La jueza insinúa que el Gobierno ha tratado de dilatar la causa: "Había reticencias"

Carmen Rodríguez-Medel lanza, en su último auto, un reproche al Gobierno. En el escrito en el que rechaza suspender la declaración del delegado en Madrid, José Manuel Franco, la magistrada avisa —como ya hizo la Guardia Civil en sus informes— de que se está topando con retrasos injustificados en las diligencias que ha ido ordenando. La jueza considera que se dilató sin sentido la entrega de documentación e indica: "Había reticencias, en definitiva; basta estudiar las actuaciones".

En su auto, explica que algunos de sus oficios han ido poniendo plazos para que se facilitaran documentos reclamados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias o a la Delegación de Gobierno con la intención de que los distintos organismo cumplimentaran lo ordenado. "La razón a esto, que efectivamente se corresponde con la realidad de lo actuado tal y como se desprende de autos, se encuentra en las demoras que algunos órganos oficiados transmitían a la Policía Judicial sin causa justificada y que los agentes trasladaban a esta instructora", dice.

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Añade que la comparecencia de los agentes de la Guardia Civil en sede judicial "es ilustrativa de las dificultades que en ocasiones encontraron para que la documentación fuera entregada cuando por este órgano judicial no se fijaba plazo". "Había reticencias, en definitiva; basta estudiar las actuaciones", lanza. Así, explica que para evitar dilaciones injustificadas en la remisión de documentación y propiciar que la Guardia Civil actuante no tuviera que estar reiterando la necesidad de que los oficios se cumplimentaran para poder continuar con la investigación, fijó esos plazos.

Lo hizo, agrega, "para facilitar la labor de los agentes actuantes". "Se optó por la fijación del plazo desde este órgano judicial, sistema que, dicho sea de paso, ha resultado eficaz para poder recabar finalmente (en ocasiones, tras no pocos esfuerzos) la documentación necesaria para el análisis que nos ocupa en esta causa", indica. "Podemos concluir, en definitiva, que lo que inicialmente no era especialmente urgente, devino en serlo (por las dificultades halladas para obtener contestación a los oficios) si se quería poder recabar toda la documentación para hacer un análisis global de la misma, de ahí los plazos que, por su propia inclusión en las resoluciones judiciales, implicaban necesariamente que se apreciaban por esta instructora razones para no demorar 'sine die' la aportación de documentación".

El auto hace alusión a las manifestaciones comunicadas por uno de los agentes de la Guardia Civil que, en una comparecencia realizada en la secretaría del juzgado, asegura que desde el 5 de mayo mantiene conversaciones con responsables del CCAES para que le entregaran la documentación. El propio centro decía tenerla ya recabada y, "de manera sistemática, posponían la entrega sin que se materializara y sin llamarles para explicitar la causa".

"Baste solo enfatizar que, según la información que trasladan los agentes, la documentación ya estaba recabada por el CCAES, según lo que estos mismos empleados públicos manifestaban (es decir, el trabajo ya estaba hecho). Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material", destaca.