300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

Hace una década, el ingeniero Hervé Falciani entregó a Francia un listado de miles de clientes opacos del banco suizo HSBC. La información llegó a las autoridades españolas el 24 de mayo de 2010. Francia acababa de entregar a España una bomba fiscal a la que el Tribunal Constitucional dio validez el martes al considerar que no importaba que la información tuviese procedencia ilícita. El balance es dulce para Hacienda y agridulce para los fiscales. El fisco recaudó 260 millones de forma voluntaria y logró condenas a unos 40 evasores fiscales que no pagaron. Pero no hay nadie en prisión. Los dos primeros condenados se han fugado y otros dos están exprimiendo sus opciones para no ir a prisión.

La Agencia Tributaria recibió las llamadas dichas BUP en mayo de 2009. Era un listado con saldos de cientos de contribuyentes españoles. El Gobierno de Zapatero, que comenzaba a estar asfixiado por la crisis, tuvo muchas dudas sobre aquella información. En la Justicia hay lo que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado, según la cual nadie puede ser condenado a partir de información ilícita y en Suiza es un delito que los empleados de banca rompan el secreto bancario. Además, la ley orgánica del Poder Judicial establece que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".

Así que su primera decisión fue mandar una carta a los evasores pidiendo que regularizaran su situación. Un total de 659 pagaron y aportaron 260 millones de euros. La mayoría procedía de la familia Botín, que tenía miles de millones en Suiza y que justificó que procedían de la herencia del abuelo. El caso salió a la luz porque como estaba a punto de prescribir y no se acordaba la liquidación, Hacienda lo denunció en la Audiencia Nacional. La carta fue polémica y hubo denuncias por prevaricación pero la Justicia archivó la causa contra los altos cargos que lo habían promovido.

En un primer momento Hacienda desistió de acusar al banco pero con una segunda lista abrió una causa por blanqueo

Hubo otros que no pagaron y confiaron en ganar el caso en los tribunales. Entonces se abrieron 54 procedimientos penales. 14 de ellos consiguieron demostrar que el dinero llevaba tanto tiempo en la cuenta que el posible delito fiscal estaba prescrito. Otros 40 fueron condenados. El 90% logró condenas en conformidad que no conllevaban ingreso en prisión. Entre ellos estaba el CEO y 'alma mater' de Pepe Jeans, Javier Ortega Cedrón, que pagó 10 millones para evitar una pena de cárcel; el marqués de la lista Falciani, Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón y primo del presidente de Endesa; el galerista de la 'jet' Miguel Fernández Braso...

Muy pocos fueron condenados a penas de más de dos años, lo que conlleva ingreso en prisión. El primero fue Jacob Benzaquen, un empresario melillense de origen judío. Estuvo mal defendido en un primer momento y acabó condenado a siete años de cárcel y a pagar 21 millones. Como desveló este diario, se esfumó a principios de 2016, antes de que le llegara la sentencia firme. Ahora apela al derecho al olvido para borrar el rastro de sus noticias. La defensa es la clave. Su hermano fue absuelto pese a tener una cantidad parecida en Suiza alegando que estaba prescrito.

Después de que Benzaquen se fugara, la Fiscalía de delitos económicos de Madrid comenzó a pedir que se les retirara el pasaporte pero cuando llegó otra sentencia de más de dos años no sirvió de mucho. Fue Sixto Delgado Coba, un ingeniero jubilado de Repsol que en 2016 fue condenado a seis años de cárcel y a pagar 14,21 millones entre cuota defraudada y multas. Sixto, que cobraba el paro pese a tener millones en Suiza, llegó a acudir al juzgado a recoger su orden de ingreso en prisión aunque se declaró insolvente.

Pero luego nunca llegó a la cárcel. Permanece fugado y los requerimientos de la sección de la Audiencia de Madrid que lo condenó a la Policía para que lo localice han sido infructuosos. Sixto ha seguido pleiteando desde su escondite. Fue él el que llegó al Supremo, que en una sentencia de la que fue ponente Manuel Marchena validó la lista en 2017. Hasta ese momento, la mayoría de los tribunales consideraban que el origen de la lista no era ilegítimo porque la había entregado Francia por los cauces legales, pero el Supremo sí entró en el fondo. Estableció que podía servir como prueba igual que si un narco arrepentido daba los datos de un ordenador de la banda y que, en puridad, también sería un acceso ilegal. La mayoría de los asesores fiscales y abogados se han llevado las manos a la cabeza con estos fallos y critican con dureza los pronunciamientos que avalan el uso de esta información.

Fue Sixto el que llegó hasta el Constitucional, que el lunes acordó validar la lista. Lo hizo al considerar que el Supremo tenía razón y que había que valorar caso a caso. El ingeniero llegó incluso a pedir el indulto alegando que estaba en tratamiento médico... en España. Su caso irritó a los jueces pero aun así las fuerzas de seguridad no han encontrado al anciano.

Un hermano fue condenado y se fugó. Su hermano, con la misma cantidad, logró demostrar que estaba prescrito. La importancia de un buen abogado

Hay otros dos casos en vía penal danzando aún en los tribunales. Se trata de Guillermo Coda y Paula Coda, dos brókeres condenados a tres años y a pagar 2,7 millones, que han pedido la revisión de la sentencia ante el Tribunal Supremo, un trámite que solo se acepta en rarísimas ocasiones. Es lo que les ha pasado a Joel David Alar, otro bróker, y a su esposa, condenados a tres años y a pagar 2,4 millones. Su caso está pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva sobre el ingreso en prisión después de que a finales de junio la Fiscalía se opusiera a suspender el ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto.

Aunque inicialmente España renunció a ir contra el banco al considerar que actuaba fuera de la jurisdicción española, cambió de criterio cuando Falciani entregó otra remesa de datos. El 28 de junio de 2013, la Fiscalía llevó al banco y a otros evasores ante la Audiencia Nacional. La causa contra el HSBC por blanqueo sigue en instrucción y en ella Joel David Alar tiene un papel clave.

Otros evasores fueron denunciados por lo penal. A menudo eran los mismos que en la primera lista y se les añadía otro ejercicio. Los 40 lo ganaron porque estaba prescrita por un día. La denuncia llegó al juzgado de la Audiencia Nacional el viernes 28 de junio de 2013, pero las diligencias no se abrieron hasta el lunes 1 de julio. Como los delitos fiscales prescriben generalmente el 30 de junio, el último día de plazo de la renta, había pasado por un día. La Audiencia de Cantabria fue la única que originalmente no vio la prescripción pero luego rectificó. En ese caso, los evasores ganaron por un problema de la Administración. Además, hay innumerables contenciosos por cuantías menores, impuesto de patrimonio, por ejemplo. Algunos de los cuales también están ganando los titulares de las cuentas.