segundo atestado de la Guardia Civil

La Delegación pidió a su plantilla "mantener 1 metro de seguridad" nueve días antes del 8-M

Una circular interna del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno demuestra que el organismo era consciente en febrero del peligro de las aglomeraciones

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

El segundo atestado de la Guardia Civil sobre la investigación del 8-M incluye un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 28 de febrero en el que se recomendaba a los trabajadores del organismo mantener una distancia de seguridad de “al menos un metro” para reducir el riesgo de contagio. A pesar de esa circular interna, la Delegación permitió más de una semana después que se celebrara la manifestación del 8-M y otros 129 actos multitudinarios.

Los agentes han incluido el documento de Riesgos Laborales en el nuevo informe de 295 páginas que remitieron este lunes a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, instructora de la causa penal sobre la gestión del Gobierno durante los días previos a la declaración del estado de alarma. El primer informe del Instituto Armado en este procedimiento llevó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cesar de forma fulminante al coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable orgánico de la unidad encargadas de las pesquisas. La destitución ha provocado un terremoto en el Ministerio.

Por ahora, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, es por ahora el único imputado en la causa. Tendrá que declarar el 10 de junio como imputado. Además, han sido citados como testigos algunos de sus colaboradores, empleados de la institución y casi una decena de particulares que convocaron actos en ese periodo.

A juicio de los investigadores, las recomendaciones de riesgos laborales probarían que la Delegación del Gobierno era consciente del riesgo que podían suponer las aglomeraciones de personas. “Este documento trata de establecer unas medidas preventivas básicas para minimizar la posible transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la que enfermedad que produce que se denomina covid-19”, explica la circular en las primeras líneas. Según exponía, se había confeccionado siguiente las “recomendaciones sanitarias de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.

"Mantenga la distancia social"

Tras hacer un resumen sobre las características de los coronavirus, los síntomas más habituales del covid-19 y las vías más frecuentes de infección, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales pasaba a formular una serie de “recomendaciones generales de higiene y prevención y que debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno”. El primer consejo era lavarse las manos “frecuentemente”. En el segundo, ya se apuntaba a la necesidad de adoptar “medidas de higiene respiratoria”, como cubrirse la boca con el codo o un pañuelo al estornudar y no compartir objetos personales.

El punto más relevante para los investigadores de la Guardia Civil es el tercero, titulado “mantenga la distancia social”. Los técnicos de prevención aconsejaron a la plantilla de la Delegación que guardara “al menos 1 metro (3 pies) de distancia” con las demás personas, “particularmente, aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre”. “¿Por qué?”, se preguntaba en el documento. “Cuando alguien tiene una enfermedad respiratoria, como la infección por el SARS-CoV-2, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus”.

El resto de las recomendaciones, hasta nueve en total, pedían no tocarse los ojos, nariz y boca; ventilar el entorno de trabajo; pedir atención médica si se detectaban los síntomas de la enfermedad; proteger especialmente a las personas de riesgo y evitar el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados. Pero ninguno de estos puntos es tan definitivo para el curso de la investigación del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid como el tercero, según los investigadores.

El consejo de mantener la distancia de seguridad de un metro, formulado por la Delegación en ese documento interno el 28 de febrero, contrasta con la decisión del mismo organismo de permitir decenas de manifestaciones y actos masivos en los días siguientes. El final de la circular era contundente. “Recuerde: son más importantes las medidas higiénicas de lavado de manos y la distancia de seguridad que el empleo de mascarillas de forma indiscriminada”.

Los agentes subrayan esa discrepancia. Solo el 8-M congregó a 120.000 personas en las calles de Madrid. Además, Vox celebró ese fin de semana un congreso político en el Palacio de Vistalegre con 9.000 asistentes y el día 7 se jugó en el Wanda Metropolitano un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla ante más de 60.000 espectadores.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una rueda de prensa el pasado abril. (EFE)
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una rueda de prensa el pasado abril. (EFE)

El atestado también recuerda que, solo unas horas después del 8-M y como desveló El Confidencial, los técnicos de la Delegación contactaran telefónicamente con los convocantes de varias protestas programadas para las jornadas siguientes para pedirles que las anularan por el alto riesgo de infección que implicaba la acumulación de personas.

Los informes de Fernando Simón

La Guardia Civil ha incluido el testimonio de los empleados de la Delegación que hicieron esas llamadas. Estos han reconocidos los hechos, pero han explicado que optaron por esa fórmula informal siguiendo las órdenes de sus superiores. Las gestiones no figuran en los expedientes de esas convocatorias, ni tampoco que fueron suspendidas a petición de la Delegación y por motivos sanitarios. Las declaraciones de estos funcionarios apuntan al jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, uno de los que tendrá que pasar por el Juzgado número 51 como testigo.

Además del documento de prevención de riesgos laborales, el atestado también repasa los avisos internacionales que recibió el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que dirige Fernando Simón. La OMS ya había recomendado el 14 de febrero no autorizar actos masivos porque habían demostrado ser un importante foco de contagio.

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