trabajadores de la delegación admiten órdenes

La Guardia Civil incluye el vídeo de Irene Montero en un segundo informe del 8-M

Los investigadores remiten un segundo atestado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que confirma que la Delegación prohibió protestas bajo cuerda justo después de autorizar el 8-M

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE)
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE)

La Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la crisis sanitaria en los días previos al estado de alarma un segundo informe que menciona el vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que esta admite que el 8-M tuvo miedo de que le contagiaran el coronavirus. El atestado también incorpora los documentos internos que manejó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, desde el inicio de la pandemia, así como las declaraciones de varios trabajadores de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que han admitido ante los agentes de policía judicial que recibieron instrucciones para cancelar protestas bajo cuerda solo unas horas después de la marcha del día de la mujer.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido este lunes por la tarde a la instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado número 51 de Madrid. Entre las novedades más destacadas se encuentran unas imágenes de Montero grabadas el 9 de marzo y desveladas ahora por ABC en las que la dirigente de Podemos admite que en la marcha de un día antes hubo menos asistentes que otros años por el temor al virus. Montero también confiesa en el vídeo que durante el recorrido de la manifestación pasó miedo cuando se le acercaron algunos ciudadanos para saludarla y darle besos, y reconoce que otros países ya estaban tomando medidas "súper drásticas" en ese momento para tratar de frenar la pandemia. España tardó aún cinco días en aplicar el estado de alarma.

La Guardia Civil incluye el vídeo de Irene Montero en un segundo informe del 8-M

Los agentes han incluido las imágenes, captadas sin que lo supiera la ministra de Igualdad, en una diligencia de fuentes abiertas junto a otras noticias y vídeos que indicarían, a su juicio, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue consciente del riesgo que supusieron la manifestación del día de la mujer y otros actos multitudinarios autorizados en los primeros días de marzo. La Delegación del Gobierno, máxima autoridad en orden público en la región, permitió hasta 130 concentraciones sin imponer ningún tipo de limitación sanitaria, como ha acreditado esta investigación. El delegado, el socialista José Manuel Franco, es por ahora el único imputado. Está citado para declarar por un presunto delito de prevaricación el próximo 10 de junio.

El segundo atestado de la Guardia Civil, adelantado por 'OkDiario', también reconstruye otro episodio relacionado con Franco. Como adelantó este diario, los investigadores han descubierto que, tras permitir el 8-M, funcionarios de la Delegación contactaron vía telefónica con los organizadores de varias protestas previstas para los días siguientes para pedirles que las cancelaran porque las aglomeraciones conllevaban un alto riesgo de contagio.

Así ocurrió con una protesta para exigir más subvenciones al alquiler y otra de los sindicatos de Amazon. En los expedientes de esos eventos no figuran las llamadas de los técnicos de la Delegación ni tampoco que fueron anulados por motivos sanitarios, un procedimiento que sería irregular a juicio de los investigadores. Los responsables de las diligencias creen el organismo que dirige Franco empleó ese método para que no se supiera que estaba prohibiendo movilizaciones justo después de permitir el acto feminista, que congregó a las 120.000 personas en las calles de Madrid.

Los empleados de la Delegación han reconocido ahora ante los agentes de la Guardia Civil que, efectivamente, llamaron para intentar que se suspendieran algunas de las movilizaciones programadas justo después del 8-M. Han admitido que no es el sistema habitual para cancelar un evento pero aseguran que utilizaron esa fórmula siguiendo órdenes de sus superiores. Los testimonios apuntan al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas, que también ha sido citado a declarar, aunque en calidad de testigo. La jueza podrá preguntarle directamente por esas gestiones y si él también recibió instrucción de sus jefes. Además, en su última providencia, la instructora también ha llamado a declarar a los funcionarios de la Delegación que hicieron las llamadas. Los convocantes que las recibieron ya fueron citados la semana pasada.


Los informes de Fernando Simón

La Guardia Civil dedica otro apartado a analizar los informes sobre el coronavirus que manejó Fernando Simón desde enero. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias tardó más de un mes en entregar esa documentación a los agentes. A juicio de los investigadores, los informes indicarían que el especialista que ha liderado la gestión de la crisis desde su inicio ya disponía en febrero de información precisa sobre la gravedad del covid-19. Entre la documentación figuran avisos específicos de organizaciones internacionales sobre el peligro de los actos multitudinarios. Pese a ello, no recomendó que se prohibieran hasta la entrada en vigor del estado de alarma.

No es la primera referencia a Simón que hacen los investigadores. En su primer atestado ya reflejaron que se reunió el 5 de marzo, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los líderes de la confesión evangélica en España para pedirles que anularan un congreso internacional que iban a tener lugar en Madrid del 19 a 21 de marzo. Pero el 7 de marzo consideró que la manifestación del día siguiente no representaba una amenaza sanitaria. El vídeo de Montero ha desvelado ahora que el Gobierno no pensaba lo mismo.

Pese a las referencias a Simón, no se le investiga en esta pieza. La magistrada Rodríguez-Medel ha limitado el caso a la actuación de la Delegación del Gobierno y ha recordado que hay querellas contra el director del Centro de Alertas en otros juzgados de Plaza de Castilla. En una providencia de este miércoles, ha reiterado esa postura. El caso tiene pocas opciones de prosperar. La Abogacía del Estado ha arremetido contra el primer informe de la Guardia Civil alegando que incurre en sesgos y ha solicitado el archivo de la acusación contra Franco porque, desde su punto de vista, no hay indicios de prevaricación. La Fiscalía secunda esa tesis.

Correcciones del primer atestado

Además de estos nuevos indicios, la Guardia Civil aprovecha este segundo informe para subsanar algunas confusiones y errores del primero. El primer atestado aseguraba al recordar el contexto de los hechos que se investigan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación de pandemia el 30 de enero pero, en realidad, eso no ocurrió hasta el pasado marzo. Lo que hizo la OMS en enero fue declarar la situación de "emergencia internacional". Este segundo informe corrige esa equivocación.

También aclara que, por un baile en las filas de un Excel, se atribuyó al líder del sindicato CGT en Madrid, Antonio O'Connor, una declaración como testigo que en realidad pertenecía al presidente de una asociación de inmigrantes de Bangladés, Mohammad Fazle Elahi, que el 6 de marzo, dos días antes del 8-M, canceló una protesta que había convocado el día 10 al apreciar que ya en ese momento había un elevado riesgo de infección por coronavirus.

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