Forcadell desmonta a Puigdemont para salvarse: "Todo fue simbólico"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, salió este jueves bien parada de su cita ante el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena optó -tras escucharla junto a otros cinco miembros de la Mesa de la cámara por tramitar la aprobación de la declaración unilateral de independencia- por imponerle una fuerte fianza de 150.000 euros. Aunque la elevada cantidad no evitó su ingreso en la cárcel de Alcalá Meco, la propietaria de una de las caras más reconocibles del procés reunirá el dinero en las próximas horas y recuperará la libertad. La clave de su buena suerte, la diferencia esencial con Junqueras, vicepresidente del Govern depuesto, y sus exconsellers, fue el contenido de su declaración en la que no sólo asumió el artículo 155 sino que tachó la ansiada DUI como "simbólica" e incluso prometió no actuar fuera del marco Constitucional.

A pesar de destacar que Forcadell ha tenido en los dos últimos años un papel protagonista y "principal" en los hechos que se investigan, "tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos", el juez no ve motivos para ordenar su prisión incondicional. Su acatamiento expreso de la norma máxima, durante los interrogatorios y también en las vistillas donde Fiscalía pidió cárcel sin condiciones, desmontan los sucesos del último mes, que ella lideró "fase por fase", convierten la declaración en un mero órdago sin valor jurídico y dejan aislado a Carles Puigdemont, atrincherado en Bélgica con la reivindicación diaria de que es el president legítimo.

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La acusada y los otros cuatro diputados investigados -Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet- no sólo han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución sino que han manifestado que, "o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", asegura el auto de forma textual. Los otros miembros de la Mesa saldan su comparecencia con fianzas de 25.000 euros y un plazo de siete días para reunirlas. El más beneficiado, Joan Josep Nuet, que queda libre sin ninguna medida.

[Lea aquí la sentencia del Tribunal Supremo]

Tanto la decisión como el contenido del auto constituyen un golpe para la Fiscalía, que pidió prisiones incondicionales para la propia Forcadell y otros cuatro, pero acredita el contenido de su querella, lanzada por rebelión y delitos menores como la sedición y la malversación. El juez destaca que los escritos del Ministerio Público están bien fundamentados, constata la concurrencia inicial de todos elementos que precisa la calificación de rebelión, pero duda de que en este punto pueda demostrarse que hubo un uso de la masa, a través de movilizaciones populares, hasta el nivel violento que precisa. Faltan aún indicios para considerarlo probado.

"Debe excluirse que los querellados aspiraran a lograr la independencia del territorio por las vías legales", destaca el auto que reproduce las sucesivas decisiones del Tribunal Constitucional prohibiendo cada paso dado hacia la secesión. Como este camino era imposible, y la solución pactada también "se optó por realizar un referéndum, sabiendo de su ilegalidad y de la prohibición de su celebración, y conociendo además que si el resultado mayoritario de los votantes era favorable a la independencia, se iba a proceder, inexorablemente y sin negociación ninguna, a la constitución de una república independiente".

Así, los acusados decidieron alcanzar una situación de hecho, para después, lograr imponer su aceptación política y recurrieron a una movilización ciudadana, que instrumentalizaron a su antojo, y que debía alcanzar tal calibre que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado, y que lograra su propósito "mostrando una determinación generalizada y explícita, al tiempo que férrea e inflexible ante cualquier otra alternativa", dice el magistrado.

Tanto la decisión como el contenido del auto constituyen un duro varapalo para la Fiscalía y rebajan el contenido de su querella

Destaca que sucesos como la ocupación organizada de calles por centenares de tractores, el asedio de edificios pertenecientes a la Administración del Estado, el aislamiento de agentes o de la comisión judicial que realizó el registro de la Consejería de Economía o el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden, son comportamientos que "expresan el violento germen que arriesgaba expandirse" y fueron conscientemente instrumentalizados. Se emplearon a modo de "espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular".

No ve tampoco el juez por el momento pruebas suficientes de un uso irregular de fondos públicos y destaca que no hay ninguna base para asegurar que se gastaron 6,2 millones de euros en la consulta. "Las defensas aportan un certificado que revela un uso de sólo 25.000", indica en un segundo auto sobre la responsabilidad civil, que rechaza imponer por ahora. Respecto a la comparación con la actuación de la juez Carmen Lamela, su colega de la Audiencia que con los mismos indicios decidió encarcelar a Junqueras y el resto, el auto avisa de que, "a diferencia de lo que pueda ocurrir con quienes aparecen involucrados en el proceso secesionista, pero son objeto de investigación en otros procedimientos", los acusados ante el TS se limitaron a la creación de una base normativa para la independencia.

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Llarena aprecia, en todo caso, escaso riesgo de reiteración delictiva a la vista de la actitud de colaboración mostrada y a pesar de la cercanía de las elecciones y minimiza el riesgo de fuga, que "se difumina" porque Forcadell y los demás se han presentado cuantas veces han sido citados tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como por el Supremo. En un guiño a Puigdemont, señala "el contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados".