La nueva normalidad: mascarillas, higiene, distancia de 1,5 m, refuerzo del rol de Sanidad

España abre la etapa de la nueva normalidad, la que arrancará una vez vaya decayendo el estado de alarma progresivamente. Mientras continúe la emergencia sanitaria del covid-19, y no hay un final prefijado, las mascarillas seguirán siendo obligatorias (bajo multa de hasta 100 euros para quien no lo cumpla), habrá que mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, observar las medidas de higiene. Y el Ministerio de Sanidad verá reforzado su papel de coordinación y podrá actuar en situaciones de extraordinaria gravedad, aunque no podrá adoptar medidas sin el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se sientan el Ejecutivo central y los consejeros autonómicos. El público podrá volver a los partidos de LaLiga de fútbol o de la ACB de baloncesto si lo autoriza el Consejo Superior de Deportes (CSD), previa consulta al organizador de la competición, de Sanidad y de las CCAA.

El Gobierno aprobó este martes ese real decreto ley de nueva normalidad, que deberá convalidarse en el Congreso en el plazo máximo de treinta días. El PNV apoya el texto y con Ciudadanos el acuerdo ya está también cerrado, de modo que el respaldo de la Cámara Baja no correría peligro. El Consejo de Ministros alumbró el decreto en su primera reunión presencial desde el 14 de marzo, cuando dio vía libre a la declaración de alarma. Los 22 miembros del Gabinete y el presidente, Pedro Sánchez, todos ellos con mascarilla, se dispusieron de nuevo, como aquel día, en una gran mesa en forma de U en la sala de Tapices (o Barceló) de la Moncloa. Antes de la deliberación, los ministros guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus.

El titular de Sanidad, Salvador Illa, explicó los pilares del nuevo decreto, que introduce algunos pequeños cambios respecto al primer borrador, aunque no sustanciales. Así, se precisa que este texto que regula la nueva normalidad, el patrón de conducta de los ciudadanos en convivencia con el coronavirus, se aplicará en toda España una vez concluida la alarma y "hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".

Además, el Gobierno "consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria". En la primera redacción, simplemente se decía que el decreto estaría en vigor hasta que el Ejecutivo declarase el fin de la emergencia sanitaria. Dicho de otro modo, en la última versión se precisa que el Ejecutivo ha de contar con el parecer de las CCAA y también con un informe del CCAES, el organismo que depende del Ministerio de Sanidad y que dirige el doctor Fernando Simón. ¿Y cuándo ocurrirá eso? No hay fecha aún: será cuando se haya "derrotado definitivamente" al virus. Esto es, cuando haya vacuna contra el SARS-CoV-2 o un tratamiento "eficaz".

El texto mantiene, para las personas mayores de seis años, la obligación del uso de la mascarilla tanto en espacios al aire libre como cerrados cuando no es posible mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Será obligatoria para todo tipo de transporte público (menos, en el caso de buques o embarcaciones, cuando se halle dentro del camarote o en las cubiertas exteriores y sea posible guardar los 1,5 metros), pero no será exigible en aquellos ciudadanos con dificultades respiratorias, o sean dependientes y discapacitados y no dispongan de autonomía para quitarse esta prenda facial. Tampoco será requerida cuando se practique deporte individual al aire libre, por causa de fuerza mayor o cuando la propia naturaleza de la actividad lo impida (cuando se coma o se beba, por ejemplo). Incumplir este empleo obligatorio de la mascarilla acarreará una multa de hasta 100 euros.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte y también al aire libre y en espacios cerrados. Su incumplimiento lleva a multa de 100 €

El decreto establece unas medidas mínimas de prevención e higiene en distintos espacios (centros de trabajo, establecimientos sanitarios, residencis de mayores, centros docentes, locales comerciales, hoteles y alojamientos turísticos, bares y restaurantes, equipamientos culturales, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros sectores). El punto común es la observancia de las medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento y la garantía de que se mantiene una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. En el borrador del Gobierno se hablaba de que esa distancia habría de ser "de entre 1,5 y 2 metros". Ciudadanos exigió que la distancia entre personas fuera de metro y medio, para hacer más fáciles las condiciones a los negocios y el resto de establecimientos, para "seguir protegiendo la salud de los españoles y reactivar la economía". La regla de los 1,5 metros será, pues, obligatoria para toda nuestra vida social.

Residencias ligadas al sistema sanitario

El objetivo, en cualquier caso, es evitar por todos los medios todo tipo de aglomeraciones o coincidencias masivas de personas. De ahí que se incluya la necesidad de vigilancia de los aforos. Las CCAA podrán perfilar estas disposiciones generales incluidas en el real decreto ley del Gobierno. El Ejecutivo, dijo el ministro, "establece medidas de carácter general, de distancia interpersonal de 1,5 metros, y corresponderá a las autoridades sanitarias y de salud pública de cada comunidad autónoma precisar las limitaciones de aforo al igual que antes del estado de alarma y como ya puede suceder en las autonomías que se encuentran en fase 3". Illa, no obstante, apeló a la "responsabilidad" de los ciudadanos para cuando se levante la alarma, a las 00:00 del 21 de junio, y ya pueda haber movilidad —incluido entre CCAA— sin restricciones.

En el acceso de público a las competiciones profesionales, decidirá el CSD de manera uniforme, en coordinación con Sanidad y las CCAA

En el caso específico de los servicios sociales, se especifica que las CCAA deberán "garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género [...], con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen". Es decir, que se ha de asegurar la conexión de estos centros con el sistema sanitario. Además, los titulares de estas instalaciones —las residencias geriátricas se han convertido en un dramático foco de la pandemia: solo en Madrid han fallecido unos 6.000 mayores— han de tener previstos planes de contigencia para la detección precoz de casos de covid-19.

Durante la rueda de prensa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fue preguntado por su cruce de acusaciones con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la gestión de las residencias. El líder de Podemos insistió en que fue el consejero de Sanidad, Alberto Reyero (Cs), el que denunció una "inmoralidad", la exclusión de ancianos de geriátricos en la fase aguda de la pandemia. Un "escándalo", insistió, como hiciera ayer lunes, que podría tener "consecuencias legales".

También a iniciativa de Cs, el Gobierno introduce una cuestión relativa al deporte profesional. En el caso de LaLiga de fútbol y la Liga Endesa ACB de baloncesto, la administración competente para aplicar las medidas para evitar aglomeraciones y vigilar las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento será el Consejo Superior de Deportes (CSD), "previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas". Las decisiones del CSD deberán "proteger" tanto a los deportistas como al público asistente. La última palabra la tendrá, pues, el CSD, y decidirá de manera uniforme. "Se tiene que jugar en las mismas condiciones. Será el CSD el que tomará una decisión al respecto conforme vaya evolucuionando la pandemia", aclaró el ministro.

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"De acuerdo con sus competencias"

Otro de los cambios hace referencia al papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). En la primera redacción se decía que "en tanto no se adopte el correspondiente acuerdo para su aprobación o activación" en los casos de emergencia sanitaria, el Ministerio de Sanidad "adoptará las medidas adecuadas para garantizar estas finalidades". Ahora, ese precepto desaparece, porque era una "clarificación innecesaria" que ha decaído del texto final "en aras del consenso", por la presión del PNV.

Las CCAA deberán remitir información a Sanidad, velar por un suficiente número de profesionales y garantizar PCR tan pronto como se ven síntomas

Sin embargo, aunque se liman asuntos que chirriaban a los nacionalistas —el Gobierno aún espera sumar a ERC—, sí se mantiene un mayor control por parte del Ministerio de Sanidad. Porque en la versión final sí se mantiene el artículo 3: "Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará, de acuerdo con sus competencias, cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas". El PNV sí demandó que se intercalase ese "de acuerdo con sus competencias", para que no se produjera una "invasión competencial" del Estado que, según subrayó Illa, el Gobierno no pretendió en ningún momento. Ese precepto, por tanto, permite a Sanidad intervenir en casos excepcionales y graves. "No hay ni invasión ni recorte de competencias", mantuvo.

También sigue en la última redacción final la introducción de un artículo, el 65 bis, en la Ley 16/2003, de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que impone a las CCAA un deber de suministro de información "en situaciones de emergencia para la salud pública, a fin de garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del SNS".

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Asegurar el rastreo de contactos

Sanidad gana poder en labores de coordinación y centralizará la información. Las CCAA habrán de garantizar que se realiza una prueba PCR u otra técnica de diagnóstico molecular "tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma". Además, los gobiernos autonómicos deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

Las aerolíneas y operadores de transporte deberán recabar datos de todos los pasajeros y conservarlos un mínimo de cuatro semanas tras el viaje

El decreto ley establece una serie de previsiones sobre los controles sanitarios en los aeropuertos gestionados por Aena y en los puertos de interés general. Así, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior "los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales", en los términos que, de común acuerdo, dispongan Aena y Sanidad. Para ello, las dos partes firmarán un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que exista el servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos y las obligaciones".

¿Qué más cuestiones toca el decreto?

• LISTADO DE PASAJEROS CUATRO SEMANAS. Las aerolíneas y operadores de transporte terrestre interprovinciales con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Deberán facilitar ese listado a las autoridades de salud pública que se lo pidan para poder realizar la trazabilidad de los contactos, algo básico en esta etapa de combate contra el virus.

• TRANSPORTE SIN AGLOMERACIONES. En los servicios de transporte estatal ferroviarios y por carretera, los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda. Han de garantizar la adecuada prestación del servicio, atendiendo a las medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagio. "En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes".

• PAPEL CENTRAL DE LA AEMPS. El 'stock' o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión del covid-19 tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para garantizar en todo momento el abastecimiento. La Aemps podrá otorgar, previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones "para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas".

Sanidad calcula que, cuando decae la alarma, el 21 de junio, toda España podrá estar ya en nueva normalidad y habrá "movilidad sin restricciones"

• DECLARACIÓN DE EMERGENCIA. El decreto declara el covid-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, como "una enfermedad de declaración obligatoria urgente".

• TELETRABAJO. Es otro de los puntos incorporados al decreto a petición de Ciudadanos. Los titulares de los centros de trabajo deberán "adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible".

Sanidad espera que el 21 de junio, cuando decae el estado de alarma en todo el país, se den las condiciones para que todo el país entre en la nueva normalidad. Ello exigiría el tránsito de los puntos más rezagados (Madrid, Barcelona y Lleida y Castilla y León) a la tercera etapa rápidamente. No obstante, advirtió el ministro de que si hubiera algún tipo de indicador o paso atrás en la evolución de la epidemia que aconsejara revertir la marcha, se haría. "Lo comunicaríamos oportunamente y, como siempre hemos hecho, no nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones para proteger la salud de los ciudadanos", señaló. Pero la previsión es que el 21-J se levanta la alarma y concluyan las limitaciones de movimientos. Es decir, que en el momento en que se levante la alarma, "podrá haber movilidad sin restricciones en nuestro país".

¿Por qué 1,5 metros y no "entre 1,5 y 2 metros"?

Ciudadanos exigió al Gobierno que la distancia interpersonal de seguridad quedara fijada en "al menos 1,5 metros". El Ejecutivo, en aras del acuerdo, aceptó, de tal manera que desaparece la referencia a guardar una distancia de "entre 1,5 y 2 metros". 

Fuentes de la formación naranja explicaron el porqué de su demanda: "Con la reducción de la distancia social mínima entre personas como parte del plan B exigido por Ciudadanos, queremos aumentar el aforo permitido en determinados espacios como comercios, negocios y establecimientos. Es una medida que va a ayudar a muchos sectores económicos duramente castigados durante esta crisis y va a permitir contribuir a esa recuperación económica al tiempo que se mantienen medidas imprescindibles de prevención sanitaria".