Madrid y BCN saltarán de la fase 2 a la nueva normalidad pero podrán fijar restricciones

A partir del 21 de junio, ya no habrá fase 3. No habrá fases, en realidad. Ni habrá desescalada. El estado de alarma habrá decaído en toda España y toda España se hallará ya en la nueva normalidad, al margen de que algunos de sus territorios no hayan podido culminar la transición. Así, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la región sanitaria de Lleida saltarán directamente de la fase 2 a la nueva normalidad, sin pisar formalmente el tercer peldaño. Pero los respectivos gobiernos autonómicos podrán fijar restricciones, las que quieran, porque será enteramente su competencia.

Este miércoles ya se conocieron las peticiones de progresión de fase de cara a la próxima semana, así que queda ya más que pintado el ritmo final de la desescalada, a falta de que el Ministerio de Sanidad tome las últimas decisiones en las próximas horas. Sera el último examen antes del tramo final de la desescalada, porque a partir del 21 de junio el marco legal cambia. Aquellos territorios que no promocionen a fase 3 a partir del lunes 15-J, entrarán directamente en la nueva normalidad siete días después, salvo que sus presidentes autonómicos impongan limitaciones, tal y como confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad a El Confidencial este miércoles. El salto será automático. Con o sin red, pero automático.

El lunes 15, piden entrar en fase 3 Valencia, CyL, Catalunya Central, Girona, Ceuta, Toledo, Albacete y Ciudad Real. Se esperan Madrid, BCN y Lleida

Media España, el 52% de la población, entró en la fase 3 el pasado lunes. Un total de 12 CCAA al completo que asumieron la "gobernanza plena". Ese es el estadio que pretenden alcanzar Comunidad Valenciana, Castilla y León, las regiones sanitarias de Girona y Catalunya Central, Ceuta y las provincias castellanomanchegas de Toledo, Albacete y Ciudad Real. La Comunidad de Madrid y las áreas sanitarias de Barcelona y Lleida optan por la prudencia y no han reclamado la progresión a la etapa 3. Galicia, ya en la última estación de la desescalada desde el 8 de junio, quiere dar por superada la transición el próximo lunes, para lo que requerirá levantar el estado de alarma en todo su territorio.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha sido de los últimos en tomar una decisión. Y, de hecho, en las últimas horas se han apreciado las diferencias dentro del Ejecutivo, incluso entre miembros del mismo color político. El lunes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), aconsejó pedir el cambio a la fase 3, pero la presidenta regional, sin embargo, se mostró partidaria de ir "poco a poco", sin prisas.

Al punto previo

Este miércoles, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos), solemnizó que el Ejecutivo solicitará aguardar en la fase 2, a la que el territorio accedió este 1 de junio, sin pedir medidas adicionales de alivio. El representante naranja ya había defendido que no veía necesario apretar el paso, porque la estancia prevista en cada peldaño de 14 días no se había fijado así "por capricho", sino porque es el periodo máximo de incubación del coronavirus. Sanidad deberá decidir si acepta o no las peticiones de las CCAA. La duda más relevante es Castilla y León, que ingresó en fase 2 este 8 de junio, de manera que si el Gobierno accede a la solicitud, la comunidad, una de las más azotadas por el covid-19, habrá permanecido en este peldaño intermedio siete días. Illa ya abrió la veda a una permanencia más corta en fase 2, al autorizar el salto rápido de Granada y Málaga, para acompasar ambas provincias al resto de Andalucía.

El 21-J entrará en vigor en toda España el decreto de nueva normalidad. Pero las CCAA pueden fijar limitaciones, como ya hicieron antes de la alarma

La próxima semana será la última de vigencia del estado de alarma, que el Gobierno declaró el 14 de marzo. La sexta prórroga vencerá a las 00:00 del 21 de junio. En ese momento, desaparecerá todo el entramado jurídico al que el Ejecutivo central ha ido dando vida en estos meses. Decenas de órdenes ministeriales —dictadas, en su gran mayoría, por el titular de Sanidad, Salvador Illa, el único que ha mantenido todo este tiempo atribuciones excepcionales, gracias a su condición de autoridad competente delegada— que morirán en ese momento. También las que, en estas semanas, han diseñado el desconfinamiento gradual, la desescalada por fases. No habrá, formalmente, transición. Ni subsistirá el mando único en aquellas CCAA que no hayan promocionado a fase 3. Todo volverá al punto previo al 14 de marzo.

O casi. Porque lo que entrará en vigor en ese momento es el real decreto ley de nueva normalidad, que el Consejo de Ministros aprobó este martes, que este 10 de junio publicó el BOE y que aún deberá convalidar el Congreso. Ese será el marco general que estará en vigor en toda España, el patrón de conducta que habrán de observar instituciones y ciudadanos. Las mascarillas que seguirán siendo obligatorias, la distancia de seguridad de 1,5 metros, la higiene, el fomento del teletrabajo, la atención a la detección precoz, la obligación de remisión de información a Sanidad...

El decreto será, pues, el paraguas jurídico que estará en pie para luchar contra el covid-19, y que concluirá cuando haya un tratamiento eficaz o vacuna. El Gobierno central declarará el fin de la emergencia sanitaria, de manera motivada, "de acuerdo con la evidencia científica disponible, y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias", el CCAES, el organismo que dirige el doctor Fernando Simón. Además, el Ejecutivo deberá contar con el parecer de las comunidades autónomas, reunidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Deciden ellos"

El 22 de junio, Madrid, Barcelona y la región sanitaria de Lleida —la parte sur de la provincia—, deberían progresar a fase 3. En ese momento, asumirán el mando, como ya ocurrió el lunes con las CCAA más adelantadas, los dos presidentes autonómicos respectivos, Díaz Ayuso y Torra. Ellos tendrán la potestad para 'crear' una especie de etapa 3. Podrán limitar si quieren actividades, aforos. Es más, el RDL deja un amplio margen de actuación a las comunidades. Por ejemplo, algunas autonomías (caso de Asturias, Baleares o Extremadura) decidieron esta semana no abrir discotecas y bares de ocio nocturno, por precaución. Dicho de otro modo, Torra y Ayuso, como antes habrán hecho los demás mandatarios regionales, podrán optar por introducir restricciones, por razones de salud pública. De hecho, la presidenta regional pudo cerrar centros educativos o suspender la apertura de espectáculos públicos, recintos deportivos, bares y restaurantes, terrazas, actividades recreativas...

Comunidades como Extremadura, Baleares o Asturias no han abierto aún discotecas. Podrán seguir estableciendo aforos o actividades

Al decaer la alarma, decae a todos los efectos el mando único de Sanidad en los territorios en los que aún estuviera vigente, y las CCAA recuperan pleno dominio de sus competencias, así que ellas, como inciden fuentes próximas a Illa, serán las únicas responsables. "Lo fundamental es que deciden ellos", recalcan.

Si se produjera algún rebrote en algún punto del territorio y se aconsejara el confinamiento, las CCAA pueden activar la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, que permite el aislamiento de poblaciones con ratificación judicial posterior. No hay que olvidar que, antes de que el Gobierno decretara la alarma en todo el país, la Generalitat pudo confinar Igualada y la barcelonesa Conca d'Òdena y el Gobierno de Canarias impuso la cuarentena a más de 800 turistas en un hospital de Adeje. En ambos casos, con permiso del juez.

¿Qué pasará con la movilidad? Ahora mismo, ya se permiten los viajes interiores dentro de las CCAA que están en fase 3, salvo en el caso de Extremadura, porque su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, prefirió aguardar hasta el próximo 15 de junio para autorizar los desplazamientos entre Cáceres y Badajoz.

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Qué no dice el decreto de NN

La libertad de circulación es el único poder que se quedó el Estado en aquellas comunidades que se hallen en la última estación de la desescalada, ya que es un derecho fundamental que solo puede quedar restringido, según defiende el Gobierno, con la herramienta jurídica de la alarma. Por eso Illa y el presidente, Pedro Sánchez, han advertido de que los movimientos entre comunidades solo se permitirá cuando las regiones concernidas estén ambas en nueva normalidad (NN). Pero el 21 de junio, al decaer la alarma, habrá movimientos por todo el país "sin restricciones", como subrayó el ministro el martes. De esta manera, un madrileño podrá viajar a Murcia, del mismo modo que los barceloneses o leridanos podrán desplazarse a A Coruña o a Lleida. El decreto de nueva normalidad no impone limitaciones de circulación, precisamente por ser un derecho fundamental, que solo puede ser recortado vía ley orgánica o con el instrumento de la alarma.

Algunos barones del PP piden controlar los movimientos incluso decaída la alarma. Pero el Gobierno recuerda que no puede hacerlo sin ella

Barones del PP como el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras y el gallego Alberto Núñez Feijóo piden establecer controles a la movilidad tras la caída de la alarma. Quizá el más claro ha sido el primero, que teme que una nueva importación de contagios procedente de Madrid acabe saturando de nuevo su comunidad, una de las más afectadas por la pandemia, como también lo ha sido Castilla-La Mancha. También aboga por el control de los desplazamientos López Miras, ya que su Región recibe muchos veraneantes procedentes de la capital.

Pero eso no será posible. "Para controlar los movimientos de los ciudadanos que nos piden necesitaríamos el estado de alarma, que precisamente el PP rechazó en la quinta y sexta prórrogas, ni ellos como presidentes autonómicos pueden limitar la libertad de circulación, ya que esa es una potestad del Estado", advierten a este diario fuentes de Sanidad.

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En realidad, el Gobierno había diseñado una desescalada más larga. De hecho, y como recordaban este miércoles en el departamento de Illa, la intención original del Ejecutivo era haber prolongado la alarma hasta finales de junio o incluso principios de julio, pero no contó con los apoyos parlamentarios necesarios. El mecanismo jurídico que alumbró el Consejo de Ministros el 14 de marzo morirá 99 días después, y ello obligará a concluir abruptamente la desescalada, a menos que las CCAA más retrasadas, Madrid y Cataluña —si es que Castilla y León progresa a la etapa 3 el lunes 15— decidan imponerse restricciones para que la transición a la nueva normalidad sea más suave.

El Gobierno extiende los derechos de los consumidores más allá del estado de alarma

Una de las novedades que incorpora el real decreto ley de nueva normalidad, publicado este 10 de junio en el BOE, es la extensión de los derechos de los consumidores. Así, la disposición final quinta, dice esto: 

"Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento".

El Gobierno ha aprobado hoy en #CMIN un Real Decreto-ley que establece las medidas que regirán en la #NuevaNormalidad.

✅Uso de mascarillas
✅Higiene en espacios públicos y privados
✅Detección precoz y vigilancia epidemiológica
✅Prevención y control sanitario

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Es decir, que los consumidores dispondrán de 14 días y sin ser penalizados para resolver los contratos de compraventa o de prestación de servicios de los que no hayan podido disfrutar en estos meses. Esta es una disposición final que se introdujo en los últimos días desde el borrador inicial. 

"La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión". 

Cuando se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados por el covid-19, el organizador o el minorista podrán entregar al consumidor, si este lo acepta, un bono para ser "utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido". Si transcurre el periodo de validez del bono sin que haya sido utilizado, el usuario podrá pedir el "reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días". "En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución", finaliza la disposición.