1973-2022: el jaque a la economía mundial de dos crisis energéticas diferentes

"Venimos advirtiendo que la crisis de Ucrania significa que no hay camino de regreso a los escenarios que todos teníamos en mente hace un mes. El impacto es persistente, es grande y es probable que se haga aún más grande. A corto plazo, solo hay malos resultados: menos crecimiento, más inflación", señalaban los analistas de Bank of America en un informe sobre la economía europea publicado este viernes.

En esa visión se resumen los temores que se han levantado en torno a la recuperación de la economía europea en los últimos días. La escalada de los precios del petróleo (medidos en euros) y del gas natural a los niveles más elevados de su historia enfrenta al mundo y, más en especial, a Europa al temor de un 'shock' energético capaz de truncar la fuerte dinámica de crecimiento posterior al covid y sumir la economía en un largo periodo de dificultades. El tan temido fenómeno de la estanflación, hasta hace apenas unas semanas observado como una anomalía histórica muy difícilmente replicable, se ha convertido ahora en un peligro obvio para una gran parte de las firmas de análisis. El fantasma de la crisis de los años 70 se muestra hoy más vivo que nunca antes.

Aquel turbulento episodio, como el de ahora, tuvo su origen en una guerra, la del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque por sorpresa contra Israel, en octubre de 1973. Las potencias árabes que respaldaban la ofensiva decidieron usar su poder en el mercado petrolero, articulado en torno a la OPEP, como un arma contra Israel y sus aliados. Así, en medio de los enfrentamientos, decretaron una restricción de la oferta, un alza de los precios y un bloqueo de los envíos a los países que más estaban apoyando a Israel, entre los que se destacaban Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Países Bajos y Canadá. El resultado sería un brusco repunte de los precios del crudo, que se llegaron a triplicar en apenas unos meses y se mantendrían elevados durante años, arrastrando a las principales economías a la recesión, mientras las tasas de inflación alcanzaban cotas históricas, conformando una asociación antinatural (tradicionalmente se asume que la inflación es producto del crecimiento económico y que la recesión es contraria a las presiones de precios) que es lo que se conoce como estanflación.

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Los paralelismos con la situación actual son muy obvios. No solo por el detonante bélico del encarecimiento de la energía sino por algunas condiciones de partida, como unas tasas de inflación ya elevadas, provocadas por una fase de fuerte crecimiento económico previo y unas políticas fiscales y monetarias laxas, que entonces agravaron los efectos del 'shock' energético.

Pero también son evidentes notables diferencias. Algunas juegan a favor de una mayor resistencia de la economía global a las convulsiones energéticas actuales. Entre estas destaca el hecho de que desde entonces y, especialmente en los últimos lustros, las principales economías han logrado reducir de forma ostensible su intensidad energética; es decir, el consumo de energía en relación con el PIB. Lo que, en esencia, significa que el crecimiento económico depende cada vez menos del consumo de energía. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, entre 1990 y 2017 (último año del que existen datos), la intensidad energética de la Unión Europea se redujo en un 37%. Además, en esta ocasión, a diferencia de entonces, el punto de partida de los precios del petróleo en el momento del estallido de la crisis era relativamente bajo (a inicios de febrero, el petróleo Brent cotizaba más de un 30% por debajo de sus niveles de 2012 y más de un 40% por debajo de su máximo histórico, de 2008).

En adición a esto, los expertos suelen apuntar a la menor capacidad de influencia de los sindicatos y una menor indexación de los salarios y el gasto público a las tasas de inflación para descartar que se puedan dar niveles de inflación como los que se registraron entonces, cuando los países de la OCDE llegaron a registrar subidas de los precios superiores al 15%.

Sin embargo, otras diferencias no resultan tan favorables. "Una gran diferencia entre aquella crisis y la de ahora es que en esta el foco está en el gas y este resulta mucho más difícil de reemplazar a corto plazo", observa Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano y profesor titular de Política Económica en la UNED. En su opinión, la crisis generada por la guerra de Ucrania ha revelado con toda su crudeza los errores de la política energética europea, propiciados en gran medida por las actitudes de Alemania y Francia: una dependencia excesiva de Rusia (de donde proviene más del 40% del gas que se consume en Europa), una diversificación ineficaz (centrada en países del entorno ruso) y una red de interconexión muy limitada, que evita que los países con las infraestructuras suficientes para la regasificación de gas natural licuado (como es el caso de España) puedan distribuirlo en cantidades significativas al resto de países.

Los líderes europeos, conscientes ahora de estos fallos, están intentando reconducir la situación de manera acelerada, reduciendo los vínculos que le atan a una Rusia con la que se han roto todos los puentes y con la que parece difícil volver a establecer unos lazos cordiales en el medio plazo. La Comisión Europea presentó esta misma semana un plan con el que se pretende sustituir dos tercios de las importaciones anuales de gas natural ruso para finales de 2022, mediante un incremento de las exportaciones de gas natural licuado, el uso del biogás o el impulso de la generación renovable, entre otras medidas. "Si bien el plan para reducir la dependencia de Europa del gas ruso este año parece factible, solo asegurará precios de gas más altos por más tiempo y prolongará la reducción de los ingresos de los hogares", observaba David Oxley, economista senior para Europa de Capital Economics, en una nota publicada tras conocerse el plan.

En general, los expertos confían en que las inercias positivas tras el levantamiento de la mayoría de las restricciones pandémicas y un amplio grado de impulso fiscal (con planes como el Next Generation en Europa) deben permitir mantener en pie el crecimiento. Incluso en el peor de los escenarios planteados este jueves, en el que se proyectan tasas de inflación por encima del 7%, el BCE contempla que la economía europea crecerá este año más de un 2% y no caerá en recesión en el horizonte previsible, que abarca hasta 2024.

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Esta es también, con matices, la idea que prevalece entre las principales firmas de análisis. Pero a medida que se prolongan las tensiones geopolíticas y se agudizan los problemas energéticos, los riesgos se incrementan exponencialmente, ya que los altos precios de la energía minan el poder adquisitivo y la confianza de los consumidores, al tiempo que ponen en riesgo la rentabilidad de muchos negocios. Los parones a los que se han visto abocadas en las últimas jornadas distintas empresas intensivas en consumo energético son un claro aviso de los problemas a los que se puede enfrentar la economía si se restringe en mayor medida (ya sea por un veto autoimpuesto o por represalia de Rusia ante las sanciones) el flujo de petróleo y, sobre todo, gas ruso.

Se trata de una situación muy compleja para los bancos centrales, atrapados entre la necesidad de seguir respaldando la economía, para evitar que la recuperación económica se desmorone, y la obligación de actuar para contener el peligro de que la inflación se desboque. La reunión celebrada este jueves por el BCE, en la que se acordó adelantar el fin de los estímulos económicos, parece mostrar que hoy en día el banco central considera prioritaria la segunda de estas tareas.

Y no es de extrañar teniendo en cuenta, precisamente, las lecciones derivadas de la crisis de los años 70. En un artículo publicado en el boletín del BCE en noviembre de 2000 se enjuiciaba la respuesta que había dado la política monetaria de los distintos países europeos a aquella situación, tachándola de "inadecuada" por su escasa contundencia. "Dado que los precios del petróleo aumentaron considerablemente a finales de 1973 en un entorno de crecientes presiones inflacionarias, se necesitaba una fuerte respuesta de política monetaria. Sin embargo, a pesar de algunos aumentos en las tasas de interés nominales de corto plazo en 1973, la respuesta de la política monetaria fue insuficiente para contener el aumento de las tasas de inflación", concluía. En Estados Unidos, también ha quedado la idea de que la Reserva Federal de Estados Unidos estuvo lenta en ajustar su política a las dificultades creadas por aquella situación, lo que acabó alargando y agravando la crisis.

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En estas circunstancias, el peso de la responsabilidad de defender la recuperación económica se desplaza hacia la política fiscal. La propia Christine Lagarde, presidenta del BCE, alentó en su comparecencia del jueves a los gobiernos europeos a mantener una política fiscal que contribuya a compensar el impacto del 'shock' energético. "Con un banco central que se preocupa mucho más por la inflación que por el crecimiento, la política fiscal debe adoptar el enfoque opuesto", señalan en Bank of America, donde estiman que las medidas fiscales compensatorias en la eurozona deberían rondar los 200.000 millones de euros entre este año y el próximo.

El problema es que la reciente crisis del coronavirus ya ha dejado la situación fiscal de muchos países en una posición muy delicada y el paso atrás del BCE, si se confirma, probablemente redundará (ya lo está haciendo) en un incremento de los costes de financiación que hará para muchos países muy difícil afrontar ese incremento del gasto público. Es por eso que desde Bank of America consideran que las iniciativas en este terreno deben encauzarse desde una acción coordinada europea. "Más defensa e independencia energética serán temas dominantes. Y eso requerirá dinero que algunos países pueden ser reacios o incapaces de gastar. 'Más Europa', necesariamente, tendrá que ser el camino a seguir".

En los últimos días ha cobrado fuerza la expectativa de que Europa aborde esta crisis mediante una emisión conjunta de una especie de 'bonos de guerra', para hacer frente al incremento del gasto en energía y defensa. Precisamente, este tipo de soluciones tiene su origen histórico en la respuesta que la región dio al 'shock' petrolero de los 70. "El primer bono de la comunidad europea se emitió en 1976 para mitigar el impacto adverso de la crisis del petróleo, que amenazaba la viabilidad de la Unión Económica Europea. Los fondos se recaudaron en mercados de capital privados y luego se transfirieron a países en crisis, incluidos Italia e Irlanda", recuerda un grupo de economistas en un artículo publicado en la revista del Instituto para la Economía Mundial de Kiel.

La crisis en España

Las medidas de compensación del incremento de los precios del crudo fueron la base de la respuesta inicial que dio España a aquella crisis, que caía sobre una economía que atravesaba entonces sus mejores momentos en décadas. "En junio de 1973, la economía española había alcanzado un crecimiento del 8% en términos reales respecto a igual mes del año anterior; una cifra con pocos precedentes, desde luego. En la misma fecha, las reservas de divisas superaban los 6 000 millones de dólares, cantidad nunca antes atesorada. El paro involuntario no alcanzaba al 2% de la población activa; en términos técnicos, una situación de pleno empleo. Eran tres datos que hablaban de una economía en la cresta de una ola de prosperidad internacional", explican los profesores José Luis García Delgado y José María Serrano Sanz en la obra ‘Economía española de la Transición y la democracia, 1973-1986’.

Los gobernantes de la dictadura franquista optaron en un primer momento por sufragar con cargo a los recursos públicos buena parte del encarecimiento de los combustibles, cuyos precios de venta repuntaron muy levemente. Aquella medida, que partía de la base de que el 'shock' sería de corto plazo, fue bendecida incluso por el FMI. Pero sus consecuencias negativas no tardaron en revelarse. "Lo más grave es que los agentes económicos no tuvieron toda la información sobre la intensidad de la crisis y continuaron utilizando proporciones crecientes de energía en relación al PIB, algo que dejó de ocurrir en los otros países de la OCDE, ya en 1974. Y como los consumos energéticos españoles dependían en muy alto grado de las importaciones petrolíferas, el desequilibrio exterior se convirtió en un problema permanente", prosiguen García Delgado y Serrano Sanz.

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Para hacer frente a la escasez de combustible, se adoptaron medidas radicales, como la obligatoriedad de cerrar los comercios a ciertas horas o el cese de las emisiones de televisión a medianoche para contener el gasto energético. Mientras, el Gobierno de Adolfo Suárez trataba de aprovisionarse de petróleo organizando comitivas a los países árabes, en las que el rey Juan Carlos I representaba un papel clave, por sus buenas relaciones con los dirigentes de la región.

Hoy, como entonces, España se enfrenta al nuevo 'shock' energético desde una posición algo particular, ya que, a diferencia de gran parte de sus socios europeos, su dependencia de los suministros energéticos es muy limitada. Es por esto por lo que expertos como el profesor de ICAI Pedro Linares, ven poco probable que el país sufra dificultades de suministro.

Sin embargo, la economía española no puede aspirar a salir indemne de la situación, dado que el incremento de los precios energéticos es generalizado (además de que el golpe a otros países europeos afectará inevitablemente al comercio exterior). Desde BBVA Research advierten de que en un escenario como el actual, con caídas de la confianza y una reducción de la oferta de crudo, "por cada 10% de incremento permanente en el precio del petróleo, podríamos ver una caída de medio punto en el PIB de España". A esto se añadiría un impacto de 0,3 puntos porcentuales del gasto en consumo por cada 10% de caída en la riqueza financiera neta de los hogares.

Golpe en la bolsa

Aunque en España ocupa un lugar relativamente pequeño, un factor determinante en la evolución de la riqueza financiera de los hogares suele ser la evolución de la bolsa. Desde que Rusia inició la invasión de Ucrania, en la madrugada del 23 al 24 de febrero, las bolsas mundiales han experimentado momentos de elevada tensión, pero, hasta la fecha, sus pérdidas acumuladas son relativamente limitadas. De hecho, este viernes el Ibex selló su mejor semana en un año, limitando a un 3,5% las pérdidas desde el inicio del conflicto. En el Stoxx 600, el balance es peor, pero tampoco supera el 5%. Y Wall Street, menos expuesto a los problemas de Ucrania, ha pasado estas dos semanas prácticamente en tablas.

Con todo, y aunque las pérdidas recientes resultan más significativas si se añaden las ocurridas en las jornadas previas, cuando los inversores comenzaron a contemplar el riesgo de una guerra, los expertos insisten en que la situación sigue siendo extremadamente incierta y que la volatilidad seguirá marcando el paso de las cotizaciones.

La crisis de 1973 es paradigmática de cómo puede golpear un 'shock' energético a las bolsas mundiales más allá del corto plazo. En los 12 meses siguientes al embargo de la OPEP, el S&P 500 se dejó más de un 40% de su valor, el mayor mercado bajista desde la Gran Depresión, y no recuperaría hasta 1980 los niveles a los que había cerrado en 1972.

En el caso de la bolsa española, como en la economía, la crisis tardó en manifestarse. Durante los seis meses siguientes al inicio del embargo petrolero, el Índice General de la Bolsa de Madrid mantuvo una tónica ascendente y transcurrido el primer año de crisis, las pérdidas se situaban en el entorno del 15%. Sin embargo, la situación se deterioraría muy rápidamente y con mucha intensidad: al término de la década, se situaba más de un 70% por debajo de los niveles de abril de 1974. La debacle, alimentada también por la convulsa situación política del país durante los compases finales de la dictadura franquista y la transición hacia la democracia, hizo estrago en todo tipo de compañías: Altos Hornos de Vizcaya o Seat perdieron más del 90% de su valor; Telefónica, Española de Inversiones o Fimbasa restaron más del 80%; Tabacalera, El Águila o Ebro sufrieron caídas en torno al 70%; y las eléctricas Viesgo, Hidrocantábrico o Unión Eléctrica se dejaron algo más del 40%.