La jueza apunta a la cúpula del Gobierno durante el interrogatorio al delegado

La jueza Carmen Rodríguez-Medel trató de descubrir, durante el interrogatorio de este miércoles al delegado del Gobierno, si hubo responsabilidades políticas más altas en la decisión sobre el 8-M. Fuentes presentes en el interrogatorio indican a El Confidencial que la magistrada preguntó de forma insistente a José Manuel Franco si había recibido algún tipo de instrucción sobre la celebración de la concentración, ya fuera política o sanitaria, en la que se le pidiera actuar en un sentido concreto frente a la marcha del Día Internacional de la Mujer. Franco, imputado por un delito de prevaricación administrativa, lo negó rotundamente e incidió en que nadie, ni del Ejecutivo, ni del Ministerio de Sanidad ni de la Comunidad de Madrid, realizó advertencia alguna sobre la incidencia negativa de las concentraciones en el contagio. Simplemente, entonces no se conocía el peligro, destacó.

La cita de este miércoles en los juzgados de plaza Castilla venía precalentándose durante semanas y se esperaba un encuentro de alto voltaje. El procedimiento ha suscitado tensiones que van más allá del sentido de las diligencias y una crispación ambiental inevitable, que incluso se ha transmitido en los escritos cruzados entre las partes en los últimos días. Llegado el momento, con las acusaciones populares presentes, la Abogacía del Estado ejerciendo la defensa del investigado y la Fiscalía apoyando el archivo, la jueza tomó las riendas de la declaración.

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Medel fue de lo más amplio a lo más concreto e incidió en aquellos indicios que la Guardia Civil ha apuntado en sus informes como evidencia de que el organismo era consciente del riesgo. En la sala, se revisaron minuciosamente cada una de las acciones de los días anteriores al 8 de marzo. La instructora preguntó, por ejemplo, por el documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Delegación del Gobierno que el 28 de febrero recomendaba a los trabajadores mantener una distancia de seguridad de "al menos un metro" para reducir el riesgo de contagio en su entorno laboral. Franco aseguró en respuesta que nunca recibió ese correo electrónico y dijo que, en cualquier caso, los avisos que contenía no son extrapolables a una manifestación y que eran los que ya entonces las autoridades sanitarias daban: higiene de manos, etiqueta respiratoria, distancia interpersonal. Un testigo que declaró tras él matizó en su turno que le informó 'in voce' sobre este aviso interno.

Franco subraya que ninguno de los dos correos que recibió de la Comunidad de Madrid el día 7 contenía ninguna alerta que llevara a prohibir la marcha

También se detuvo en las advertencias previas al 8-M remitidas por la Comunidad de Madrid. En concreto, en dos correos electrónicos que llegaron a la Delegación el sábado 7 por la noche, a las 20:42. Uno de ellos informaba de determinadas medidas que iba a tomar la comunidad en residencias de ancianos, destinadas a aislarlos. El segundo transmitía la decisión de suspender cursos de formación en hospitales. El delegado se defendió indicando que ninguno de los dos eran alertas y que Madrid se limitó a una comunicación formal para conocimiento del organismo por si se produjeran incumplimientos. "No hay en esos correos nada, nada, nada, ninguna alerta ni sugerencia que tenga que ver con la manifestación del 8-M ni que llevara a pensar que había que prohibirla por razones sanitarias", insistió.

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Antes de eso, la jueza había repasado, de nuevo minuciosamente, los mecanismos de suspensión o autorización de manifestaciones. Esta fue la parte del interrogatorio en la que el delegado basó su defensa. Explicó de varias maneras que nunca hubiera podido prohibir sin motivos de enorme peso la concentración sin atentar contra un derecho fundamental protegido por la Constitución como es el de manifestación. Según aseguró, lo prevaricador habría sido precisamente suspenderla y no lo contrario. "Nada me invitó a ninguna prohibición", especificó y señaló que tanto fue así que él mismo acudió a la concentración con su familia.

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También puso el acento en que en aquellos días se celebraron cientos de eventos. Del 4 al 8 de marzo, tuvo lugar Aula 2020, congreso que visitaron más de 100.000 personas en Ifema: era un espacio cerrado en el que participaba gente de toda España y siguió adelante, recordó. También habló de oposiciones, de un partido en el Wanda Metropolitano con 60.000 personas, del millón de personas que utilizaron el metro o de Vox celebrando su encuentro de Vistalegre. Apuntó además a una responsabilidad compartida con la Comunidad de Madrid, e incidió en que estas citas no se suspendieron ni se cuestionan. "Eso no son derechos fundamentales, en cambio se me pide que prohíba un derecho fundamental y en espacio abierto", destacó el delegado.

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Tras repasar el antes, la magistrada pasó al después, subrayando otro de los indicios que la Guardia Civil considera significativo: la cancelación telefónica de varias manifestaciones en días posteriores al 8 de marzo. Preguntó cómo y por qué comenzaron a hacerse desde la Delegación llamadas para cancelar concentraciones previstas en esas jornadas. Franco argumentó que a raíz del repunte de contagios del 9 de marzo, "la Comunidad de Madrid reaccionó" y destacó también que el día 11 la OMS declaró la pandemia.

Según explicó, la decisión de disuadir a los convocantes de distintas protestas —desde trabajadores de Amazon hasta pensionistas— de que continuaran adelante se tomó en una reunión informal celebrada el 12. "Decidimos llamar, a iniciativa propia, a los que pretendían montar concentraciones en los días siguientes, el 13, el 14, el 15. Algunos de ellos desconvocaron a instancia nuestra (siguiendo la sugerencia), a otros fue imposible localizarlos y algunos lo hicieron por su cuenta", dijo.

Las comparecencias ante la jueza Medel continuarán este jueves, cuando la magistrada escuche a cinco trabajadores y a una decena de promotores de manifestaciones como testigos.