Altos cargos de instituciones del Estado aguan la reforma federal de la Constitución

Se llama comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, pero el tema principal de discusión es, lógicamente, más amplio, la reforma constitucional. Bien para apoyarla o bien para cuestionar su necesidad. Y por ahora, con dos sesiones a las espaldas de los diputados que forman parte del órgano, la balanza se inclina más hacia lo segundo. El PSOE, el impulsor de la comisión y firme defensor de la revisión del texto de 1978 en un sentido federal, no está contando de momento con el respaldo expreso de los comparecientes. Claro que, como recuerdan desde la dirección, hasta ahora han desfilado exdirigentes y altos cargos conservadores.

Eso ocurrió también este miércoles, en la segunda e intensa jornada de debate en el Congreso, una semana después de la exposición de los padres de la Ley Fundamental. Por la mañana, acudieron a la comisión el presidente del Consejo de Estado (y extesorero del PP), José Manuel Romay Beccaría, y Benigno Pendás, director general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría. Por la tarde, turno de los presidentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo, y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Cristóbal Torres Albero, ambos nombrados por el Gobierno. Los dos primeros expresaron sus reservas hacia una reforma de la Carta Magna. Los dos últimos tienen un perfil más técnico y no vertieron opiniones personales, si bien Torres sí aseguró que el organismo que dirige no ha preguntado por una modificación de la Ley Fundamental en los últimos años porque no aparece como una de las preocupaciones de los españoles. En cambio, sostuvo, sí se ha constatado un aval mayoritario de los ciudadanos a la actual arquitectura autonómica.

Los dos últimos comparecientes fueron los presidentes del INE y del CIS, de perfil más técnico. Ambos evitaron expresar opiniones personales

El veterano (este jueves cumple 84 años) Romay Beccaría —es letrado del Consejo desde 1959, exdiputado autonómico y nacional, exministro, exvicepresidente de la Xunta, expresidente de la Diputación de A Coruña— se explayó sobre todo en la exposición del informe que el Consejo de Estado emitió en 2006 [aquí en PDF], a requerimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se cuidó de dar rienda suelta a su propia opinión. Pero sí señaló que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo sí cree que "solo una reforma del Senado de alcance constitucional" puede conformarlo como una "Cámara con identidad propia, representativa de la diversidad", y cuya actividad no sea la de una institución dedicada a corregir los errores del trámite parlamentario tras el paso por el Congreso.

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Informe de 2006 ya "fuera de tiempo"

Y también cree el Consejo de Estado que conviene dar más atribuciones a la Administración central. Recordó que hay quienes entienden que es preferible "derogar" el artículo 150.2 de la Constitución, el que faculta al Ejecutivo a transferir competencias a las autonomías, para "eliminar cualquier posibilidad de seguir desapoderando al Estado por cualquier vía más directa de poderes". "Al Consejo ese problema sí que le preocupó, como le preocupa cuando dice si el Estado tiene los poderes que necesita para garantizar la solidaridad, la cooperación y la igualdad, que son principios que el propio informe [de 2006] defiende con mucha convicción". Romay Beccaría recomendó "no abusar" por tanto del 150.2 y que tenga "limitaciones".

Romay defiende conceder más atribuciones al Estado para no "desapoderarlo" más y garantizar los principios de igualdad, solidaridad y cooperación

En resumidas cuentas, el exdirigente popular aboga más por una recentralización que por el trasvase de más poderes a las comunidades. "Seguramente" hay que plantearse, añadió, "si el Estado tiene las capacidades suficientes para ejercer bien las funciones que le corresponden" para velar por esos tres grandes principios, solidaridad, cooperación e igualdad. Y si se aprecia que para "coordinar" todo este modelo "haría falta que el Estado tuviera algunas atribuciones más, sería muy razonable contemplar esta posibilidad a la hora de reformar la Constitución". Romay, no obstante, se declaró firme defensor del Estado autonómico y sí cree también que hay que "potenciar" la participación de las CCAA.

El máximo responsable del Consejo de Estado dedicó buena parte de su intervención a desgranar la letra del informe que su institución redactó en 2006, un documento que se centraba, porque así lo pedía el Gobierno socialista de entonces en cuatro únicos aspectos —fin de la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, la inclusión de la denominación de las CCAA, la incorporación del proceso de construcción europea y la remodelación del Senado— que hoy no está "fuera de lugar", pero sí "fuera de tiempo" porque la situación es "desgraciadamente peor" dada la crisis en Cataluña. Por eso animó a los grupos a "buscar el entendimiento", a "tratar de recuperar los grandes valores de la Transición, el consenso que allí se consiguió" y para ese esfuerzo han de volcarse "todas las energías". Con una premisa que entiende ineludible, "preservar las instituciones y defender el cumplimiento de la ley y la Constitución". En ese punto trajo a colación las reflexiones del político canadiense Stéphane Dion, al que le tocó bregar con el conflicto con Quebec: uno, que hay que intentar "convencer a todos de que juntos están mejor que separados" y dos, que las separaciones son "traumáticas, gravísimas", porque además las diferencias están "casa por casa".

Necesidad del consenso

Y siguiendo a Dion, cree que los defensores de la unidad del país han de repetir que "nada" justifica la ruptura y "proponer cambios para mejorar la gobernanza del Estado por medios constitucionales o de otro tipo", y es mejor si esos cambios convences a los secesionistas para cambiar de opinión, "pero sobre todo" no hay que caer en la tentación de presentar esas modificaciones como "esenciales" hasta el punto de que sea necesario "separarse de no poder obtenerlas". Romay Beccaría aquí encajó su reflexión de calado, y que venía a cuestionar las tesis socialistas: la simple reforma de la Constitución "por sí sola no servirá de instrumento que mágicamente resuelva los problemas que aquejan al funcionamiento del Estado autonómico, al menos si paralelamente no cambian, asimismo, ciertas actitudes que llevan a incumplir leyes y sentencias o a actuar de forma desafiante y desleal". Es decir, que si los independentistas no viran en su estrategia y por tanto continúan saltándose la ley, de nada servirá cambiar la Carta Magna.

La reforma no servirá de instrumento que mágicamente resuelva los problemas que aquejan al Estado autonómico

El Consejo de Estado, de hecho, ha tenido una participación muy activa en el conflicto con Cataluña. Así, apuntó que el órgano tuvo que informar, desde 2012, "48 o 49 recursos de inconstitucionalidad contra 46 leyes de la comunidad autónoma, ocho impugnaciones del Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y cuatro conflictos de competencias", y en todos, lógicamente, se defendió la unidad de España y la Constitución.

Entonces, ¿hay que reformar la Carta Magna? Romay, citando a su antecesor en el cargo, el fallecido Francisco Rubio Llorente, advirtió de que el acuerdo político es un "requisito previo", aunque es "debatible" cómo de amplio ha de ser el pacto y a cuántos partidos debe abarcar. Pero "lo ideal" es que el nuevo texto contara con el mismo grado de consenso que la Carta Magna de 1978, que alcanzó un refrendo ciudadano del 88,5%. "Conviene tener todo esto en mente con el fin de evitar lanzar públicamente a la sociedad unas expectativas de reforma de asuntos esenciales que finalmente se comprobara que no cuentan con el acuerdo necesario". A esta reflexión los socialistas siempre subrayan que el consenso se va construyendo, no es una condición de partida. Pero esta comisión mantiene el mismo lastre con el que nació: no participan en ella ni Unidos Podemos, ni los nacionalistas del PNV ni las formaciones independentistas.

Pendás tampoco se mostró partidario de que España se embarque en una reforma profunda de la Constitución salvo que exista un robusto consenso en torno a ella —que cree que no existe—, y en todo caso no satisfaría las aspiraciones de los secesionistas. El director del CEPC de hecho diferenció dos planos: como catedrático y letrado que es, entiende que esa modificación del texto de 1978 sí conviene, y por tanto que todas las nuevas interpretaciones que hagan falta se incluyan en la letra de la Ley Fundamental. Pero como responsable político, desaconseja abrir el melón. También porque "parece más que probable que la mera modificación de una coma en un artículo perdido de la Constitución produjera un referéndum", solicitado por Unidos Podemos —que ya ha avanzado sus intenciones—, y por tanto cabría la posibilidad de que ese plebiscito se entendiera como un sí o no al conjunto de la Carta Magna. "¿Merece la pena para algunas reformas concretas que, a mi juicio, no deberían alterar las líneas nucleares del sistema, poner a la sociedad española ante un debate que puede convertirse en una cosa diferente? Mi respuesta es no, salvo que llegáramos a ese consenso", que no obstante estima que "se puede ir forjando" y por eso el trabajo en la comisión territorial tiene "una enorme importancia".

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No a las mutaciones constitucionales

Algunos ejemplos: para hacer del Senado una Cámara territorial y foro de cooperación entre las CCAA no haría falta, sostuvo, cambiar la Constitución. Recordó que la Comisión General de las Comunidades Autónomas es un instrumento "muy potente" que sin embargo está "infrautilizado", igual que la actividad de los grupos territoriales es casi inexistente. La Conferencia de Presidentes podría tener su sede permanente en el Senado, como ya apuntó el ponente de la Carta Magna Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y con lo que él está de acuerdo. Pendás coincide con este en que cabe explorar la fórmula de la "mutación constitucional", que significa que la Carta Magna "pasa a decir algo diferente de lo que las palabras textuales dicen" y que "ocurre con relativa frecuencia en todas las constituciones". El PSOE, como avisó uno de sus portavoces en la comisión, el constitucionalista Gregorio Cámara, no está de acuerdo, porque es una fórmula "para ir tirando", y no hacen falta "sucedáneos" de la reforma, sino "resolver la estructura territorial del Estado".

"Tratar de dar satisfacción a quien no quiere ser contentado es una pérdida de tiempo", una "ingenuidad", sostiene el jefe del CEPC

Pendás hizo hincapié en que si se trata de modificar la Carta Magna es porque se está convencido de que "el conjunto de los españoles" necesita esa reforma. "Tratar de dar satisfacción a quien no quiere ser contentado es una pérdida de tiempo". No por introducir mejoras, por tanto, "quien proclama la independencia o el secesionismo se va a contentar". Pensar eso, advirtió, es "caer en la ingenuidad". Asimismo, rechazó un modelo federal que cuestione la soberanía nacional. Una cosa es el encaje de Cataluña y otra "recuperar planteamientos que no son de ahora, como nación de naciones o plurinacionalidad", defendidos por Pedro Sánchez y su equipo, que son "insuficientes para quien quiere ser independiente y son confusos para quien defiende inequívocamente la España constitucional".

El interés de las comparecencias de la tarde recaía en los datos. Sobre todo en los aportados por el presidente del CIS, organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia y prestigioso instituto demoscópico público. La conclusión principal es que, según han ido demostrando sus encuestas [ver aquí la presentación en PDF], la aprobación del Estado autonómico "se ha consolidado de manera muy significativa" en España. Hasta dos terceras partes de los ciudadanos lo respaldan, dentro de sus posibles variaciones competenciales, mientras que un 27% está a favor de una alternativa, bien de recentralización de competencias, bien del reconocimiento de la independencia, según expuso Cristóbal Torres.

"No es ninguna prioridad" para los ciudadanos

Así, la opción autonómica vigente sumaba en noviembre de 1984 un 51% de apoyo frente al 39% que agrupaba el modelo alternativo —la vuelta a un sistema centralista era refrendada por un 29% y un 10% prefería que se contemplase la separación de los territorios—. Ese 51% de 1984 se transformó en octubre de 2011 en un 57,8%, mientras que la fórmula alternativa pasó a un 31,8%. El CIS dispone de una serie similar que utiliza desde 2009 hasta la actualidad y que arroja las mismas conclusiones. Además, "al menos para la mitad de los ciudadanos" la identidad española no se contrapone con su sentimiento de pertenencia a su autonomía. Es decir, que los españoles encajan "un sentimiento dual" de la identidad con naturalidad.

La socialista Batet defiende que la realidad de hoy "es muy distinta" a la de antes y sí hay deseo de reforma: "No podemos decir que no pasa nada"

La socialista Meritxell Batet recordó que, sin embargo, esos datos no son tan plácidos, porque "la realidad de hoy es muy distinta" a la de décadas atrás. Primero, porque la aceptación del Estado autonómico no es igual en todas las comunidades —un ejemplo: en 2015, la fórmula de un Estado central sin autonomías era apoyada por el 17% en toda España, pero ese porcentaje era del 6% en Cataluña y del 28% en Castilla y León— y porque sí se percibe, con el paso de los años un "deseo" de reforma de la Carta Magna: en 1987, cree que hay que modificar la Constitución un 32%, y en la última observación de la serie, de 2012, es ya un 59% el que lo demanda. En 1987, abundó, el 56% se declaraba muy o bastante satisfecho con el texto de 1978, y un 31% poco o nada. En 2012, los porcentajes "se intercambian", pues apenas un 37% se confesaba a gusto con la Ley Fundamental y el 51%, poco o nada. "20 puntos de diferencia. No podemos decir que no pasa nada. Es un cambio relevante", argumentó Batet.

Torres explicó que cuando se formulan preguntas dicotómicas se arrojan ese tipo de resultados, y que cuando se inquiere a continuación qué aspecto hay que cambiar, lo más citado no es el modelo territorial, sino la Justicia. Y al requerimiento de Batet de que futuros estudios del CIS incluyan preguntas sobre la reforma de la Constitución, el presidente del organismo alegó que la cuestión de la Carta Magna "no es ninguna prioridad" para los ciudadanos, pues no la citan entre los problemas que les preocupan, razón por la que no se ha vuelto a plantear esa hipótesis. El PSOE lo atribuye al signo del Gobierno, porque la pregunta de la reforma se ha formulado en 14 ocasiones desde 1987 y "solo" una vez se incluyó cuando el PP estaba en La Moncloa, en 2000. Y habría que añadir la de enero y febrero de 2012, recién llegado Rajoy al poder.

Antes que Torres compareció en la comisión Gregorio Izquierdo, presidente del INE, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos. El alto cargo se limitó a repasar las cifras de la evolución de población y de PIB del total del país y de las CCAA desde 1978 hasta hoy [aquí en PDF], y subrayó que, a la luz de los datos, se puede sostener que el modelo territorial ha tenido un impacto positivo en el desempeño económico y social de España. "Si el modelo territorial ha sido factor relevante, desde el punto de vista institucional, de la sociedad española, y la sociedad española ha funcionado bien en estos cuarenta años no podemos decir lo contrario, que el modelo territorial no ha funcionado", concluyó.

Romay Beccaría ve "evidente" que hubo corrupción en el PP

La comparecencia de José Manuel Romay Beccaría tenía interés también por otro motivo: él fue tesorero del PP. En abril de 2010 Mariano Rajoy anunció su nombramiento, en sustitución de Luis Bárcenas. Duró poco tiempo en el cargo, puesto que en marzo de 2012 Rajoy, ya en el Gobierno, le designó como presidente del Consejo de Estado. 

A su llegada a la comisión territorial este miércoles, los periodistas preguntaron a Romay Beccaría si le consta la financiación irregular del PP valenciano destapada por el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y varios empresarios. 

"No, desde luego, mi conocimiento del PP es muy satisfactorio", respondió. Y añadió que durante su etapa como tesorero del partido no se encontró con "ningún comportamiento incorrecto". Pero sí siente "mucho" que se hayan dado "algunos casos, como parece evidente que se han producido", informa EFE.