CONSIDERA QUE NO HAY "INTENCIONALIDAD DOLOSA"

La Fiscalía pide archivar la causa del 8-M y contradice el informe de la Guardia Civil

“A los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los delegados del gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”

Foto: El delegado de Gobierno, José Manuel Franco. (EFE)
El delegado de Gobierno, José Manuel Franco. (EFE)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid para que archive la causa en la que se investiga cómo la Delegación del Gobierno en Madrid dio luz verde a concentraciones masivas como la del 8-M en los días previos a que se decretara el estado de alarma. El escrito del Ministerio Público llega 48 horas antes de que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tenga que declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación, y recoge una serie de puntos con los que trata de desmontar el informe de la Guardia Civil sobre la autorización de estas manifestaciones.

Sobre el delito de prevaricación administrativa, el recuso argumenta que “en primer lugar” debe concretarse cuál es el hecho que se considera prevaricador, apuntando a que en "el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar”. Según sostiene, resulta “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación pueda considerarse un delito, "pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución”. También recuerda que el delito de prevaricación exige que la resolución “resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria”.

A continuación, la Fiscalía hace hincapié en que “a los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los delegados del gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”. Consecuentemente, asegura que no resultaría “razonable” exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

El segundo punto del recurso hace referencia a la posibilidad de que Franco hubiera podido cometer una prevaricación omisiva al recibir una “hipotética” orden del Gobierno sobre estas concentraciones que tuviera que cumplir “inexorablemente”. Frente a esta posibilidad que se incluye en el auto de admisión a trámite, la Fiscalía subraya que la denuncia “no encuentra apoyo en dato indiciario alguno”, y añade que, “después de todas las diligencias de instrucción practicadas, puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato".

Pero más allá de estos aspectos, la Fiscalía aborda de forma indirecta las conclusiones que recogía la Guardia Civil para sostener que Franco pasó por alto nueve alertas sobre el coronavirus antes ddel 8-M: sobre informe del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades (ECDC), el insituto armado recogía la parte en la que se decía que "España, al igual que el resto de Europa", se encontraba "en un escenario 1", apuntando así a una "transmisión local limitada" del coronavirus en la que se recomendaba una "contención del brote" y "evitar o retrasar la propagación y la sobrecarga del sistema sanitario".

El Ministerio Público, sin embargo, destaca en su escrito que, en el epígrafe 7, este informe también explicaba que “actualmente la epidemiología sugiere el escenario 1 para el nivel EU/EEA, que podría evolucionar rápidamente al escenario 2”, y que la cancelación de concentraciones masivas era “recomendable” en los escenarios 3 y 4. En otras palabras: el ECDC aconsejaba "evitar o retrasar la propagación" en la fase 1, en la que se encontraba España, pero la prohibición de manifestaciones como la del 8-M seguía siendo una mera recomendación en los escenarios siguientes.

En la misma línea, la Fiscalía pone el foco en las alertas que llegaron desde la Organización Mundial de la Salud antes de que se decretara el estado de alarma, para lo que señala que no consideró el covid-19 una emergencia de salud pública internacional hasta el 30 de enero de 2020, y el 16 de febrero solo estableció unas directrices provisionales “restringidas al control de enfermos en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos”. También explica que el 24 de febrero, la OMS emitió un plan de respuesta internacional a la emergencia de coronavirus en el que solo mencionaba un caso acreditado en España.

“Nótese que, aun cuando las directrices provisionales de 16 de febrero se refieren precisamente al Reglamento Sanitario Internacional, es patente que ninguna de estas actuaciones deja de tener el carácter de recomendaciones o programas de actuación. La declaración por la OMS del covid-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial resulta prácticamente inverosímil”.

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