La Abogacía acusa a la jueza del 8-M de investigar "sospechas huérfanas de apoyo"

La Aboogacía del Estado acusa a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de investigar manifestaciones como la del 8-M a partir de "meras sospechas huérfanas de apoyo". Horas después de que la Fiscalía solicitara el archivo de la causa, la Abogacía ha presentado un nuevo recurso [aquí en PDF] en el que denuncia que el objetivo de la magistada no es "investigar indicios de delito, sino encontrarlos". Con este último escrito, los servicios jurídicos del Estado buscan dar carpetazo a una causa que, según defienden, intenta "extenderse a la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tendrá que declarar el próximo miércoles como imputado por un presunto delito de prevaricación, pero la Abogacía considera que su citación carece de sentido: "Los más de dos mil folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado —y hacerlo sin ninguna motivación jurídica que permita conocer por qué se le llama— evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haberlo". Insiste en lo que ya indicó en otros escritos: "Además de prospectiva, la causa nació con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria y ello ha quedado patente en los informes de la Policía Judicial, en particular en el segundo de ellos", dice.

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La Abogacía, que defiende a Franco como imputado, critica además el atestado de la Guardia Civil, que recogía por error que la OMS había calificado el brote como pandemia el 30 de enero cuando en realidad lo había hecho el 11 de marzo: "El error ha sido corregido en una diligencia aportada con el informe de 1 de junio, después de que en numerosos medios de comunicación se señalara lo grosero del mismo. Nada que objetar a la rectificación, pero sí debemos hacer la reflexión de que de no haberse puesto de manifiesto ese error por medios de comunicación, quizá la mención errónea seguiría allí y con ello el énfasis que se quería dar a esa fecha temprana".

Al igual que hizo en el primer recurso, los servicios jurídicos del Estado también acusan a la jueza de vulnerar el estado de alarma por pedir diligencias que no eran urgentes al instituto armado y al forense: "Como dato representativo, el 16 de abril, se registraron en España 551 fallecidos y 5.183 casos nuevos. La situación seguía siendo enormemente dramática y en este contexto la Policía Judicial se dirige directamente al CCAES [Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias] para que atienda una petición de información NO URGENTE NI INAPLAZABLE". Las mayúsculas son de la Abogacía.

En el escrito, la Abogacía defiende además la gestión del director del CCAES, Fernando Simón, que ante la premura del instituto armado al pedir esta información, "habla en dos ocasiones con los agentes de la Policía Judicial —extremo omitido en su informe— y consensuan una posible fecha de entrega de la documentación". La Abogacía responde así al segundo informe que la Guardia Civil presentó la pasada semana ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, en el que sugería que “podrían faltar documentos” pese a las solicitudes de información que se habían presentado ante el organismo que dirige Simón.

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Madrid tampoco vio riesgo

Los servicios jurídicos del Estado, que ejeren la defensa del imputado, también señalan que la Comunidad de Madrid tampoco apreció antes de la manifestación riesgo de contagio en concentraciones masivas. "No alertó de ningún riesgo por las manifestaciones ni sobre el covid-19 a la Delegación del Gobierno el día 7 de marzo", destaca. "Tanto es así, que al responder a la Policía Judicial, la Comunidad de Madrid informó de la inexistencia de recomendaciones emitidas a la Delegación del Gobierno acerca de riesgos sanitarios por concentraciones masivas en fechas próximas al 8-M. Ni siquiera la Comunidad de Madrid considera la remisión de esas resoluciones como ningún tipo de advertencia ni recomendación", dice.

"Se decidió iniciar una búsqueda voraz de indicios de delito, ya fuera el de prevaricación o el de lesiones por impudencia", asegura la Abogacía

Repasa una a una las inconsistencias que aprecia en los dos informes del instituto armado. En total atribuye 14 "errores" o "imprecisiones" a los informes. Por ejemplo, respecto a la cancelación de un congreso evangélico en Madrid dos días antes del 8-M, asegura que es una de las muestras del "ejercicio de copia parcial y sesgada" que se ha efectuado en los informes, "desechando datos esenciales de informaciones y de documentos". En otro punto sugiere que esta forma de no reflejar determinados datos es "deliberada". También recuerda que el informe de 2 de marzo del Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), al que se agarra la Guardia Civil, señalaba que la cancelación de actos masivos no era una medida recomendaba para los países que se encontraban en la situación epidemiológica en la que se hallaba España hasta el 8 de marzo. Sin embargo, dice la Abogacía, "se decidió iniciar una búsqueda voraz de indicios de delito, ya fuera el de prevaricación o el de lesiones por impudencia y todo ello, sin dar audiencia al Ministerio Fiscal".

En definitiva, la Abogacía concluye que la instructora "no ha practicado por sí ni una sola diligencia de instrucción". "Todo ha sido encomendado a la Policía Judicial y con los dos informes elaborados por la Policía Judicial, se ha pasado de no tener al señor Franco como investigado en el auto de 23 de marzo a citarle en calidad de investigado en la providencia de 25 de mayo de 2020. Los únicos indicios que han desembocado en su citación como investigado, son los generados mediante los informes" de la Guardia Civil, indica.