Recurso tras la decisión del Supremo

El Constitucional valida la 'lista Falciani' como prueba contra evasores fiscales

El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de carcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos

Foto: El banquero Hervé Falciani, en Madrid. (Reuters)
El banquero Hervé Falciani, en Madrid. (Reuters)

El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad que la obtención de los datos bancarios de los nombres que aparecen en la conocida como lista Falciani no suponen una vulneración de la presunción de inocencia. Del mismo modo, tampoco consideran que se haya menoscabado las garantías propias de un proceso judicial

La validez como prueba de un documento así se basa, como consideró el Supremo en su momento, en el hecho de que el acceso a la lista lo tuvo un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener lucro.

Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

De esta manera desestiman la demanda de amparo interpuesta por Sixto Delgado de la Coba, uno de los condenados a penas de prisión en firme tras filtrarse que su nombre estaba entre los facilitados por el banquero Hervé Falciani. En dicha recopilación de nombres aparecían más de 500 contribuyentes españoles, que recibieron una inspección de la Agencia Tributaria.

Fue en febrero del año 2017 cuando el Supremo ratificó la condena de seis años de prisión y multa de 14,21 millones de euros para el ex ingeniero de Repsol, que llegó a cobrar el paro mientras ocultaba en el banco HSBC de Ginebra 5,3 millones de euros. Fue el segundo con sentencia firme gracias a la información facilitada por el banquero.

Delgado de la Coba declaró a Hacienda unos ingresos de 15.054 euros, por los que pagó de IRPF poco más de 722 euros. El año siguiente, afirmaba haber ingresado 41.197 euros y abonó 3.460 tras presentar la renta. Según explicaba, asesoraba a su hija y además facturaba alrededor de 20.000 euros anuales por la venta de uva en Canarias.

Sixto Delgado Coba, en el centro.
Sixto Delgado Coba, en el centro.

Sin embargo, lo cierto es que la imagen que dibujaba ante el fisco español tenía muy poco que ver con la realidad. A finales de 2006 su cuenta en el HSBC de la ciudad suiza acumulaba 5,277 millones de euros. "No declaró jamás a la Hacienda ni a las autoridades fiscales españolas ni la relación ni la posesión de estas cuentas, ni sus fondos o activos, ni pagó impuesto alguno por ellos. Tampoco tributó por ellos en Suiza", señaló en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó en primera instancia.

Huida de la Justicia

Pese a la condena firme, Sixto Delgado Coba no está en prisión. El ex ingeniero está fugado de la Justicia desde que la Audiencia de Madrid desestimara su entrada en la cárcel esperando por una sentencia definitiva, un gesto que aprovechó para salir de España.

De hecho, llegó incluso a presentarse voluntariamente en el juzgado. El 23 de marzo de 2017 se puso a disposición de las autoridades alegando, eso sí, que era insolvente. "No tengo dinero", dijo, para explicar que no iba a pagar la millonaria multa que se le había impuesto. A sus 75 años, lleva en busca y captura desde el 10 de abril de 2017.

Ese mismo verano llegó a pedir un indulto considerando que había sido víctima de una injusticia y recurrió ante el Constitucional, que ahora ha denegado su petición de amparo. Todo apunta a que el prófugo se encuentra en España, aunque los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no han logrado localizarlo ni en Canarias ni en La Moraleja, la exclusiva urbanización situada en Alcobendas en la que tenía una casa.

El Tribunal Supremo validó como prueba para condenar la lista Falciani y ha servido para condenar también a Jacob Benzaquen, que también salió de España días antes de que la Audiencia de Madrid ratificase su condena de siete años de prisión y 21 millones de euros de multa. Su entorno lo sitúa en Israel, país del que tiene pasaporte, y lleva desde entonces en busca y captura.

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