Quién es quién en el Consejo de Estado que ha dado un revolcón al Gobierno

Diez nombres figuran en el dictamen emitido el 25 de enero por el Consejo de Estado en el que desaconseja al Gobierno actuar ya e impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. Ocho hombres y dos mujeres, y una de ellas, además, con voz pero sin voto. Son los miembros de la comisión permanente del máximo órgano consultivo del Estado, el núcleo duro de poder de una institución añeja y envejecida que en muy pocas horas, y por unanimidad, propinó un duro correctivo a Mariano Rajoy, pese al cual el Ejecutivo no se arrugó y decidió seguir adelante: el Consejo de Ministros decidió este viernes acudir al Tribunal Constitucional, que resuelve hoy sábado si admite o no a trámite el recurso. Si da el visto bueno, el pleno del Parlament quedará automáticamente suspendido.

El Consejo de Estado es una de las instituciones con más solera del país, cuya fundación, con ese nombre, se atribuye al emperador Carlos V en 1526, aunque sus antecedentes son muy anteriores. Su función, tal y como recoge la Constitución de 1978 y la ley orgánica que lo regula, es meramente consultiva. Es decir, que emite una opinión fundada en Derecho sobre aquellas materias sobre las que el presidente del Gobierno o sus ministros o los presidentes de las comunidades autónomas le consultan. Pero sus informes y dictámenes no son vinculantes. Su presupuesto en 2017 alcanzó los 10,8 millones de euros.

Desde 2012, al poco de llegar Rajoy a la Moncloa, preside el Consejo de Estado el exministro de Sanidad, exvicepresidente y 'exconselleiro' de la Xunta de Galicia, expresidente de la Diputación de A Coruña y exdiputado nacional José Manuel Romay Beccaría, quien hace poco más de una semana cumplió 84 años. Pero su edad no es una excepción. De hecho, la media en la comisión permanente, el pilar de la institución, ronda los 78 años, si se descuenta la secretaria general, un cargo puramente técnico y que no tiene voto en las reuniones.

El supremo órgano consultivo del Estado funciona en pleno o en comisión permanente y se organiza en ocho secciones. A pleno van los asuntos más importantes, pero cuestiones como los dictámenes sobre recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional –como era este el caso– se despachan en la comisión permanente, que integran el presidente de la institución, Romay Beccaría, los ocho consejeros permanentes –cada uno de ellos presidente de su respectiva sección–, que lo son de forma vitalicia, y el secretario general (desde 2010, cuando fue nombrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, secretaria general). El pleno, en cambio, lo forman el presidente, los ocho consejeros permanentes, los consejeros natos –los once que lo son por razón de su cargo, más los expresidentes del Gobierno–, los diez consejeros electivos –los nombrados discrecionalmente por el Gobierno para un periodo de cuatro años– y el secretario general.

Quienes firmaron tanto el dictamen sobre la impugnación al TC de la investidura de Puigdemont como la resolución de la consulta sobre distintas cuestiones del pleno de investidura del Parlament fueron los integrantes de la comisión permanente, el corazón del Consejo de Estado que dirige Romay Beccaría y en el que se sientan políticos de larga carrera como la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega; el exministro de Justicia socialista Fernando Ledesma; el exjefe de la Casa del Rey Alberto Aza; el expresidente del Congreso por UCD Landelino Lavilla; o el padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Romay, que como presidente del Consejo de Estado tiene rango de ministro, cobra un sueldo anual de 79.373,04 euros, en doce mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias. Es una remuneración ligeramente más baja que la de Rajoy. 383,64 euros menos. Los ocho consejeros permanentes ingresan más de 100.000 euros anuales, poco más que el secretario general (uno de los letrados mayores).

La edad media de los miembros de la comisión permanente, dejando aparte la secretaria general, es de 78 años. El presidente cobra 79.300 euros

Estas son a grandes rasgos las trayectorias vitales de los ocho hombres y dos mujeres que forman parte del núcleo duro de la institución y que han recordado al Gobierno que no valen las "impugnaciones preventivas o hipotéticas" ante el TC, "habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara" el próximo martes, 30 de enero, fecha fijada por el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), para el pleno de investidura.

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José Manuel Romay Beccaría (84 años)

Romay Beccaría (Betanzos, A Coruña, 1934) conoce muy bien la institución. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, ingresó por oposición como letrado del Consejo de Estado en 1959, hace casi 60 años. Ya presidió el máximo órgano consultivo entre 2003 y 2004 –en la época de José María Aznar–, a la muerte de Íñigo Cavero. Rajoy lo devolvió al puesto en marzo de 2012, a los pocos meses de entrar en la Moncloa. Relevó así al elegido por Zapatero para el cargo, el ya fallecido Francisco Rubio Llorente.

Romay Beccaría ya presidió la institución entre 2003 y 2004, a la muerte de Íñigo Cavero. Fue el antecesor y el sucesor de Francisco Rubio Llorente

Mentor del hoy jefe del Ejecutivo, ha ocupado casi todos los escalones de la Administración. Como recuerda la web de la institución, fue secretario general de Sanidad, director del Instituto de Estudios de la Administración Local, subsecretario de la Presidencia y del Ministerio de la Gobernación, vicepresidente de la Xunta, presidente de la Diputación de A Coruña, 'conselleiro' gallego de Agricultura y Sanidad, parlamentario autonómico y diputado nacional y ministro de Sanidad y Consumo entre 1996 y 2000. Rajoy le hizo tesorero del PP en 2010, en sustitución de Luis Bárcenas. Precisamente por ese cargo anterior al de presidente del Consejo de Estado se le preguntó hace una semana, cuando pasó por la comisión territorial del Congreso. A su llegada, aseguró que es "evidente" que en su partido hubo casos de corrupción. Para entonces, ya habían destapado la presunta financiación irregular del PP valenciano el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y varios empresarios. Y eso que aún no había confesado el ex número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa.

Landelino Lavilla (83)

En septiembre, Landelino Lavilla Alsina (Lleida, 6 de agosto de 1934) cumplirá 35 años como consejero permanente del Consejo de Estado. Ni más ni menos. Ingresó al poco de que Felipe González llegara a la Moncloa, tras las generales en las que Lavilla compitió como candidato a la Presidencia del Gobierno de una UCD en total descomposición. En aquellos comicios su formación, la misma que había fundado Adolfo Suárez, consiguió apenas 11 escaños.

Lavilla había entrado en política en 1974, con el dictador Francisco Franco aún vivo, como subsecretario del Ministerio de Industria. En 1976 fue designado ministro de Justicia, cartera desde la que, con Suárez como jefe del Ejecutivo, se pilotó la redacción de la Ley para Reforma Política, la que permitió la celebración de las primeras elecciones legislativas democráticas, las del 15 de junio de 1977. Se estrenó como diputado en el Congreso, y por la circunscripción de Jaén, en las generales de 1979. Tras ellas, Suárez le propuso como presidente de la Cámara Baja, y fue elegido por unanimidad, cargo en el que sustituyó a Fernando Álvarez de Miranda. Bajo su mandato, España vivió la convulsión del golpe de Estado del 23-F. En pleno estallido interno de UCD, fue elegido presidente de la coalición el 13 de julio de 1982 y candidato a la Moncloa para las legislativas de ese año. Cuando el Gobierno de González lo eligió al año siguiente como consejero permanente, su baja fue cubierta por el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.

Lavilla, expresidente del Congreso y excandidato de UCD, ingresó en 1983 como consejero permanente, y ha pasado por la jefatura de tres secciones

En el Consejo, primero ocupó la presidencia de la sección octava. Después, en 1991, el mismo Ejecutivo socialista lo llevó a la jefatura de la sección segunda –la que despacha hoy los asuntos remitidos por Justicia, Empleo y Seguridad Social–, y en 1996 asumió la sección primera, en la que todavía hoy, 22 años después, sigue. Es la más importante de todas, pues es la que aborda los asuntos que le envía Presidencia del Gobierno y los ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda y Presidencia. Como presidente de la sección, le correspondía la batuta del dictamen contrario al Ejecutivo emitido este jueves. En 1992 fue propuesto por IU como magistrado al Constitucional, pero él exigió consenso absoluto y, al no cuajar, renunció. En 1994, el Gobierno de González le postuló, con el acuerdo del resto de formaciones, para Defensor del Pueblo. Pero también declinó la oferta, ya que consideraba finalizado su ciclo "dedicado a la vida política".

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Juanma Romero EC

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (82)

En 1961 se convirtió en el catedrático más joven de España, al hacerse con la cátedra en Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia. Un año más tarde, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (Sevilla, 17 de febrero de 1935) asumió la misma cátedra, pero en la Universidad de Sevilla, en la que fue decano de la Facultad de Derecho desde 1975 a 1980. Fue candidato socialista al Senado por Cádiz en las generales de 1977, aunque no consiguió escaño. El Gobierno de González le propuso como magistrado al TC en 1986. En 1992 se convirtió en presidente del Alto Tribunal en sustitución de Francisco Tomás y Valiente, que había cumplido su periodo en el cargo.

El expresidente del Constitucional Rodríguez-Piñero lleva en el Consejo desde 1996, y el padre de la Carta Magna Rodríguez de Miñón, desde 2009

Objeto de críticas por el PP –fue apodado como "el hombre de González"–, concluyó su mandato en abril de 1995. Casi un año más tarde, el 23 de febrero de 1996, el Ejecutivo socialista, casi de salida, le nombró consejero permanente del Consejo de Estado, en sustitución de Tomás y Valiente, asesinado por ETA el 14 de febrero de ese año. Desde entonces preside la sección segunda, la que se encarga de despachar los asuntos de Justicia y Empleo y Seguridad Social.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (77)

Pasó por la comisión territorial una semana antes que Romay Beccaría. En su caso, no por su pertenencia al Consejo de Estado, sino como uno de los siete padres de la Constitución. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 18 de junio de 1940) es, de hecho, uno de los tres ponentes de la Carta Magna vivos, junto a José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca.

Letrado del Consejo de Estado desde 1966, fue elegido diputado por Madrid de UCD en 1977, y reelegido en las generales de 1979, año en que también obtuvo acta como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Fue presidente del grupo parlamentario centrista entre 1980 y 1981. Al año siguiente, ingresaría en Alianza Popular, bajo cuyas siglas concurriría en las legislativas de octubre, en las que arrasó González. Su nuevo partido, de hecho, le designó como portavoz del grupo entre 1982 y 1987. En 1986, tras la renuncia de Manuel Fraga a la presidencia, se convirtió en jefe de la oposición, y al año siguiente optó al liderazgo de los conservadores, pero fue derrotado por Antonio Hernández Mancha. Cuando la formación heredera de AP, el Partido Popular, eligió a Aznar como su líder, Herrero y Rodríguez de Miñón fue poniendo tierra de por medio. En 1993, abandonó la política activa, después de que fuera apartado por la dirección. Rompió su carné finalmente en 2004.

En la institución también se sienta el primer ministro de Justicia de González, Fernando Ledesma, que ya presidió el órgano en los noventa

En 1994 regresa como letrado a su antigua casa, al Consejo de Estado y en mayo de 2009, el Gobierno de Zapatero le nombró consejero permanente y presidente de la sección tercera, en la que continúa, que es la encargada de ver los asuntos enviados por Interior.

Fernando Ledesma Bartret (78)

Primero ingresó en la carrera fiscal, en 1965, hasta que en 1972 obtuvo la oposición a magistrado de lo contencioso-administrativo, para pasar posteriormente a la Audiencia Nacional. Fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1980, pero dos años más tarde, él, Fernando Ledesma Bartret (Toledo, 30 de diciembre de 1939), se convirtió en el primer ministro de Justicia de Felipe González. Con él se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció la elección de todos los vocales del CGPJ por Congreso y Senado, y se aprobó la ley de despenalización del aborto. Fue cesado en julio de 1988, y cedió su cartera a Enrique Múgica.

La última incorporación, de 2012, es la de Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey, exdirector de Gabinete de Suárez y exembajador en varios países

Volvió a su escaño en el Congreso, que revalidó en las generales de 1989. En 1991 el Gobierno de González le nombró presidente del Consejo de Estado, en sustitución de Tomás de la Quadra-Salcedo, que pasó a ocupar el Ministerio de Justicia. Ledesma dirigió el máximo órgano consultivo del Estado hasta mayo de 1996, cuando Aznar nombró a Íñigo Cavero. En mayo de 2009, el Ejecutivo de Zapatero le designaría consejero permanente y presidente de la sección cuarta, que hoy lleva los asuntos de Defensa e Industria, Energía y Turismo.

Alberto Aza Arias (80)

Alberto Aza Arias (Tetuán, 23 de mayo de 1937), licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, atesora una larga experiencia diplomática. Comenzó su carrera en el exterior en julio de 1965, como secretario de la Embajada de Libreville (Gabón), desde la que pasó, en 1967, a la de Argel. Ascendido a secretario de primera en 1970, en 1972 fue destinado a la legación española en Roma. En 1975, con categoría de consejero de Embajada, fue desplazado al Ministerio de Exteriores. Primero fue director de Difusión Informativa Internacional de la Oficina de Información Diplomática (OID), y después, en 1977, subdirector de la OID. En mayo de ese año, 1977, Suárez le designó como director de su Gabinete, cargo que ejerció hasta su dimisión, en 1981. Tras su salida del Ejecutivo, Aza fue embajador de España en varios países (Belice, México, Reino Unido), hasta asumir, entre 2000 y 2002, la dirección general de la OID.

En septiembre de 2002 pasó a ser el nuevo secretario general –número dos– de la Casa del Rey, y en diciembre de ese mismo año, en una sucesión ordenada, relevó como jefe de la Casa a Fernando Almansa. Durante su mandato, le tocó pilotar la boda del entonces príncipe de Asturias con la periodista Letizia Ortiz. El 30 de septiembre de 2011, don Juan Carlos lo sustituye por Rafael Spottorno, que había ejercido como secretario general de la institución entre 1993 y 2002. Spottorno fue el antecesor del actual jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, nombrado por Felipe VI a su llegada al trono.

Aza fue nombrado consejero permanente por Rajoy en febrero de 2012, tras la muerte de Antonio Sánchez del Corral. Desde el principio se ocupó de la presidencia de la sección quinta, la encargada de despachar los asuntos rebotados por los ministerios de Hacienda y Economía.

José Luis Manzanares Samaniego (87)

Es el miembro de mayor edad de la comisión permanente: José Luis Manzanares Samaniego nació en Málaga el 10 de diciembre de 1930. Ya en 1955 ingresó en la carrera judicial, en 1968 es ascendido a magistrado y entre 1979 y 1986 ejerció como letrado del Ministerio de Justicia. En 1986 es nombrado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, cuatro años más tarde, como miembro de la Sala Especial de Conflictos.

El exjuez del Supremo y exvicepresidente del CGPJ Manzanares es el miembro de más edad de la permanente; el letrado Enrique Alonso, el más joven

El 30 de octubre de 1990 fue elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP. Ejerció como vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces entre 1990 y 1996. En este último año se reincorporó a la Sala Segunda del TS. En noviembre de 1997, el Ejecutivo de Aznar lo nombró consejero permanente del Consejo y presidente de la sección sexta, en la que continúa, y que despacha los asuntos remitidos por Fomento.

María Teresa Fernández de la Vega Sanz (68)

Es de los rostros más conocidos del Consejo de Estado, pero por su cargo anterior, el de vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz, que ejerció entre 2004 y 2010. Pero antes de llegar a la Moncloa, María Teresa Fernández de la Vega Sanz (Valencia, 15 de junio de 1949) atesoraba una fecunda trayectoria en la política y, sobre todo, en el mundo de la Justicia.

Fernández de la Vega fue la primera mujer en acceder a la vicepresidencia del Gobierno y ahora es la única consejera permanente de Estado

Ingresó en 1974 en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales como número uno de su promoción. Su primer destino fue la Magistratura de Trabajo número 1 de Barcelona, ciudad en la que desplegó un importante activismo político. Llegó a afiliarse al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), en el que militó hasta 1979. Fue de las primeras mujeres miembros de la asociación Jueces para la Democracia. Entre 1982 y 1985 fue nombrada jefa del Gabinete del entonces titular de Justicia, Fernando Ledesma. Después, y hasta 1988, fue designada directora general de Servicios del Ministerio de Justicia. En noviembre de ese año pasó al CGPJ, como letrada-jefe del Servicio de Personal. Pero en 1990 –un año después de convertirse en magistrada por el cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia–, fue elegida vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PSOE.

Entre 1994 y 1996, y a propuesta del 'biministro' Juan Alberto Belloch, fue nombrada secretaria de Estado de Justicia –su compañera, como número dos de Interior, era Margarita Robles, actual portavoz parlamentaria del PSOE–. En 1996 los socialistas la incluyeron en las listas por Jaén. Consiguió escaño, que renovó en 2000 por Segovia, en 2004 por Madrid y en 2008 por Valencia. Entre 2004 y 2004 se encargó de la secretaría general del grupo. Zapatero, tras ganar a la primera las generales, la designó vicepresidenta primera. Era la primera vez que una mujer accedía a ese puesto.

En octubre de 2010, el presidente acometió una profunda remodelación del Ejecutivo que la hizo caer. Zapatero la sustituyó por Alfredo Pérez Rubalcaba, pero a cambio le hizo hueco en el máximo órgano consultivo del Estado, como consejera permanente y presidenta de la sección séptima, en la que recaen los temas de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, es presidenta ejecutiva de la Fundación Mujeres por África, que ella misma creó en 2012 y cuya presidencia de honor recae en la reina Letizia.

Enrique Alonso García (64)

Representa el polo opuesto a Manzanares Samaniego. Enrique Alonso García (Madrid, 1954) es el miembro más joven de la comisión permanente. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Laws por la Universidad de Virginia.

Alonso fue responsable de la cátedra Unesco Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor en las universidades de California y de Virginia. También fue director general de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, director de la Sección de Derecho Ambiental del IUCA (Universidad Complutense de Madrid) y director del Real Colegio Complutense. Cuando el Gobierno de Zapatero le nombró consejero permanente, en junio de 2006, era letrado mayor del Consejo de Estado. Es presidente de la sección octava, la última, la que ve los temas vinculados al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Guadalupe Hernández-Gil y Álvarez-Cienfuegos

Ella es la secretaria general del Consejo de Estado, cargo que es nombrado por real decreto entre los letrados mayores, a propuesta de la comisión permanente aprobada por el pleno. La secretaria general asiste, con voz pero sin voto, a las sesiones del pleno, de la comisión permanente y de la comisión de estudios. Hernández-Gil fue nombrada por el Ejecutivo de Zapatero en junio de 2010.

Los natos y los electivos

Además del presidente, los consejeros permanentes y el secretario general, forman parte del pleno del Consejo de Estado los consejeros natos, los que acceden por razón de su cargo, y los consejeros electivos, hasta un máximo de diez, y por un periodo de cuatro años (salvo los expresidentes autonómicos, que podrán permanecer ocho), renovables. 

Los consejeros natos son el director de la Real Academia Española (ahora mismo, Darío Villanueva), el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (José Antonio Escudero López), el presidente del Consejo Económico y Social (Marcos Peña), el fiscal general del Estado (Julián Sánchez Melgar), el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Fernando Alejandre), la presidenta del Consejo General de la Abogacía (Victoria Ortega), el abogado general del Estado (Eugenio López Álvarez), el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Benigno Pendás), el gobernador del Banco de España (Luis María Linde), el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Juan Velarde), y el presidente de la sección primera de la Comisión General de Codificación (Antonio Pau Pedrón). 

Además, son consejeros natos, y con carácter vitalicio, los expresidentes del Gobierno. Estos pueden ingresar en el momento en que lo deseen. Sin embargo, ahora no están en el órgano ninguno de los cuatro exjefes del Ejecutivo vivos. Zapatero estuvo en él tres años (2012-2015), hasta que pasó a dirigir una fundación alemana, el Instituto de Diplomacia Cultural. González nunca demandó su entrada y Aznar dimitió del cargo para incorporarse a la empresa privada. 

Los consejeros electivos son en este momento la exdefensora del pueblo María Luisa Cava de Llano; la filósofa Amelia Valcárcel; el expresidente del Senado Juan José Laborda; el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, los exministros del PP José María Michavila, Isabel Tocino y Ana Palacio, el exdiputado de CiU Manuel José Silva Sánchez y el exministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona. Aún habría una vacante. 

La Ley Orgánica 3/2004, aprobada bajo el Gobierno de Zapatero, posibilitó la entrada de los exjefes del Ejecutivo en el Consejo de Estado y dotó al órgano la potestad de emitir informes (y no solo dictámenes), para lo que creó la comisión de estudios, que dirige el presidente de la institución (Romay Beccaría, en este caso), y de la que forman parte dos consejeros natos y dos electivos, designados por el pleno a propuesta de su presidente, así como del secretario general. La comisión de estudios fue la que redactó el informe que pidió Zapatero acerca de la reforma constitucional. Ese documento, aprobado por el pleno de la institución en 2006, recibió el voto en contra de Aznar.