Santi vila ingresará hasta que deposite 50.000 euros

A prisión Junqueras y siete 'exconsellers' por evidente riesgo de fuga

La jueza Lamela sigue el criterio de la Fiscalía y apunta que hay elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

Foto: El vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. (EFE)
El vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. (EFE)

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado este jueves el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y siete de los 'exconsellers' del cesado Govern de Cataluña. Por otra parte, impone a Santiago Vila, el noveno imputado, una fianza de 50.000 euros para eludir la cárcel, informan fuentes jurídicas. Los nueve acusados que han permanecido en las dependencias judiciales hasta que se les ha comunicado la decisión, serán encarcelados y en el caso del conseller de Empresa, saldrá en libertad cuando deposite la caución fijada. La magistrada les atribuye los delitos de rebelión, sedición y malversación y apunta que se enfrentan a elevadas penas: un máximo de 50 años de condena.

La magistrada considera que todos ellos jugaron un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franquearon todas las barreras que pudieran desviarles de su última finalidad. Asegura que existe un elevado riesgo de reiteración delictiva y pueden destruir fuentes de prueba. Destaca, además, su elevado poder adquisitivo que les permitiría fugarse y no responder ante la Justicia. "Basta recordar el hecho de que algunos ya se han desplazado a otros países", destaca el auto en referencia a Puigdemont y los cuatro miembros de su Govern que se encuentran en Bruselas y no han respondido a las citaciones.

En opinión de la jueza, cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse. Una acción "meditada y perfectamente preparada y organizada" a lo largo de la cual se ha reiterado durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Como ya hizo en el caso de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Lamela se refiere a documento 'Enfocats', incautado a Josep María Jové en la operación Anubis, y que según su criterio, demuestra la estrategia conjunta para alcanzar la independencia por vías ilegales, en un plazo de 18 meses. En concreto, ingresarán en la cárcel sin posibilidad de fianza Oriol Junqueras, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Coll, Joaquim Forn y Carles Mundó. Lamela destaca que el documento, "se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante el tiempo transcurrido, incluida la DUI".

El principal objetivo era crear un Estado autónomo propio y, mientras los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a "crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado".

Las declaraciones de los nueve miembros del Govern de Cataluña que han respondido a la citación de la juez de la Audiencia Nacional han comenzado minutos antes de las 10 de la mañana. El exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho consellers, entre ellos la de la Gobernación, Meritxell Borràs, que hasta instantes antes estaba en Bélgica, han acudido a las dependencias judiciales a partir de las 8 de la mañana. Tras constatar que, según lo anunciado, ni Puigdemont ni otros cuatro consejeros se han presentado, la Fiscalía ha reclamado sus detenciones.

[Siga en directo esta jornada clave con las declaraciones en la AN y el Supremo]

Lamela precisa que el caso de Santi Vila es diferente. Desistió voluntariamente de proseguir con el procés soberanista el día 26 de octubre, es decir, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, "lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento independentista. El exconseller de Empresa estuvo solo desde el inicio. Llegó aislado y sin el apoyo de los aplausos de la delegación parlamentaria de ERC y el PDeCAT desplazada hasta la Audiencia Nacional. Según informan fuentes jurídicas, depositará la caución mañana y pasará una noche en la cárcel. Vox, personada como acusación popular, había reclamado también en su caso prisión incondicional. "No podemos tolerar que se acepte la impunidad cuando ha habido la comisión de delitos gravísimos", declararon sus abogados.

Individualiza también la responsabilidad de algunos de los consellers. Por ejemplo, destaca que Joaquim Forn hizo declaraciones en las que se refirió a que no habría colisión entre policías "si había buena voluntad y se admitía la nueva realidad política". Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el "rechazo institucional" al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs afirma que adoptó "medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum"; de ahí el delito de malversación.

La juez que también investiga al ex 'major' de los Mossos Josep Lluis Trapero, no deja muy bien a la policía autonómica y explica que, en la mayoría de los casos, los agentes mostraron durante el referéndum una actitud pasiva, "manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en que miembros de la GC eran agredidos". Llegaron a enfrentarse con miembros del Instituto Armado a los que increparon en ocasiones cuando estaban ejerciendo su función.

"Incluso llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares", dice. La magistrada tiene pendiente volver a citar a Trapero una vez amplíe la investigación en su contra a los hechos del 1-O, como reclama Fiscalía.

Lamela ha seguido el criterio de la Fiscalía que, en dos querellas acusó al Govern y también a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa, de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. En el marco de estas mismas actuaciones, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llamado a declarar, los mismos días, a Forcadell y a los otros cinco ex miembros de la Cámara aunque ha aplazado los interrogatorios al próximo 9 de noviembre, a petición de los abogados. El instructor Pablo Llarena ha ordenado que permanezcan bajo vigilancia policial hasta ese día.

La jueza de la Audiencia Nacional había citado este jueves y viernes a 14 personas en total. No obstante, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont continúa en Bruselas acompañado por cuatro de sus exconsejeros. Junto a él se encuentran el exconsejero de Salud Antoni Comín, el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig, la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret y la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí.

Los interrogatorios han arrancado con Turull y todos los acusados se han limitado a contestar las preguntas de sus defensas. Vila, no obstante, sí ha respondido a instructora y fiscal y ha permanecido ante Lamela 45 minutos. En representación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional asisten el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, y Pedro Rubira.

Miembros del Govern acuden a declarar. (EFE)
Miembros del Govern acuden a declarar. (EFE)

Las querellas de Fiscalía se presentan contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI). La jueza Lamela se ha declarado competente para investigar a Puigdemont y su equipo de gobierno y destaca que su auto que, conforme al relato expuesto por la Fiscalía en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.

Destaca, además, que los querellados "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural --cuyos presidentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión por un presunto delito de sedición-- que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".

Asimismo, la juez Lamela ha incorporado esta querella a la causa en la que ya se investiga a los líderes de ANC y Òmnium, al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición por los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona el pasado 20 y 21 de septiembre.

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