para minimizar la expansión del covid

Moncloa ignoró una nota del 14 de febrero de la OMS sobre el riesgo de los "actos masivos"

La Organización Mundial de la Salud recomendó evaluar el riesgo de las grandes reuniones de personas y autorizarlas solo cuando se aplicaran estrictas medidas de seguridad

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)
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Un documento que no había trascendido hasta ahora arroja nuevas dudas sobre la gestión de Moncloa en los primeros días de la crisis del coronavirus. Al menos, hasta la declaración del estado de alarma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 14 de febrero una alerta con “recomendaciones clave” para evitar contagios de covid-19 en eventos masivos. Ni el Ejecutivo ni las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas tuvieron en cuenta los consejos durante los días siguientes, incluido el fin de semana del 8-M, en el que se celebraron manifestaciones por todo el territorio nacional con motivo del Día de la Mujer, Vox organizó un congreso en Madrid con 9.000 asistentes y se disputaron partidos con público de todas las disciplinas deportivas.

La nota de la OMS advirtió desde sus primeras líneas de que la celebración de reuniones masivas podía tener “serias consecuencias para la salud pública” si no eran diseñadas y gestionadas cuidadosamente. “Hay abundantes pruebas de que las aglomeraciones pueden amplificar la expansión de enfermedades infecciosas”, aseguró el organismo internacional, del que España es miembro (hay un embajador permanente en Ginebra que ejerce de enlace con esta institución). “La transmisión de infecciones respiratorias, incluida la gripe, ha sido frecuentemente asociada a las aglomeraciones (…) El propósito de este documento es resumir algunas consideraciones clave para los organizadores de eventos masivos en el contexto del nuevo brote de coronavirus”, expuso el documento.

Por un lado, la OMS pidió a las autoridades nacionales que hicieran un “exhaustivo análisis del riesgo” de cualquier concentración de personas antes de autorizarla. “Para eventos muy visibles o particularmente grandes, la OMS puede proporcionar asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades nacionales para ayudar a evaluar los riesgos de salud pública asociados al evento”. No consta que el Gobierno ni, en particular, el Ministerio de Sanidad solicitaran información o ayuda al organismo internacional. De hecho, el 7 de marzo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, descartó que la manifestación del día siguiente implicara algún tipo de peligro porque no era “una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo”. "Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera", declaró Simón.

Dentro de la evaluación del riesgo, la OMS pidió incluir un análisis de las “características específicas” del evento, como la densidad de la aglomeración; el tipo de contacto que podía producirse entre los participantes; si al acto asistirían únicamente personas que se hubieran registrado previamente; si los asistentes eran de una profesión especialmente expuesta con anterioridad al virus; la edad de los manifestantes, y el medio que utilizarían para desplazarse hasta el acto.

Tampoco se cumplieron otras pautas de la OMS durante el propio desarrollo del 8-M y el resto de concentraciones de esos días

El 8-M cruzó la frontera de lo recomendable en todos los parámetros. No fue el único evento multitudinario hasta el estado de alarma, pero los partidos que se jugaron en el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano y el Camp Nou, y el congreso de Vox los días 7 y 8 de marzo, por ejemplo, conllevaron al menos un control de los asistentes mediante entradas o invitaciones. Ni la manifestación del Día de la Mujer que recorrió el centro de Madrid ni tampoco las que se celebraron en otros puntos de España controlaron la asistencia. Además, la densidad de las marchas fue alta, se permitió la participación de personas mayores (las más expuestas al SARS-Cov-2) y se utilizaron los transportes públicos para entrar y salir de la zona de los actos.

Zonas de aislamiento, jabón y agua

Tampoco se cumplieron otras pautas de la OMS durante el propio desarrollo del 8-M y el resto de concentraciones de esos días. Solo ese fin de semana, hubo más de medio centenar de actos en la Comunidad de Madrid, la gran mayoría, sin relación con el Día de la Mujer. El organismo con sede en Ginebra aconsejó que se exigiera a los promotores de cualquier reunión masiva la creación de zonas de aislamiento para los asistentes “que desarrollen síntomas o necesiten asistencia médica”; la entrega de “mascarillas a las personas que se encuentren enfermas”; la habilitación de áreas en las que se ofreciera “jabón y agua o soluciones hidroalcohólicas y pañuelos”, y la “aplicación de medidas de distanciamiento social” para “minimizar las aglomeraciones”.

Ninguna de estas recomendaciones se observó tampoco el 8-M ni en el resto de actos. En la marcha, algunos asistentes llevaron guantes, pero lo hicieron por decisión propia. Los organizadores no repartieron ningún material ni se filtró a los asistentes para aislar a quienes tuvieran síntomas de coronavirus o se encontraran mal. El Gobierno insistió en que no entrañaba ningún riesgo.

Además, ni después de la marcha del Día de la Mujer, ni de los partidos de fútbol ni del acto político de Vox se supervisó la vuelta a casa de los asistentes, otro de los consejos que reflejó la OMS en la alerta del 14 de febrero para evitar que el virus pudiera propagarse de forma descontrolada. “Organizar actos multitudinarios durante una emergencia global de salud [la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional el 31 de enero] es inusual, pero puede hacerse siguiente una evaluación de los riesgos”, concluyó la nota.

El delegado, imputado por prevaricación

No fue la única advertencia externa que despreció Moncloa ese fin de semana. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió el 2 de marzo una actualización de la evaluación de riesgos del covid-19 que casi calcó el documento difundido por la OMS dos semanas antes. Entre otros puntos, el organismo europeo aconsejó aplicar “distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de las reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión”. Con todo, el Ejecutivo no suspendió ningún acto. Al contrario, animó a participar en ellos.

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid investiga la actuación de la Delegación del Gobierno durante esos días, tras admitir a trámite la denuncia de un particular. Por lo pronto, imputa al máximo responsable del orden público en la comunidad, el socialista José Manuel Franco, un delito de prevaricación. La Delegación alega que no prohibió el 8-M porque no recibió ninguna advertencia sanitaria hasta después de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo. Pero, como reveló este diario el viernes, sus técnicos contactaron con los líderes sindicales de Amazon entre el 10 y 11 de marzo para pedirles que suspendieran una concentración que habían convocado el día 13 porque la protesta suponía un riesgo para la salud pública. El acto se canceló.

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