RTVE, el Defensor, CGPJ... Cataluña y la aritmética paralizan la renovación del país

"Aquí acaba mi tiempo como defensora".

Soledad Becerril pronunciaba esas palabras el 6 de junio de 2017. Era el cierre de su mandato, que vencía formalmente unos días más tarde, el 21 de julio. Cinco años después de ser nombrada por acuerdo de PP y PSOE. Desde entonces, su plaza sigue vacante. Al frente de la institución, el Defensor del Pueblo, permanece el que era el número dos de la exdirigente popular, el socialista Francisco Fernández Marugán. Nada se sabe de quién será el sucesor de Becerril. Ni una mínima intuición.

En RTVE hay cuatro consejeros que concluyeron su mandato en 2013. Hace cinco años. Los otros cinco miembros de la cúpula directiva de la radio y televisión públicas, encabezados por su presidente, el cuestionado José Antonio Sánchez, acabarán su tiempo al frente de la corporación en junio, pero sobre todos ellos pesa una nueva ley que promueve una renovación del puente de mando por consenso. El acuerdo aún está lejos. Lejísimos.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pondrá punto final a los seis años para los que fue elegido en el cargo en junio. Y a finales de año se agotará el mandato de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente y máximo responsable del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

No hay Presupuestos Generales del Estado de 2018. La producción de leyes aprobadas en esta legislatura, descontados los PGE, es más bien escasa, y el Congreso, en realidad, funciona a medio gas, pese a la proliferación de comisiones. Y el camino para la proyectada reforma constitucional se vislumbra ya muy cuesta arriba.

¿Qué pasa?

Una primera respuesta se llama Cataluña. La mayor crisis institucional desatada en España desde la Transición ha absorbido las energías del país y de la clase política. El debate lleva meses copando la primera línea informativa y las preocupaciones de un Gobierno durante años inmóvil y de buena parte de la oposición, liderada por un PSOE que no ha dudado en alinearse con Mariano Rajoy para defender el Estado de derecho y la Constitución. El conflicto no ha acabado. De hecho, el bloqueo de la investidura del nuevo 'president' amenaza con prolongar, aún más, la parálisis de una legislatura que ya se presume agotada y estéril.

Cataluña ha absorbido buena parte de las energías del Gobierno y de la oposición y ha copado la primera línea informativa... y la crisis no ha acabado

La complicada aritmética parlamentaria explica también la dificultad de tejer acuerdos. Antes, para renovar las instituciones del país, PP y PSOE se sobraban, aunque pudieran ampliar el espacio de consenso, invitando a formaciones minoritarias, como PNV, la extinta CiU o la hoy diluida Izquierda Unida. Pero las Cortes que salieron de las urnas del 20 de diciembre de 2015, primero, y del 26 de junio de 2016, después, reflejaron una realidad mucho más plural, con cuatro principales fuerzas políticas —PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos— y con sumas nada sencillas de hacer.

El partido de Albert Rivera respaldó la investidura de Rajoy, pero juntos no llegan a la mayoría absoluta, y ahora, tras las elecciones catalanas del 21-D, su nivel de confrontación ha escalado enteros por la pugna por el espacio del centro derecha. Tampoco bastan PSOE y Podemos, ambos ahora más distanciados por la crisis soberanista. Los emergentes, a años luz en políticas sociales, sí comienzan a forjar una alianza en materias de regeneración democrática, como la exigencia de un concurso público para RTVE o para hacer más proporcional el sistema electoral, mientras que PSOE y PP se acercan en cuestiones de Estado —como Cataluña—, o buscan aproximaciones en temas relevantes —financiación autonómica, agua—, pero discrepan en todos los demás. Y el Gobierno, con la ayuda de Cs, veta en el Congreso las iniciativas de la oposición —ya van más de 45, según los cálculos de Ferraz— que pretenden revertir las contrarreformas del primer mandato de Rajoy o incidir en políticas sociales, con el argumento de que suponen un incremento del gasto.

A los vetos cruzados, se suman los frenos del Ejecutivo, la competencia entre los partidos, la inacción del Gobierno y el nuevo horizonte electoral

A la ralentización de la legislatura contribuyeron, en una primera parte, los procesos internos de los partidos, tal y como recuerda el politólogo de la Carlos III Pablo Simón. Singularmente, influyó la feroz crisis del PSOE, que se resolvió tras casi un año de interinidad con la vuelta de Pedro Sánchez al poder, aunque también pesó el duelo en Podemos, ganado por Pablo Iglesias frente a Íñigo Errejón. Cuenta igualmente la llamativa pasividad o inacción del Gobierno y de su presidente, miembros de un PP zarandeado por el goteo de casos de corrupción. Y no hay que despreciar, sigue Simón, la "infradotación" de recursos y personal en el Parlamento, más acusada que en otras Cámaras, y a veces el "poco interés" de los partidos en que las leyes sigan adelante. Pero el 'stand by' aún puede agravarse: a finales de este año las maquinarias de los partidos se irán preparando para la triple competición electoral de 2019: comicios autonómicos, municipales y europeos. Cuenta a la que hay que sumar las andaluzas, tal vez las generales —si se adelantan— y antes, quizá, otras catalanas, en caso de que no haya un nuevo 'president'.

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RTVE, una tele a la espera

La reforma de la ley de RTVE, la que devolvía a la corporación al espíritu de consenso que le imprimió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y que Rajoy pulió en 2012, salió aprobada el pasado septiembre. La nueva norma exigía que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor —que se produjo el 1 de octubre—, se arbitrase un procedimiento de concurso público para elegir a los diez miembros del consejo de administración. En caso de que ese acuerdo no se trabase, se volvería al procedimiento vigente. La reforma establece que los 10 integrantes de la cúpula de RTVE —seis elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado— han de ser votados por mayoría de dos tercios en primera vuelta y, si no se consigue, por mayoría absoluta y el respaldo de al menos la mitad de los grupos de cada Cámara en segunda ronda. Mayorías muy cualificadas, por tanto, que exigen acuerdos muy amplios.

La Mesa del Congreso aún no tiene el informe de los letrados para decidir qué hacer. El siguiente paso lo acordarán las dos Cámaras

Los tres meses previstos para la elaboración del reglamento del concurso vencieron el 31 de diciembre y no se avanzó una sola línea. Enero ha sido baldío. Tras una nueva reunión infructuosa del grupo de trabajo encargado de preparar la redacción, los grupos decidieron elevar la consulta a las Mesas de Congreso y Senado, para que ellas determinen qué hacer, si seguir insistiendo en la convocatoria pública o bien volver al sistema anterior, al de consenso entre las fuerzas políticas para luego pasar la candidatura a votación de los plenos de ambas Cámaras. Pero aún no hay decisión.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se excusó el pasado martes ante la Mesa, alegando que aún no estaba listo el informe de los letrados. El PSOE exigió que ese documento llegue en la siguiente reunión del órgano rector —o sea, para el martes 6 de febrero— y que las Mesas de Congreso y Senado se encuentren y adopten la decisión definitiva. Los socialistas quieren que se abran ya los plazos de la renovación, a fin de que antes de Semana Santa se materialice el relevo de José Antonio Sánchez y del resto del consejo, y que en paralelo, con más calma, se vaya trabajando en un reglamento de concurso, pero este ya con vistas al siguiente cambio en la cúpula de RTVE.

Este pasado jueves, Pedro Sánchez y parte de su equipo —encabezado por la portavoz en el Congreso, Margarita Robles; el responsable socialista en la comisión de RTVE, José Miguel Camacho, y el secretario de Relaciones Institucionales de la dirección, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis— se reunieron con representantes sindicales y de los consejos de informativos de la corporación.

El secretario general les trasladó su compromiso de hacer todo lo posible para desbloquear la renovación de RTVE y recuperar la "independencia y la pluralidad". Gómez de Celis recordó que la "manipulación manifiesta" en la radio y televisión públicas y el vencimiento del mandato de cuatro consejeros —Miguel Ángel Sacaluga (a propuesta del PSOE), Teresa Aranguren (IU), Charo López Miralles (PP) y Andrés Martín Velasco (PP), nombrados en 2007 para un periodo de seis años—, más la necesidad de aplicación de la nueva ley, demandan el relevo automático e inminente. Por eso demandó a Pastor que inicie los trámites para la renovación y acusó a Podemos y Ciudadanos de hacer de "muletilla del PP" ya que, con su exigencia de aprobar el concurso público ya, en realidad lo que consiguen es demorar la salida de Sánchez, lo que entienden que Rajoy persigue. El líder socialista negó todo pacto con el PP, así como una próxima entrevista con Rajoy para abordar este asunto. Ferraz quiere que se alcance el mayor consenso posible, y desde luego no está dispuesta a un entendimiento únicamente con los conservadores que, además, no sería en ningún caso suficiente por las mayorías cualificadas que impone la ley.

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Los consejos de informativos insistieron en la situación "crítica" de RTVE y demandaron el mayor "esfuerzo y compromiso" para alcanzar el acuerdo y recuperar "cuanto antes la credibilidad" de la casa. También pidieron al PSOE, según admitieron fuentes presentes en la cita en Torrespaña, que vete para el consejo a cualquier candidato que haya tenido "responsabilidad directa en la manipulación informativa de RTVE". Los consejos reclama, antes de que el PSOE lo explicitara, que se proceda a una renovación de la cúpula cuanto antes, por consenso, para inaugurar un periodo transitorio en el que se ponga fin a una etapa que consideran negra y, que, al tiempo, se vaya trabajando en un reglamento de concurso "transparente y con garantías". Los profesionales consideran urgente la renovación, y creen que esta no es posible si se proyecta ahora mismo una convocatoria pública, ya que los plazos legales y la previsión de posibles impugnaciones alargarían el proceso "en torno a un año". Un tiempo demasiado largo para ellos, deseosos de acabar con la 'era Sánchez' al frente de RTVE.

Tras la reunión en Torrespaña, tanto el PP como Podemos cargaron contra el PSOE, por distintas razones. El portavoz popular, Ramón Moreno, acusó al líder socialista de "desinformación" y de querer mover solo "las sillas" en la corporación. "Solo de los lodos de un concurso público en el que se metió el PSOE vienen ahora los polvos del retraso", apuntó, reprochando de camino a Ferraz querer sacar al PP del consenso. Mientras, Podemos aseguró que los dos grandes partidos negocian ya "a puerta cerrada" los nombres del nuevo consejo. "Un nuevo reparto de sillones". Una entente que para nada existe, recalca una y otra vez Ferraz.

Tanto la formación morada como Cs, que en esta cuestión caminan juntos, acusan a PSOE y PP de una "pinza" porque no atendieron siquiera a los borradores de reglamento del concurso que ambos llevaron a la mesa de negociación. Los socialistas los consideraban endebles jurídicamente y creen que hace falta agilizar el recambio. Además, en el último trimestre de 2017 la atención estaba puesta en Cataluña. Cs se compromete a aportar nombres en caso de que Pastor abra el procedimiento, y cree que Unidos Podemos obrará igual. Pero llegar a un consenso no será sencillo.

Los periodistas de RTVE piden que el relevo llegue ya y el siguiente recambio se avale por concurso. Podemos y Cs quieren convocatoria pública

Con estos mimbres, el relevo en RTVE pinta mal, mientras la desesperación de los trabajadores cunde, razón de más para intensificar los gritos de socorro a todos los grupos, sin casarse con ninguno de ellos, según subrayan en los consejos de informativos.

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Defensor del Pueblo, sin prisa

La elección de la popular Soledad Becerril como defensora del pueblo y del socialista Paco Fernández Marugán como su adjunto primero en 2012 fue producto de un acuerdo de Rajoy y el entonces jefe del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambas direcciones procedieron a la renovación parcial o total, de una tacada, de varias instituciones que permanecían en aquel momento bloqueadas. 23 nombres en total: cuatro magistrados del Tribunal Constitucional —que relevaban a otros cuatro con mandato caducado en 2010, y elegidos por la cuota del Congreso—, los doce miembros del Tribunal de Cuentas, los cinco integrantes de la Junta Electoral Central que correspondían a la Cámara Baja, más Becerril y Marugán.

Al frente del Defensor está, en funciones, el veterano socialista Paco Fernández Marugán. La vez anterior la plaza estuvo vacante dos años

La propia ley indica que el cargo de defensor del pueblo dura cinco años, y cuando vence ese periodo, se ha de proceder al relevo en un mes. En tanto este no se produce, asume las riendas de la institución —formalmente, un alto comisionado de las Cortes Generales—, en funciones, el adjunto primero. Marugán, en este caso. En 2010 también expiró el mandato del entonces defensor, el socialista Enrique Múgica, tras diez años en el puesto, por lo que su adjunta, María Luisa Cava de Llano, procedente de las filas del PP, estuvo dos años al frente de forma interina.

El PSOE no tiene prisa ni incentivo alguno por buscar un sustituto a Marugán. Este fue diputado de su partido durante ocho legislaturas, un pata negra con el que ahora están plenamente satisfechos. En el equipo de Sánchez sí están sorprendidos de que el PP no haya puesto encima de la mesa, desde el pasado julio, la necesidad de renovar el Defensor, ni les haya hecho llegar ningún nombre, de modo que Marugán seguirá en funciones. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en RTVE, no hay bloqueo. Simplemente hay parálisis. O desinterés. La elección del nuevo defensor del pueblo requiere del apoyo de tres quintos del Congreso y de idéntica mayoría del Senado. Números que sí reúnen por sí solos socialistas y populares.

De todas esas plazas cubiertas en 2012, hay otra que a día de hoy está vacante. Un consejero del Tribunal de Cuentas, Lluís Armet, nombrado a propuesta del PSOE, presentó su renuncia a principios de año. En este caso, será Ferraz quien escogerá al sucesor de Armet, que será refrendado por la Cámara Alta por una mayoría de tres quintos. Los consejeros de cuentas tienen un mandato de nueve años, por lo que el actual no vence hasta 2021. Los doce magistrados del Tribunal Constitucional también son designados por Congreso y Senado para un periodo de nueve años, aunque son renovados por tercios cada tres.

Banco de España, más fácil relevo

El actual gobernador del Banco de España (BdE), Luis María Linde, fue nombrado por el Gobierno en junio de 2012. Justo antes, tal y como demanda la ley, el ministro de Economía, Luis de Guindos, informó al Congreso del nombre del elegido, que entonces contó con el respaldo de la oposición. Aquella designación fue acordada por Rajoy y Rubalcaba, que aportó el candidato a subgobernador, Fernando Restoy. Este abandonó su cargo el 1 de enero de 2017 para pasar a presidir el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, con sede en la ciudad suiza de Basilea. Fue sustituido como número dos del supervisor, por decisión de Linde —y sin que el PSOE interviniera en nada—, por Javier Alonso, hasta entonces director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del BdE.

El jefe del BdE es nombrado por el Gobierno, oído el Congreso. En 2012, PSOE y PP se repartieron la designación de gobernador y subgobernador

El mandato del gobernador y subgobernador dura seis años, no renovables, de forma que Linde y Alonso dejarán el puesto en junio de este año. Su relevo es, en principio, más sencillo, ya que el primero es nombrado a propuesta del jefe del Ejecutivo, mientras que el segundo es escogido por el líder del BdE. No obstante, como ocurrió en 2012, el nombramiento puede ser pactado por el Gobierno y la oposición. En el PSOE aún no tienen noticias de a quién tiene Rajoy en mente para sustituir a Linde.

En un organismo regulador como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay un miembro con su mandato caducado. Josep Maria Guinart, procedente de CiU —y, más en concreto, de Unió—, entró en 2011 como consejero de la ya extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), que absorbió la CNMC, puesta en marcha por Rajoy. Guinart se mantuvo en esta y fue nombrado en septiembre de 2013, pero hubo un sorteo para determinar quiénes de los nuevos miembros del órgano se irían a los dos, cuatro o seis años. A Guinart le correspondió marcharse a los cuatro. O sea, en septiembre de 2017. Pero sigue ocupando su plaza, porque el Gobierno —quien aprueba la designación, a propuesta del ministro de Economía— no ha planteado sucesor y prefiere que siga un catalán en la CNMC cuyo voto, además, suele coincidir con el de los consejeros más cercanos a Guindos, entre ellos su presidente, José María Marín Quemada, según puntualizan fuentes del órgano. Guinart, pues, continúa en su cargo en funciones.

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CGPJ, potencial foco de conflicto

Para cinco años son elegidos los 20 vocales del CGPJ más su presidente, que también lo es del Supremo. Carlos Lesmes y el resto de miembros del órgano de gobierno de los jueces tomaron posesión de sus cargos en diciembre de 2013, por lo que a finales de este 2018 expira su mandato. Pero la ley dice que cuatro meses antes de que caduque el plazo, el CGPJ comunicará a las Cámaras que han de abrir el procedimiento de relevo.

El mandato de los 20 vocales y el presidente del CGPJ acaba en diciembre, pero cuatro meses antes debe comunicarse la expiración del plazo

Aún queda por saber cómo funcionará esta vez la maquinaria. Pero cada recambio sí suele ser conflictivo, al tratarse de un órgano crucial y en el que los partidos aprovechan para repartirse el poder. Así, en 2008, PP y PSOE lograron pactar la renovación, después de que el anterior CGPJ, nombrado en 2001, estuviera casi dos años en funciones. Toda una anormalidad institucional. Fue el mandato más largo de la institución. Ese Consejo de 2008, en el que por cierto se sentaba Margarita Robles, a propuesta del PSOE, fue relevado sin apenas demora en 2013. Pero más largo fue el periodo de interinidad que sufrieron cuatro magistrados del TC: siguieron en funciones nada más y nada menos que tres años por desacuerdo entre los partidos.

Más deberes: PGE, financiación, pacto constitucional...

No se trata de órganos, pero sí de cuatro cuestiones muy sustanciales. Los PGE de 2018 no están siquiera presentados por el Gobierno, que se ha dado hasta finales de marzo para arrancar su tramitación. Su principal escollo está en Cataluña. El PNV, que ya aprobó a Rajoy las cuentas de 2017, no está dispuesto a sentarse a la mesa hasta que se haya levantado el 155, y eso no sucederá hasta que tome posesión el nuevo Govern de la Generalitat. Pero para eso no hay fecha, dada la visible división entre los independentistas y la obstinación de Puigdemont para ser reelegido ‘president’. Además, Cs vende más caro su apoyo, y ya ha dicho que no habrá aval a los PGE si no deja su escaño la senadora Pilar Barreiro, investigada por presunta corrupción.

Si en Cataluña finalmente corriesen los dos meses de plazo —y hasta la próxima semana los letrados del Parlament no dirán en qué momento se empiezan a contar— y no hubiera una investidura válida, se convocarían nuevas elecciones autonómicas. A estos efectos, no valdría la elección de Puigdemont, pues sería impugnada por el Gobierno ante el TC y previsiblemente suspendida. Así que si la interinidad en Cataluña se prolonga, Rajoy no tendría opción de aprobar los PGE de 2018. Debería emplearse a fondo para conseguir el respaldo a las cuentas de 2019, porque no cabe la prórroga de dos ejercicios presupuestarios consecutivos.

Rajoy tiene complicado sacar sus cuentas de 2018 si el 155 sigue en pie. La revisión de la Carta Magna es la esperanza del PSOE, pero se antoja difícil

No está iniciada siquiera la reforma del modelo de financiación autonómica. El sistema actual está pendiente de revisión desde 2014, y el año pasado Rajoy, en la Conferencia de Presidentes, se comprometió a presentar una propuesta en 2017. No cumplió. El Gobierno quiere acordar el nuevo marco con el PSOE (que preside siete CCAA), e incluso Cristóbal Montoro se ha abierto a reestructuraciones de la deuda, pero aún no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta. El Ejecutivo tiene otro frente que atender: el deterioro del sistema público de pensiones, que arrastra un déficit de 18.800 millones.

La reforma de la Constitución es la gran esperanza de los socialistas para esta legislatura, pero el horizonte es sombrío. Ya ha celebrado cuatro sesiones la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico —considerada por Ferraz la antesala del debate sobre la revisión de la Carta Magna—, pero aún quedan meses de comparecencias por delante. Además, el órgano sigue lastrado por la ausencia de Podemos, nacionalistas e independentistas. El PP se muestra todavía bastante frío hacia una remodelación de la Constitución y Ciudadanos no quiere que se abra ese melón si no se abordan cuestiones que cree más urgentes, como la regeneración democrática.

Los dos partidos emergentes, mientras, luchan para dar un arreón a la reforma electoral e impulsar un sistema más proporcional. Los dos grandes partidos se muestran más reticentes porque la ley actual les beneficia. El PSOE, no obstante, está dispuesto a escuchar y a debatir también sobre este punto.

Recurso de amparo ante el TC por los vetos del Gobierno

El PSOE tiene ya muy ultimado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la admisión del veto del Gobierno por parte de la Mesa del Congreso, y con los votos de PP y Ciudadanos, a una de sus iniciativas. ¿Cuál? La que pretende que se deje de considerar como una misma unidad familiar a los familiares que conviven en una residencia de mayores. La medida pretende evitar lo que ocurrió a dos ancianas hermanas de Soria, que como vivían en el mismo lugar, la Administración computó ambas rentas, superando el límite de rentas de la unidad familiar que se establece en la Ley de Seguridad Social. Una de ellas, Julia, tuvo que marcharse y volver a Madrid para que su hermana no dejara de percibir su pensión no contributiva. Julia murió el mes pasado en la capital a los 94 años. 

Julia ha muerto sola en Madrid. Tuvo que separarse de su hermana para que el Gobierno no les quitase su pensión de 379€ por vivir en la misma residencia. PP y Cs vetan en el Congreso nuestra proposición para evitar estas situaciones. La política debe mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/Fdfiwhqbzd

 

Los socialistas quieren dar proyección a esa impugnación. Tomarla como banderín de enganche, para que el TC se pronuncie sobre el "uso abusivo" que a su juicio hace el Gobierno de su facultad de veto de las proposiciones redactadas por los grupos de oposición. La Constitución, en su artículo 134.6, permite al Ejecutivo poder rechazar las iniciativas parlamentarias que le supongan merma de ingresos o aumento de gasto, y a ello se agarra el Gabinete de Mariano Rajoy para frenar aquellas medidas que no comparte. Los socialistas denuncian constantemente que los vetos del Gobierno mantienen paralizadas las Cortes, y sin capacidad para aprobar políticas sociales. 

🔴 @sanchezcastejon Vamos a presentar un recurso de amparo ante el veto del Gobierno a la proposición de ley de regulación de la unidad de convivencia en las pensiones no contributivas. #EmpleosDignosPensionesDignas

 

Lo cierto es que ninguna de las grandes reformas del PP se han revertido, más allá del cambio en RTVE. Y este aún no se ha producido.