El Gobierno señala a Torrent ante el TC y le recuerda el horizonte penal de Forcadell

El presidente del parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, se ha convertido en el principal objetivo de la ofensiva política y jurídica del Gobierno para impedir que los independentistas nombren presidente de la Generalitat catalana a Carles Puigdemont. Después del cambio de tono ensayado en su toma de posesión, el dirigente de ERC se ha puesto al servicio de la causa del prófugo de la Justicia, uno de los motivos por los que el Ejecutivo decidió adelantar su recurso al Tribunal Constitucional, según admiten en la Moncloa. El Gobierno señala ahora a Torrent para que el TC le advierta que se juega compartir el horizonte penal de su antecesora en el cargo, Carme Forcadell.

El viaje del presidente del 'parlament' a Bruselas para evacuar consultas con Puigdemont y el hecho de que pretendiera hacerlo en la sede oficial de la Generalitat en la capital belga confirmó que Torrent estaba decidido a forzar una investidura ilegal del huido.

Según el Ejecutivo y los constitucionalistas en Cataluña, el dirigente de ERC "vulneraba los derechos de los diputados de los demás grupos"

Al mismo tiempo, según el criterio del Ejecutivo y de los partidos constitucionalistas en Cataluña, el dirigente de ERC "vulneraba los derechos de los diputados de los demás grupos", al dispensar trato de favor al expresidente autonómico mientras se negaba a contar a los representantes de Ciudadanos, el PSC y el PP la información sobre cómo plantearía el pleno de investidura.

En la Moncloa constataron el mismo miércoles que Torrent iba a promover la candidatura de Puigdemont sin dar pistas hasta última hora sobre las vulneraciones que va a permitir (como el voto delegado, la intervención retransmitida o en diferido y la elección telemática) para no dar margen de reacción previa al Ejecutivo y al Tribunal Constitucional.

En el Gobierno no quieren ni pensar en tener que enfrentarse al "hecho consumado" de una investidura que siempre sería ilegal y automáticamente anulada por el TC, pero después de que Puigdemont se apuntara el tanto del espectáculo y dejar en ridículo al Estado de Derecho. La vicepresidenta del Gobierno lo explicó después del Consejo de Ministros con toda claridad. "El Gobierno está obligado a defender la unidad de España" y tiene que evitar "otra afrenta a la democracia" del político prófugo, dijo Soraya Sáenz de Santamaría más allá de los argumentos puramente jurídicos del recurso presentado ante el Constitucional.

El texto remitido al TC incluye la misma vía de aviso que le llegó en su día a Carme Forcadell, presidenta de la Cámara autonómica catalana en la pasada legislatura y pieza básica en la intentona separatista ahora de salida.

"El Gobierno está obligado a defender la unidad de España" y evitar "otra afrenta a la democracia" del político prófugo, dijo Santamaría

El Gobierno pide que en la resolución que dicte el tribunal se indique a Torrent y los demás miembros de su Mesa que se abstengan de "iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura cuyo candidato a la presidencia de la Generalitat sea Carles Puigdemont, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga".

El recurso se refiere al delito de desobediencia con el que Forcadell empezó su carrera de acusaciones que le llevó a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo. La antecesora de Torrent pasó una noche en la cárcel y fue puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Imputada además por rebelión, sedición y malversación, se enfrenta a peticiones de cárcel de entre 15 y 30 años. Terminó su carrera política con el cambio de legislatura después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tiene un horizonte penal complicado. Si el Constitucional admite el recurso del Gobierno, Torrent tendrá que elegir la próxima semana si quiere seguir los pasos de Forcadell al servicio de Puigdemont.