "Yo no recibí ningún correo", indicó el delegado del Gobierno en respuesta a una de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, afirmando además que, incluso en caso de conocer su contenido, nada hubiera cambiado. Según defendió, se trataba de medidas de la Delegación para el entorno laboral, vinculadas con recomendaciones de Sanidad y efectuadas por el contacto con el público. "Cosa distinta es prohibir una manifestación. No tiene nada que ver", dijo.

El segundo atestado de la Guardia Civil sobre la investigación del 8-M incluía un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del pasado 28 de febrero en el que se recomendaba a los trabajadores del organismo mantener una distancia de seguridad de “al menos un metro” para reducir el riesgo de contagio. Los agentes sostienen que esas instrucciones para los empleados evidencian que el organismo era consciente del riesgo que podían suponer las aglomeraciones de personas. "Este documento trata de establecer unas medidas preventivas básicas para minimizar la posible transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la que enfermedad que produce que se denomina covid-19", explica la circular en las primeras líneas. Según exponía, se había confeccionado siguiente las "recomendaciones sanitarias de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales".

El punto más relevante para los investigadores de la Guardia Civil es el tercero, titulado "mantenga la distancia social". Los técnicos de prevención aconsejaron a la plantilla de la Delegación que guardara "al menos 1 metro (3 pies) de distancia" con las demás personas, "particularmente, aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre". "¿Por qué?", se preguntaba en el documento. "Cuando alguien tiene una enfermedad respiratoria, como la infección por el SARS-CoV-2, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus".

Franco incidió en la especial protección del derecho de manifestación. "Las manifestaciones no se autorizan, eventualmente pudiera haberse prohibido. Me reitero en lo que he dicho hasta ahora: no había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de manifestación", aseguró en declaraciones a los medios a la salida del juzgado. Respecto a actual situacion, se mostro resignado. "Me ha tocado esto y yo he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado del Gobierno", dijo. "No puedo considerarme responsable del 8-M", insistió.

El delegado también argumentó que no está acreditado "bajo ningún concepto" que el incremento de casos que se vieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. "Entre otros motivos, porque los técnicos, los expertos sanitarios, saben que si se produce un contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días. Con lo cual, se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y en lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios".

El delegado tampoco eludió el polémico informe de la Guardia Civil ante las preguntas de los periodistas: "Yo tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución. Como tengo un gran respeto también a la justicia en un estado de derecho, y espero que la justicia haga su trabajo, como tiene que hacerlo. Respecto a la Guardia Civil, tengo que decir desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, no puedo estar de acuerdo, lógicamente, con el informe que han hecho”. Sobre los que acusan a los investigadores de intentar llegar hasta el Gobierno, Franco evitó entrar al trapo: "No quiero ser tan duro en esa apreciación, me gusta ser cauto, y como estamos todavía inmersos en el proceso judicial, me reservo lo de que pueda ser una causa general, pero en fin, tengo mi opinión".

El delegado compareció ante la jueza después de que la Fiscalía pidiera este lunes el archivo de la causa. Entre otras razones, el Ministerio Público considera "sumamente relevante precisar que los delegados del gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria", y acusa a la magistrada de vulnerar el estado de alarma por "el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes" como las trasladadas a la Guardia Civil o al forense. "Supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante el estado de alarma que genera indefensión al denunciado", afirma la Fiscalía.

La Abogacía del Estado, que defiende a Franco como imputado, también pidió el archivo de la causa y cargó contra la jueza este lunes: asegura que su objetivo no es "investigar indicios de delito, sino encontrarlos", y denuncia que la investigación se basa en "meras sospechas huérfanas de apoyo". “Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber”, sostiene la Abogacía.

Rodríguez-Medel desestimó este martes los escritos de la Abogacía y la Fiscalía, manteniendo entonces la imputación de Franco. Rechaza que esté dando al procedimiento una velocidad excepcional, y asegura que solo busca impulsar unas pesquisas "de manera que no se demoren innecesariamente en el tiempo, especialmente, ante el previsible colapso judicial que se avecina". En su resolución, la jueza habla además de "dificultades" a la hora de conseguir documentación por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por el doctor Fernando Simón. "Había reticencias", asegura.

Con este cruce de reproches entre la magistrada y la Fiscalía y la Abogacía, la acusación en la causa ha quedado en manos de particulares, como la Unión de Oficiales de la Guardia Civil o la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Las preguntas más duras a Franco quedaron este miércoles en sus manos, tras lo que la magistrada deberá decidir si mantiene su imputación y solicita nuevas diligencias. Después de Franco, llegó el turno de tres testigos: el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera Esteso; el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

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