La Abogacía ultima un escrito para tumbar los errores de la Guardia Civil sobre el 8-M

La Abogacía del Estado ya trabaja en un nuevo recurso para intentar tumbar el informe de la Guardia Civil en el que se analiza cómo las autoridades dieron luz verde a concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma, entre ellas la manifestación del 8-M. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que el escrito en cuestión se centra en los errores que ha cometido el instituto armado a la hora de redactar el informe y se presentará ante el juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, que ha citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación.

El informe de la Guardia Civil sobre el 8-M contiene errores, inexactitudes y documentos sesgados para acusar al Gobierno, según aprecia la Abogacía del Estado, tal y como sostienen fuentes del Ejecutivo. La abogada del Estado jefa de lo Penal, Rosa María Seoane, ha asumido la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por prevaricación.

El informe señala como advertencia una nota de la Comunidad de Madrid pero omite que era una recomendación para infectados y sus contactos: "La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad". Otro de los aspectos que la Abogacía va a desafiar, apuntan fuentes del Ejecutivo, es que el informe de la Guardia Civil cita que "el Ministerio de Sanidad recomendó el aplazamiento de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2020 en atención a la incidencia que estaba teniendo el contagio del coronavirus y el volumen de solicitantes extranjeros que se desplazarían a España”.

Sanidad suspendió un examen alegando "el número de solicitantes que se desplazarían a España, procedentes de determinados países"

Sin embargo, al suspender Sanidad ese examen lo hizo alegando que el principal motivo era "el número de solicitantes que se desplazarían a España, provenientes de determinados países en los que la difusión del covid ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención".

"Indefensión" por la investigación

Fuentes del Gobierno consideran que el informe tiene una "total ausencia de fiabilidad y credibilidad" y que está caracterizado "por la falta de rigor, objetividad e imparcialidad que debería revestir".

El Gobierno ve una "total ausencia de fiabilidad y credibilidad" y que adolece de la "falta de rigor, objetividad e imparcialidad que debería revestir"

El nuevo recurso de la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, se sumará a los otros dos que ya ha presentado ante el mismo juzgado para intentar poner fin a la causa: el 20 de abril, se opuso en apelación al auto con el que la magistrada daba inicio al procedimiento, y el 24 de abril, se opuso en reforma siguiendo la misma línea que en el anterior.

En este segundo escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, los servicios jurídicos del Estado argumentan que el delito investigado "abre un ámbito indeterminado" que le provoca indefensión al imputado, y acusan a la magistrada de vulnerar las disposiciones del estado de alarma al ordenar diligencias en el marco del procedimiento pese a que no existía urgencia: "Tal es el desconocimiento y consiguiente indefensión que produce la investigación que no se puede llegar a saber si se está tratando de encontrar algún hallazgo e indicio de cualquier otro delito o si se está tratando de cuestionar la información facilitada por la Delegación de Gobierno sin esperar ni siquiera a la aclaración solicitada".

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Una vez presentados estos dos recursos, el nuevo escrito que prepara la Abogacía del Estado carga de forma directa contra el informe de la Guardia Civil que este domingo llevó al Ministerio del Interior a cesar al coronel de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a anticipar su contenido. Según explican las fuentes consultadas, el objetivo del mismo pasa por "desvirtuar todas las inexactitudes del informe" para defender al delegado del Gobierno, como el hecho de que el instituto armado apunte en su análisis a que la Organización Mundial de Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus el 30 de enero cuando realmente esa declaración se produjo el 11 de marzo.

Por el momento, tras incoar diligencias, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ordenó una batería de pruebas a la Policía y la Guardia Civil, pero avisó expresamente de que no eran urgentes. Constataba en el auto recurrido por la Abogacía que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante: "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.