"EL CORONEL HA ACTUADO CORRECTAMENTE"

El cese de Pérez de los Cobos: una llamada con reproches y una destitución telemática

El cese del jefe de la Comandancia de Madrid que investigaba a Fernando Simón y a José Manuel Franco por permitir manifestaciones cuando conocían el riesgo provoca un terremoto interno

Foto: Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en abril de 2018. (EFE)
Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en abril de 2018. (EFE)

La destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha provocado un terremoto. El cese se precipitó el domingo a última hora, cuando llegó al ministerio una copia del informe que ha elaborado el Instituto Armado sobre la manifestación del 8-M a petición del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, según han revelado a este diario fuentes conocedoras del episodio.

Grande-Marlaska comprobó en ese momento que, como reveló este diario el viernes, el informe apunta a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por no haber tenido en cuenta las advertencias de los organismos internacionales que desaconsejaban la celebración de actos masivos. El atestado también subraya que el asesor de cabecera del Gobierno suspendió días antes del 8-M un congreso evangélico por riesgo de contagios pero no vetó la marcha del día de la mujer. Asimismo, recoge que el delegado del Gobierno, el socialista José Manuel Franco, prohibió en las horas siguientes al 8-M varias protestas por la amenaza de expansión del coronavirus ocultando que este era el verdadero motivo.

El ministro del Interior montó en cólera tras leer el documento y acordó en ese instante cesar a Pérez de los Cobos, máximo responsable orgánico de la unidad investigadora del 8-M. La directora general de la Guardia Civil, la también socialista María Gámez, fue la encargada de llamar el domingo por la noche al coronel para reprocharle que no hubiera informado a los cargos políticos del ministerio de la existencia del atestado ni de su presentación en sede judicial el pasado jueves. Pérez de los Cobos se limitó a explicar que los investigadores del cuerpo tenían órdenes de informar exclusivamente de los avances a la jueza instructora y que él desconocía los detalles del sumario.

Pero la llamada fue un simple formalismo. La destitución se firmó antes de que Pérez de los Cobos descolgara el teléfono. Gámez se lo comunicó al coronel. Por obligaciones de protocolo, ella misma había solicitado el cese por "pérdida de confianza", aunque la orden había venido de la cúspide del ministerio. La petición de Gámez fue aceptada automáticamente por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, competente para resolver. Pérez, de la máxima confianza de Marlaska, estampó su rúbrica en la orden de cese de forma telemática.

La noticia corrió como un rayo dentro de la corporación. Mandos de todo tipo del instituto armado comenzaron a comentar lo que había sucedido y a tratar de atar cabos. La Asociación Pro Guardia Civil (AProGC), que aglutina a un numeroso grupo de 'patas negra' dentro de la corporación, emitió un comunicado demoledor. "El coronel ha actuado correctamente", sentenciaba la agrupación de mandos, que se atrevía a explicar "las razones reales" de la destitución que Interior se negó ayer a relatar. En concreto, AProGC contó que la raíz de la polémica estuvo en la mencionada investigación judicial abierta contra Simón y Franco, que no había sido comunicada por Pérez de los Cobos a las autoridades políticas.

Según AProGC, el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid que investigaba el caso bajo la dirección del coronel recibió "órdenes estrictas" de la instructora del Juzgado 51 de llevar las diligencias con "la más absoluta confidencialidad y objetividad". El mandato reforzaba por lo tanto la discreción que ya de por sí deben mantener las fuerzas de seguridad cuando llevan a cabo investigaciones por orden judicial. "A Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la jueza", decretó la asociación de mandos, que calificó la decisión de cesar al responsable de la Comandancia de Madrid como "un alarde despotismo". "No quieren a un profesional independiente y ya tenemos antecedentes de una situación similar con otro coronel", añade el comunicado.

El cese de Pérez de los Cobos: una llamada con reproches y una destitución telemática

La asociación se refería en concreto a la destitución del que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Manuel Corbí, responsable de investigar los casos de corrupción dentro del cuerpo. El 2 de agosto de 2018, Marlaska ordenó el cese de quien había sido también mando operativo clave en la lucha contra ETA, en principio también por "pérdida de confianza", aunque la razón se conoció en seguida. El ministro había ordenado la expulsión del cargo de Corbí porque este había escrito una carta en la que denunciaba que la UCO se había quedado sin recursos económicos y que, por lo tanto, debía paralizar todas sus investigaciones.

En el caso de Pérez de los Cobos, según AProGC, se ha producido un enfrentamiento entre "el poder político y el poder judicial". "Ha sido cesado por cumplir la ley, porque él también forma parte de la cadena de mando", arguye la asociación en referencia a la dependencia que el coronel tenía en ese momento del juzgado en todo lo concerniente a la investigación. "No todo vale en la vida", le advierte al ministro la agrupación, que incluso tiene palabras para los mandos intermedios. "Un subordinado exige a su jefe lealtad y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando este no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones", sentencia AProGC.

En la misma línea se ha expresado la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que también aglutina a mandos de la corporación. "Sabemos que lo que más le ha dolido al coronel no ha sido que le hayan cesado, sino el duro golpe que se ha asestado a la Guardia Civil, a su imagen de neutralidad", valora la asociación, que repasa la "dilatada carrera" de Pérez de los Cobos. Sin embargo, matiza, todos esos méritos "ya no valen". "Lo que ahora importa es que el político de turno confíe en ti, que te amoldes a su estrategia política, que no supongas un obstáculo a sus objetivos políticos, aunque eso implique nefastas consecuencias para los ciudadanos", agrega la Unión de Oficiales.

"Un guardia civil no es un político", sentencia. "No es admisible que pueda quedar sometido a los vaivenes de la política", asegura la asociación en un comunicado en el que también admite que ahora el que sustituya al coronel "estará bajo sospecha de ser el hombre de confianza" de Marlaska, y también recuerda que el cese reciente "se suma al no tan lejano de Corbí". "Si se repiten hechos similares, la Guardia Civil que conocían habrá entrado en un proceso de extinción", subrayan.

El cese de Pérez de los Cobos: una llamada con reproches y una destitución telemática

Sin embargo, la cuestión no afecta solo a los mandos. La Asociación de Suboficiales del cuerpo también ha pedido explicaciones sobre la razón del cese, dado que a su entender afecta a la imagen de todo el instituto armado. "Está en juego la independencia de la Guardia Civil", insisten en un comunicado. "Cesar de manera arbitraria a mandos de unidades sin razón objetiva contribuye a poner en tela de juicio la neutralidad política que debe imperar en las actuaciones" de la corporación, subrayan desde la agrupación. "Esperamos que quienes ostentan las más altas responsabilidades dentro de esta institución sepan mantener el honor en las mismas condiciones que este oficial, pues es la única razón que sustenta el prestigio conseguido a lo largo de 176 años de historia", apelan.

Tras conocerse ayer el cese de Pérez de los Cobos y la relación del mismo con la investigación abierta en el Juzgado 51, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunicó a la opinión pública la imputación del delegado del Gobierno en el marco de las diligencias mencionadas. Franco comparecerá en calidad de investigado por un delito de prevaricación el próximo 5 de junio junto al secretario de la Delegación del Gobierno, al jefe del gabinete y al director de la unidad de Seguridad Ciudadana. Todos ellos deberán dar explicaciones previsiblemente sobre las medidas que pusieron en marcha tras la llegada del informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades que alertaba del riesgo de contagio del covid-19 y por qué no impidieron que se celebrase la manifestación del 8-M, el congreso de Vox o un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano la misma semana. Deberán justificar asimismo por qué en esos días, sin embargo, prohibieron una convención religiosa.

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