el próximo martes se celebra el pleno

El Gobierno impugnará ya la candidatura de Puigdemont pese al Consejo de Estado

El Gobierno había pedido el informe previo al órgano consultivo para recurrir al Constitucional la candidatura del 'expresident' antes de que se convoque el pleno

Foto: Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso. (Reuters)
Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso. (Reuters)

El Gobierno, que está tirando de todos los recursos a su alcance para tratar de frenar la candidatura del prófugo Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, ha decidido hacer caso omiso del informe del Consejo de Estado, preceptivo pero no obligatorio, que recomienda esperar a que se sustancie la convocatoria y fórmula de la investidura antes de recurrir al Tribunal Constitucional. Fuentes gubernamentales insisten en que no hay tiempo que perder ni margen que dejar a los independentistas para que fuercen la elección ilegal del 'expresident' y que el Consejo de Ministros tiene que pedir este viernes la intervención del TC.

El Ejecutivo dejará a un lado el que era su plan original, que es el que avala el informe del órgano consultivo al plantear el requisito previo de contar con alguna pista formal sobre los planes de la mayoría independentista de la Cámara autonómica para que el recurso al Constitucional no parezca algo "preventivo".

En poco más de dos horas, el Consejo de Estado remitió al Ejecutivo el informe requerido para que el Consejo de Ministros acuda al TC. En el texto admite que hay materia para el recurso, pero advierte de que no es el momento para dar el paso. Ese retraso, según fuentes del Ejecutivo, podría facilitar la investidura de Puigdemont, ya que se prevé que la Mesa juegue con los tiempos y con el reglamento para sacarla adelante, lo que no sería óbice para que luego fuera tumbada por el Constitucional.

Carles Puigdemont. (Reuters)
Carles Puigdemont. (Reuters)

Los mismos medios insistieron en que, pese a la advertencia del órgano consultivo, el Gobierno recurrirá ya al Constitucional para que paralice la propuesta de investidura del expresidente autonómico planteada por Roger Torrent, previo acuerdo de ERC y el partido del dirigente secesionista huido a Bruselas. Y el Ejecutivo lo hará aún a riesgo de que algún miembro del TC se eche atrás precisamente por el informe del Consejo de Estado.

El Gobierno busca una suspensión inmediata de la sesión de investidura, antes de que pueda arrancar, también como una forma de presión a Torrent para que desista de presentar al prófugo y cambie esa candidatura por otra de un diputado 'limpio' de causas judiciales. La mera admisión a trámite del recurso supondría la anulación del pleno.

El órgano consultivo del Estado confirma en las cuestiones de fondo que un aspirante a la presidencia de la Generalitat que no esté presente en la Cámara es imposible que pueda ser investido, que no cabe elección telemática ni “por poderes”. También considera contrario a la ley y materia recurrible que se admita el voto delegado de los diputados electos que se encuentran fuera de territorio nacional.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo al anunciar la decisión del Gobierno de recurrir al Constitucional que “el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible" con su comparecencia personal en la Cámara, ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.

La dirección del PSOE se desentendió rápidamente del varapalo del Consejo de Estado, pese a que pocos minutos después de la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno en La Moncloa informó a los periodistas de que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy habían hablado previamente y de que el partido apoyaba las iniciativas emprendidas para frenar la investidura de Carles Puigdemont. Cuando se conoció que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo no avalaba a Rajoy y discrepaba del momento de la impugnación, fuentes de Ferraz subrayaron que la decisión de acudir al Constitucional "es un tema del Gobierno" que los socialistas habían "apoyado lealmente". Y ahora "debe responder el Gobierno", indicaban desde el equipo del secretario general, informa Juanma Romero.

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