La jueza cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid
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Para el 5 de junio

La jueza cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid

La magistrada quiere escuchar como testigos a otros cargos de su departamento. Ha citado al secretario de la delegación, al jefe del gabinete del delegado y al director de la unidad de Seguridad Ciudadana

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La jueza cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar como imputado por un delito de prevaricación para el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid. La decisión se ha producido el mismo día en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido por pérdida de confianza al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por un informe del cuerpo en el que la magistrada apoya su investigación.

Además de a José Manuel Franco, que debe declarar como investigado, la magistrada quiere escuchar como testigos a otros cargos de su departamento. Ha citado al secretario de la Delegación, Fernando Talavera, al jefe del gabinete del delegado, Luis María Sanz Moriñigo, y al director de la unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Las declaraciones se harán "preferentemente" por vía telemática salvo que los afectados prefieran acudir presencialmente.

Lanza también una advertencia en su providencia. Precisa, en clara referencia al ministro, que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes, entre ellos los miembros del Instituto Armado adscritos a su juzgado y hasta hoy bajo las órdenes del coronel Pérez de los Cobos, guarden "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". "Solo se informará a esta magistrada-juez", lanza.

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Rodríguez-Medel investiga la gestión del Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma a consecuencia del covid-19. La magistrada que instruía en un inicio por delitos de lesiones imprudentes o prevaricación, desestimó el primero de los supuestos aunque mantiene vivo el procedimiento por el segundo.

En una providencia, la jueza no solo acuerda las declaraciones sino que también reclama, de forma urgente, diversa documentación. Requiere a la delegación, al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de Madrid que le entreguen diversos informes antes del 1 de junio. Entre los solicitados al departamento de Franco, destaca un oficio de la Secretaría General de fecha 20 de abril de 2020 en el que se indica que fueron desconvocadas en esas fechas un total de 21 manifestaciones y concentraciones "bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno". La jueza quiere ampliar datos y saber en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la delegación y el cauce por el que se hicieron.

En el requerimiento a Sanidad, Rodríguez Medel pide que se le explique la recomendación de 3 de marzo acerca de medidas extraordinarias en relación con el covid. En relación con un comunicado de la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga, sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante la epidemia, la jueza ordena que se le indique si únicamente se distribuyó a la comunidad evangélica —que tenía previsto celebrar en esos días un congreso internacional que se suspendió— o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias.

Además, lanza una advertencia a las partes. "Constatándose que el resultado de algunas de las diligencias de investigación están difundiéndose en los medios de comunicación, se advierte a la Fiscalía y Abogacía del Estado y al personal de este órgano judicial que la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal", dice.

La denuncia que dio origen al procedimiento fue presentada por el abogado Víctor Valladares y apuntaba a la comisión de este delito por no decidir suspender ni la concentración del 8-M ni otras 70 manifestaciones multitudinarias pese a las advertencias sobre el riesgo remitidas por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abrió así la primera vía penal contra el Gobierno central. La magistrada ordenaba una batería de diligencias de investigación a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, y constataba que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos".

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