El forense dice que el Gobierno "era consciente del peligro" del 8M: "Se veía venir"

La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa en que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar concentraciones como la del 8-M, pero las diligencias acordadas por la instructora siguen llegando al juzgado. Entre ellas, destaca la ampliación del informe del forense, documento que el juzgado de instrucción número 51 de Madrid recibió esta semana y al que ha tenido acceso El Confidencial [aquí en PDF]. Según sostiene el médico en el mismo, el 25 de febrero ya "había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo". "Se veía venir. La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES", dice para añadir que en el examen de los correos "se notaba la tensión".

"La existencia o no de una pandemia no depende sólo de lo que suceda en un país, pues se trata de un fenómeno mundial, pero cada gobierno tiene su responsabilidad en ello en función de cómo gestione el comienzo y la evolución de la misma su autoridad sanitaria", argumenta el forense. "Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir". El forense incluye en su estudio una cuestión preliminar en la que indica que a lo largo de su estudio ha sentido una "gran conmiseración" hacia los intervinientes y en especial hacia los miembros del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias ya que es consiente del "ingente trabajo y gran esfuerzo" que están realizando.

"Debo afirmar con alivio que ni este médico forense ni ninguna persona de mi amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos , nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más leve síntoma de covid 19. Lo digo por si alguien pudiera pensar que pudiera existir conflicto de intereses", destaca. El informe se basa en la documentación sanitaria que reclamó el juzgado y que ha aportado la Guardia Civil y efectúa un recorrido cronológico que arranca en diciembre de 2019 y finaliza en marzo.

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El forense Julio Lorenzo Rego sostiene tras el análisis que la Delegación del Gobierno autorizó concentraciones como la del 8-M "siendo consciente del peligro" que conllevaban, postura que apoya en declaraciones previas del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. En lo que se refiere al segundo, recuerda cómo el 23 de febrero dijo ante las cámaras que "en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad", palabras que "no se ajustan a la realidad —lo que no implica que sean deliberadamente contrarias a la verdad, pueden ser un error— y se pronuncian en televisión en un momento crucial para la expansión de la epidemia".

El informe también menciona documentos como el del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 28 de febrero, en el que se aconsejaba a los trabajadores de la delegación del Gobierno mantener la distancia de seguridad para evitar contagios. A la vista de recomendaciones como esta, el médico considera que "la posibilidad de una pandemia estaba ya en el sentir de las autoridades sanitarias", y considera que las autoridades "subestimaron la gravedad" y el "fulminante desarrollo" de la pandemia.

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El forense sigue así los pasos del segundo atestado de la Guardia Civil, en el que ya se hacía referencia a este documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. A juicio de los investigadores, las recomendaciones que incluye probarían que la Delegación del Gobierno conocía el riesgo que podían suponer las aglomeraciones de personas. “Este documento trata de establecer unas medidas preventivas básicas para minimizar la posible transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que se denomina covid-19”, explicaba la circular en las primeras líneas. Según exponía a continuación, los consejos que contenía se habían confeccionado a partir de las “recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.

En su ampliación del informe, el forense coge el relevo al instituto armado y defiende la misma idea: "El 28 de febrero, en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del peligro que entrañaba para los ciudadanos. En consecuencia, se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan. En cambio, no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación dispusieran de la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS —y además es lógico y natural— desde que se instauró la epidemia".

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Para sostener esta idea, el forense recoge además dos alertas internacionales que se produjeron antes del 8-M: "La OMS advirtió el 14 de febrero, y en relación con la epidemia covid-19, sobre la necesidad de que se hiciera una valoración de los riesgos para la salud en la epidemia covid-19 ante la planificación de reuniones masivas, y no consta que se haya realizado la evaluación del riesgo ni la comunicación del mismo". "La ECDC [Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades] emitió el 2 de marzo unas lógicas recomendaciones para la prevención de la epidemia, algunas de las cuales no se han cumplido y, de haberlo hecho, el daño a la salud (enfermedad y muertes, con sus consecuencias económicas y sociales) habría sido menor".

También destaca las declaraciones 'off the record' de la ministra Irene Montero para apoyar la peligrosidad de las concentraciones para la propagación y añade: "No porque lo diga la OMS, ni siquiera la ministra Montero, sino que forma parte del conocimiento popular que las concentraciones de personas en contacto estrecho facilitan la transmisión".

Entre las recomendaciones que lanzaban estos organismos, el forense subraya la de "mantener la distancia con cualquier persona entre uno y dos metros", consejo que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales también recogía en su circular y no se tuvo en cuenta a la hora de autorizar manifestaciones en los días previos a que se decretase el estado de alarma. El forense, de hecho, apunta a que recomendaciones como esta no solo eran conocidas por la Delegación del Gobierno, sino también "por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid".

Lejos de matizar las conclusiones que recogía en su primer informe, el forense repite algunas de las ideas que este contenía: reconoce que "no es posible saber" hasta qué punto se produjeron contagios en este tipo de concentraciones, pero argumenta que "lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". La conclusión es clara: "En dichas concentraciones de personas, el riesgo de transmitir una enfermedad como el covid-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por gotitas y por fómites, es elevado, sobre todo cuando las concentraciones de personas son de elevada densidad y se producen contactos estrechos".

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La Fiscalía carga contra la jueza

Con la ampliación del informe forense sobre la mesa, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, debe decidir ahora sobre el recurso que ha presentado la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa. El Ministerio Público sigue los pasos de la Abogacía del Estado y pide dar carpetazo a la investigación, dejando así la acusación en manos de particulares. Entre los argumentos que recoge, destaca la crítica que lanza contra la propia instructora, a la que acusa de vulnerar el estado de alarma por "el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes", entre ellas, las trasladadas a la Guardia Civil o al forense.

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El dardo contra la jueza aparece en el cuarto punto de los "motivos del recurso", en el que la Fiscalía defiende que se ha vulnerado el artículo 24.2 de la Constitución: "Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia". Según sostiene el Ministerio Público, este artículo se ha vulnerado ante las restricciones establecidas por el estado de alarma.

"La apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante el estado de alarma que genera indefensión al denunciado", afirma la Fiscalía. "Consideramos que si las actuaciones no eran urgentes, no debieron incoarse las diligencias previas, ni acordarse diligencias de instrucción en una situación de alarma que impide el control de lo actuado por órgano superior, pudiendo generar indefensión esencialmente al denunciado". Con estas palabras, el Ministerio Público critica la premura con que se pidió investigar los hechos en pleno estado de alarma.