La renovación de los órganos institucionales obligará a Sánchez a llamar a Casado

El bloqueo político no termina con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La mayoría de los órganos constitucionales están pendientes de renovación desde hace meses o años y requieren mayorías parlamentarias cualificadas que no alcanzan los grupos que apoyan al nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, ni sumando a todos sus aliados independentistas, nacionalistas y regionalistas. El PP, con sus 88 diputados, tiene la clave para los nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Y esta vez ni siquiera entre los dos grandes partidos suman los 210 escaños requeridos para acometer los nombramientos.

Una vez que forme Gobierno y ponga en marcha las negociaciones con Quim Torra comprometidas con ERC, que correrán en paralelo con los primeros trámites para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez tendrá que llamar a Pablo Casado si quiere cumplir con sus obligaciones institucionales.

TE PUEDE INTERESAR

Podemos olvida la promesa de "despolitizar" el TC y el CGPJ para entrar en el Gobierno

Pablo Gabilondo

En el Partido Popular reconocen que no tienen prisa alguna en negociar con el jefe del Ejecutivo y esperarán las propuestas que puedan venir de la Moncloa. Después del fiasco del intento de acuerdo de noviembre de 2018 para renovar el CGPJ, en la sede de Génova no quieren ni oír hablar de reparto de cuotas en el órgano de gobierno de los jueces y se remiten a la elección directa de sus miembros por jueces y magistrados.

A diferencia de entonces, cuando valía el entendimiento de los dos grandes partidos para sumar la mayoría de tres quintos (210 votos) del Congreso requerida para renovar el CGPJ, los resultados de las elecciones del 10-N han complicado más las cosas: los grupos parlamentarios del PSOE (120 escaños) y del PP (88) se quedan a dos escaños de esos tres quintos. Tienen que entrar en liza los partidos menores de izquierda o derecha.

Al retraso de un Consejo General del Poder Judicial con sus 20 miembros 'caducados' desde diciembre de 2018 se suma desde hace un mes el problema añadido de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han terminado su mandato y requieren la misma mayoría parlamentaria cualificada para ser relevados.

TE PUEDE INTERESAR

Los jueces temen que Sánchez conceda a la Generalitat un consejo judicial propio

Beatriz Parera

En el Constitucional, la renovación supone una oportunidad para los socialistas de recortar la distancia actual entre sectores, los llamados conservadores y progresistas, que ahora es de siete a cinco. Para Sánchez y sus compromisos con los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, es fundamental buscar en el TC comprensión para sus proyectos, que afectan al marco constitucional.

Además, sigue enquistada desde julio de 2017 la elección de un nuevo defensor del pueblo. Es una institución que tiene previsto un mecanismo automático para evitar vacíos de poder o cualquier disfunción por falta de acuerdo a la hora de su nombramiento con el ascenso provisional de su adjunto. Soledad Becerril, procedente del PP, acabó su mandato en el verano de 2017 y pasó a desempeñar el cargo el socialista Francisco Fernández Marugán, quien suma ya una 'provisionalidad' de dos años y medio.