No es un viernes cualquiera: la industria de defensa, pendiente de dos movimientos clave de Indra

La carrera industrial europea de la defensa ya ha comenzado. El Gobierno lo sabe, las empresas lo saben y los inversores también. Y, aunque el sector nacional llega en un buen momento, fortalecido tras muchos años compitiendo en los exigentes mercados de exportación, también lo hace tras un periodo en el que muchas compañías de defensa fueron adquiridas por capital extranjero. La estrategia a largo plazo de España para revertir la situación y aprovechar el auge del sector militar pasa por convertir a Indra, cuyo mayor accionista es el Estado, en una suerte de campeón industrial que pueda servir de catalizador y punta de lanza para firmas más pequeñas y especializadas. Y este viernes, hay dos hitos clave en ese camino.

El primero es estratégico y urgente. Este viernes, vence el plazo fijado para que Indra pudiera entrar en ITP Aero, el fabricante de motores aeronáuticos y turbinas con sede en Zamudio (Vizcaya), pero controlado por el fondo estadounidense Bain Capital. Un movimiento que lleva años dando titulares, pero que no termina de cuajar. En 2019, Indra estuvo negociando la compra de una participación mayoritaria en ITP a Rolls-Royce, en ese momento propietario de la compañía. La operación descarriló y, en septiembre de 2022, el Gobierno español daba luz verde definitiva a Bain para comprar casi un 80% de las acciones de la firma vasca, valorada entonces en unos 1.700 millones de euros, pero con la condición de que entrara capital español.

Así, en ese cambio de cromos también entraron a la sociedad JB Capital de Javier Botín (10%), el Gobierno Vasco (6%) y Sapa Placencia (5%). Indra, envuelta entonces en su propia crisis corporativa, no movió ficha. El Ejecutivo pidió al fondo una ventada de oportunidad para la potencial inclusión de más socios nacionales que, en teoría, se cierra este 30 de junio. Ni Indra, ni ITP Aero, ni Bain Capital quisieron hacer comentarios mientras las conversaciones sigan en marcha. Pero varias fuentes del sector afirman que la situación es incierta.

"Se está negociando intensamente. Pero las partes difieren sobre la valoración de la compañía", comenta una fuente conocedora de las conversaciones. "Entre los accionistas de Indra también hay distintos análisis sobre cuánto merece la pena invertir en ITP y a qué precio", asegura, puntualizando que, en este debate, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 25% del capital de Indra, lleva la voz cantante. Después de meses preparando el terreno para esta operación, quieren llevarla a buen puerto.

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Según varias fuentes consultadas por El Confidencial, Bain Capital alega que la valoración de ITP ha subido en estos meses en los que la recuperación del mercado de aviación civil está llegando a niveles previos a la pandemia y con margen de mejora. Como muestra, el botón de la Feria Aérea de París (Paris Air Show), donde Airbus e IndiGo cerraron un acuerdo récord por 500 aviones A320, apuntan fuentes del sector.

En paralelo, el sector defensa, que supone en torno a un tercio de la cifra de negocio de la compañía, está experimentando su propio ciclo alcista marcado por la guerra en Ucrania. ITP es el socio español de referencia para los motores de los programas aeronáuticos europeos más relevantes, como el caza Eurofighter, el avión de transporte A400M y el helicóptero Tigre. Ahora se embarca en el proyecto del nuevo caza de combate de sexta generación FCAS. Este doble ciclo alcista (civil y militar) ya comenzó a notarse en 2021, cuando la compañía facturó 915 millones de euros y arrojó un beneficio neto de 67 millones, revirtiendo las pérdidas de 2020.

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La oferta inicial de Indra, asesorada por el banco de inversión AZ Capital, habría sido de casi 300 millones por un 25% de las acciones, lo que valora la compañía en unos 1.300 millones, según publicó el diario La Información. Bain, según ese artículo, habría pedido el doble alegando estas positivas expectativas de crecimiento. Mientras la negociación con el fondo es por el precio, también existe un debate interno sobre la participación, que diversas fuentes ubican en torno a un 15%, menos de lo previsto, y a una valoración más cercana a la operación de 2022.

Las negociaciones, parece, se prolongarán hasta el último minuto, como sucedió hace dos años cuando se logró un acuerdo in extremis. "Los tres escenarios están abiertos. Puede que el viernes haya acuerdo o que las posiciones sean insalvables y se rompa la negociación. La fecha es firme, pero tampoco me extrañaría si se anuncia una ampliación del plazo para seguir hablando", comenta otra fuente cercana a una de las compañías.

Indra, nueva era

El segundo es más simbólico y burocrático, pero quizá más importante. También este viernes, los accionistas de Indra están convocados a una junta general ordinaria en la que están llamados a ratificar la elección de José Vicente de los Mozos como nuevo consejero delegado, así como la ampliación del consejo de administración (de 14 a 16) para dar un asiento a Amber Capital y cumplir con el código de gobierno en materia de consejeros independientes.

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Con este formalismo se cierra —en parte— un capítulo de divisiones internas en la dirección sobre el futuro de la compañía semipública, donde la Sepi controla en torno a un 28% del capital. Aunque no así los movimientos en el accionariado y las diferentes corrientes entre los inversores. También la derivada de las elecciones del 23 de julio, donde un cambio de signo en el Gobierno podría conllevar otros cambios sucesivos en las estrategias de gestión de las empresas estatales.

De los Mozos desembarcó, exejecutivo de referencia de la automotriz francesa Renault, tiene como misión reconducir la estrategia. Considerado cercano al PP, aunque con buenas relaciones entre los socialistas, su perfil vendría a hacer dupla con el presidente Marc Murtra, considerado más cercano al PSOE. Un equilibrio que podría resistir cualquier resultado electoral del próximo 23J y encauzar las corrientes internas sobre cómo llegar al objetivo de ser el campeón nacional de la defensa.

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Por un lado, accionistas como Joseph Oughourlian, director de Amber Capital y presidente de Prisa, aboga por dividir la compañía entre tecnología civil y militar para maximizar su valor. "Estamos empujando para que haya o una división de la compañía entre tecnología (Minsait) y defensa, o una venta total o fusión de la división de tecnología con otra compañía", dijo el directivo en una entrevista con Bloomberg el pasado mes de noviembre. Consideró que, por separado, cada una de las divisiones podría valer más de 1.500 millones de euros. El mes pasado, Amber aumentó su participación hasta el 7,2%, ganando un puesto en el consejo de la tecnológica desde donde defender su estrategia con más peso.

Pocos días antes, la firma de defensa madrileña Escribano M&E entraba por sorpresa en el accionariado de Indra con un 3% por más de 65 millones de euros y la intención de llegar al 10% antes de final de años para también ganar su consejero en la dirección. Si esto sucede habría que volver a ampliar el consejo para mantener la proporción de miembros independientes, cuya postura sobre la estrategia para la compañía son más difíciles de aventurar. Los otros accionistas clave son Fidelity Management Research con un 9,9% (y un 1,8% adicional a través de Fidelity Internacional Limited), y la empresa vasca SAPA (que también participa en ITP Aero) con un 5%.

Tensiones pasadas, planes futuros

La salida (pactada en marzo) del anterior CEO, Ignacio Mataix, ya generó tensiones en la cúpula con la dimisión del consejero independiente Axel Arendt, alegando que los motivos de ese reemplazo "continúan escapando a mi comprensión, en vista de los muy buenos resultados alcanzados por la sociedad bajo el liderazgo del señor Mataix y la alta consideración de la que goza en los mercados y en la industria de defensa". Arendt, antiguo responsable del área de defensa de Rolls-Royce, también consideró que la sustitución de del CEO "se ha visto presionado por un sentido de urgencia indebido [...] sin tiempo suficiente para asegurar el mayor éxito posible de la decisión".

Mataix se había mostrado más cauto con movimientos como la entrada en ITP, y reflejaba más la visión de otros accionistas que consideran la combinación de negocios una forma de diversificación y protección ante los ciclos industriales. De hecho, recuerdan algunas fuentes de la industria, el mercado ha castigado las acciones de Indra cada vez que había rumores sobre ITP y más aun con cada volantazo corporativo en estos últimos dos años para reforzar el control de la SEPI y reconstruir el órgano de decisión en alianza con Amber y SAPA.

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Indra, cuyos ingresos subieron un 14% interanual en 2022 a 3.800 millones de euros (Minsait +18% y transporte y defensa +6%) y una cartera de pedidos récord de más de 6.300 millones de euros, todavía está lejos de los pesos pesados de la industria europea de defensa. Como referencia, el consorcio europeo Airbus facturó el año pasado 58.800 millones de euros; la británica BAE Systems, unos 26.000 millones de euros; francesa Thales, 17.600 millones de euros; la italiana Leonardo más de 14.700 millones de euros y la alemana Rheinmetall, en torno a 6.400 millones de euros.

Un camino largo para De los Mozos, un ingeniero aeronáutico sin experiencia en el sector defensa que ya lleva actuando como CEO desde el mes pasado. Una de sus primeras decisiones ha sido el nombramiento de la responsable de recursos humanos de Minsait como directora de la relación con la plantilla para toda la compañía, por encima de la persona de referencia para la división de defensa.

Otro paso de calado ha sido asumir personalmente como máximo responsable ejecutivo de la Oficina Conjunta Nacional del programa FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo o Future Combat Air System), el programa armamentístico más ambicioso en el que está involucrada España, asociada a partes iguales con Francia y Alemania. Indra es la coordinadora de la participación nacional, que incluye a Airbus, ITP Aero, GMV, Sener y Grupo Oesia/Tecnobit, y, como tal, tiene la responsabilidad de impulsar un proyecto de peso industrial y político clave.

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La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este lunes la Oficina Conjunta del FCAS, instalada en la sede de la compañía tecnológica, para dar un nuevo espaldarazo político al proyecto. El programa avanzó a la fase de ejecución 1B en diciembre de 2022, para la que los socios han comprometido unos 7.500 millones hasta 2027 (de los que España aportará sus correspondientes 2.500 millones), y los trabajos comenzaron en mayo. Analistas calculan que el desarrollo final, programado para 2040, podría superar los 100.000 millones de euros. Por el momento, esta etapa generará más de 1.000 empleos para la industria nacional, de los que más de un tercio se concentrarán en Indra.

"La oficina de coordinación que dirige Indra deberá hacer evolucionar la estructura del programa, para poder actuar con una sola voz en el terreno internacional, protegiendo los intereses nacionales y poniendo en valor las capacidades españolas", explica la nota de prensa del ministerio sobre el FCAS. Un buen resumen del papel que el Gobierno aspira a que Indra represente para el conjunto la industria española de defensa. Y todo comienza este viernes.