La jueza atiende la "sorprendente" petición de la Abogacía y retrasa la declaración de Franco

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha ganado cinco días para preparar su declaración como imputado por permitir la celebración de concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma. La titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, le había citado como investigado el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación, pero este jueves atendió la petición de la Abogacía del Estado y retrasó su comparecencia al día 10. La magistrada, sin embargo, no duda en calificar la solicitud como "sorprendente" y argumenta que los servicios jurídicos del Estado han tenido tiempo más que suficiente para preparar su defensa.

Con esta decisión, la Abogacía gana cinco días para terminar el recurso con el que buscan tumbar el informe de la Guardia Civil sobre cómo las autoridades dieron luz verde a concentraciones masivas, un escrito que se sumará a los recursos que ya presentó en apelación y reforma. En ellos, la Abogacía cargaba contra la jueza y le acusaba de vulnerar las disposiciones del estado de alarma al ordenar diligencias en el marco de un procedimiento que, según sostiene, no presenta urgencia: "Tal es el desconocimiento y consiguiente indefensión que produce la investigación que no se puede llegar a saber si se está tratando de encontrar algún hallazgo e indicio de cualquier otro delito o si se está tratando de cuestionar la información facilitada por la Delegación de Gobierno sin esperar ni siquiera a la aclaración solicitada".

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En la providencia notificada este jueves, la magistrada no entra en ese aspecto, pero sí deja caer un párrafo contra los servicios jurídicos del Estado al considerar "sorprendente" su petición de retrasar la declaración: "Tal y como consta en autos, se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia, y sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone - desde esa fecha- de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa, se accede a retrasar las declaraciones al día 10 de junio".

La declaración de Franco se celebrará entonces a las 15:30 del 10 de junio, tras lo que llegará el turno de tres testigos: el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera Esteso; el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Las cuatro declaraciones se celebrarán de forma presencial y la última está programa para las 17:00. En la providencia, Rodríguez-Medel también admite a trámite el último recurso presentado por Franco y da traslado del mismo a la Fiscalía "para que en el término de dos días aleguen por escrito lo que estimen conveniente".

Tras incoar diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ordenó una batería de pruebas a la Policía y la Guardia Civil, pero avisó expresamente de que no eran urgentes. Constataba en el auto recurrido que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante: "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras".