Con capacidad para los nombramientos

Los jueces temen que Sánchez conceda a la Generalitat un consejo judicial propio

Una vieja reivindicación nacionalista que serviría para atar en corto al único de los poderes que hasta el momento permanece fuera del área de influencia de la Generalitat

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
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Mientras ERC y el PSOE tratan de cerrar un acuerdo para la investidura, el temor a sus consecuencias crece en determinados ámbitos. Uno de ellos es el judicial, desde el que se alerta del riesgo de cesión del control de los jueces a Cataluña a través de la “descentralización” del Consejo General del Poder Judicial. Una vieja reivindicación nacionalista que, en opinión de varias fuentes consultadas, serviría para atar en corto al único de los poderes que hasta el momento permanece fuera del área de influencia de la Generalitat. También el que más disgustos ha dado al independentismo en los últimos tiempos.

Los jueces sospechan que sobre la mesa de los negociadores se encuentra esta antigua propuesta histórica que, además, no se ve con malos ojos desde el PSOE. De hecho, el partido de Pedro Sánchez suscribió ya en 2013 la conocida como Declaración de Granada, en la que se defendía una revisión del Estado autonómico para avanzar en la estructura territorial federal. En ella, se apoyaba ya "una desconcentración" de determinadas decisiones administrativas judiciales.

Años después, en 2017, el PSOE y el PSC firmaron la Declaración de Barcelona, donde el control directo de los jueces aparecía de forma expresa. El socialismo defendía en ella un rescate de postulados del Estatut que fueron declarados inconstitucionales y planteaba una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un consejo propio, independiente del CGPJ y con capacidad para nombrar jueces. Como los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, encargado de juzgar a los aforados de la comunidad autónoma.

El guante fue recogido por el PSC en las últimas campañas electorales. La idea del Consejo de Justicia de Cataluña revivió. El texto reivindicado por los socialistas de Miquel Iceta afirmaba que la sentencia del Tribunal Constitucional destacó aspectos del Estatuto más bien por cuestiones formales y lanzó la idea de que el impulso legal era posible. "Vamos a impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial", remachó hace solo unos meses.

Desde la etapa de Zapatero

Mucho se ha hablado ahora y ya desde 2005 —en la etapa en que otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ostentaba la presidencia— sobre las fórmulas para encajar este CGPJ autonómico. Las ideas lanzadas abarcan desde el nombramiento directo de vocales del órgano de Gobierno de los jueces hasta la especialización de alguno de sus componentes o la creación de una comisión especializada con participación del Gobierno regional.

Los jueces temen que Sánchez conceda a la Generalitat un consejo judicial propio

Hay, no obstante, una segunda fórmula mucho más expeditiva. Pasa, en este caso, por la creación directa en Cataluña de un órgano análogo al CGPJ, es decir, un consejo autonómico o territorial "que la Generalitat contribuiría a designar y que podría ejercer competencias delegadas por el CGPJ". La preocupación se focaliza en esta posibilidad, que abre el camino a la designación directa de magistrados.

"Es el único de los poderes que ha hecho de dique a determinadas aspiraciones", avisa uno de los magistrados consultados, que pone sus esperanzas en las dificultades que supone encajar en la Carta Magna un órgano del tipo del descrito. En su opinión, las funciones esenciales del actual consejo (los nombramientos, la inspección y el régimen penitenciario) son casi intocables. Un Consejo de ese tipo vulneraría el artñciulo 122.2 de la Constitución.

Otro problema para un intento de desarrollo de consejos territoriales es la postura europea al respecto. "No tendría el aval ni de Estrasburgo ni de Luxemburgo, y mucho menos de la Comisión Europea", recuerda otro de los jueces, que señala la rigurosidad con que se ha tratado el caso de Polonia, donde se ha dictaminado que la reforma impulsada por el Gobierno ultraconservador que adelanta la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial.

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