Social: Pedro Sánchez y el truco del almendruco (presupuestario)
LA CUESTIÓN DE CONFIANZA COMO FRAUDE DE LEY

Pedro Sánchez y el truco del almendruco (presupuestario)

Convertir la Ley de Presupuestos en una cuestión de confianza camuflada es un fraude de ley. El PSOE lo pretende. Pero se hace un escaso favor al sistema parlamentario

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

Acierta Pedro Sánchez cuando sostiene que su alternativa presupuestaria consiste en una “expansión moderada” del gasto público. El Partido Socialista, como se sabe, ha propuesto incrementar el Presupuesto en 7.998 millones de euros (con 85 céntimos). La cantidad, 'a priori', puede parecer exagerada, pero si se relativiza, es probable que haya que cambiar la impresión inicial. Los 8.000 millones de euros de gasto adicional representan el 2,4% de los 327.955 millones de gasto no financiero que empleará este año el Estado en términos de presupuesto consolidado, lo que indica que tampoco se trata de una cantidad explosiva.

Y no hay duda de que este país debe gastar más en I+D+i (801 millones propone el PSOE), educación (986 millones), transición energética (500 millones) o políticas activas de empleo (1.100 millones). Sin contar con nuevas aportaciones al gasto social (pensiones, protección por desempleo o vivienda).

Es obvio que como el dinero no cae del cielo, esas necesidades hay que cubrirlas con nuevos recursos, una manera amable de decir que hay que incrementar la recaudación vía impuestos. Pues bien, lo que propone Pedro Sánchez tampoco es nada disparatado. De hecho, la política fiscal que plantea el PSOE encaja perfectamente en el manual del buen socialdemócrata, que es el libro de cabecera de algunos países europeos económicamente muy avanzados.

Lo que plantea el PSOE es que los 8.000 millones salgan de un aumento del impuesto de sociedades (4.000 millones), de la lucha contra el fraude fiscal (1.500 millones) o de un incremento de la progresividad en el IRPF. En concreto, unos 400 millones saldrían de aumentar el tipo marginal máximo hasta el 52% (a partir de 150.000 euros), mientras que otros 1.500 millones vendrían de la equiparación de las rentas del capital y del trabajo.

De nuevo, habrá quien piense que se trata de cifras disparatadas, pero no estará de más recordar que en 2018 el Estado prevé recaudar por el impuesto de sociedades 24.258 millones de euros. Es decir, todavía lejos de los 26.020 millones ingresados en 2004 —hace 14 años— y, desde luego, a años luz de los 44.823 millones recaudados en 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Es decir, con una economía que habrá crecido entre 2015 y 2018 en el entorno del 3% en media anual, y que ha permitido a las empresas sanear sus cuentas de resultados, no parece un sacrificio descabellado elevar ligeramente la presión fiscal a las compañías con mayores beneficios (la mitad de las empresas sigue en pérdidas). Desde luego que no subiendo tipos impositivos, sino por el expeditivo método de reducir sus beneficios fiscales (las cantidades que perdona Hacienda), y que en 2018 ascenderán a 3.453 millones de euros solo en sociedades.

Cuestión de confianza

La perplejidad surge, sin embargo, si se tiene en cuenta que Pedro Sánchez no quiere que se apruebe el Presupuesto presentado hace unos días por Montoro. Por el contrario, lo que busca —legítimamente— es una derrota parlamentaria en toda regla del Gobierno que debilitaría todavía más la posición de Rajoy. Es más, el propio Sánchez reveló ayer —no es la primer vez que lo hace— que si el Gobierno no saca adelante el anteproyecto de ley de Presupuestos lo que debe hacer de manera casi automática es someterse a una cuestión de confianza.

Hay que reconocer que desde el punto de vista político, la estrategia del PSOE es impecable: primero el Gobierno sale derrotado y después se hace el haraquiri presentando un cuestión de confianza.

La cuestión de confianza, como han recordado los constitucionalistas, surgió como un instrumento parlamentario destinado a sacar adelante un proyecto de ley en los términos deseados por el Gobierno. De esta manera, se pretendía sustraer al Congreso su capacidad de discusión y enmienda. Y en este sentido, suele recordarse la que presentó Mendizábal en 1835 para sacar adelante la célebre Ley de Desamortización. Se trata, por lo tanto, de una decisión del Gobierno que plantea la siguiente disyuntiva: o se aprueba la ley o crisis de Gobierno con posible adelanto electoral, como sucedió en 1995 cuando CiU retiró su apoyo a Felipe González.

Es decir, objetivos que tienen poco que ver con una Ley de Presupuestos, que, aunque sea la ley más importante (desde luego en términos numéricos), no es una ley singular, como lo fue la de la desamortización, sino una ley más (ni siquiera es orgánica) que cada año se tramita de forma ordinaria, aunque con unos plazos tasados que este Gobierno se salta a la torera con el visto bueno de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. De hecho, los Presupuestos son casi idénticos de un año a otro, con un pequeño margen de maniobra de menos del 5% para el Gobierno para hacer política. El resto (pensiones, nóminas, gastos corrientes, etc.) está ya comprometido antes de empezar a andar.

La Ley de Presupuestos, por lo tanto, no es ni una cuestión de confianza camuflada ni mucho menos una moción de censura encubierta. Es, simplemente, una Ley de Presupuestos, de ahí que lo razonable es que iniciara su tramitación y posteriormente fuera enmendada por los grupos de la oposición mediante el sano ejercicio de las mayorías y de las minorías parlamentarias. Entre otras cosas, porque al contrario de lo que sucede en EEUU, donde la Administración echa el cierre si no hay Presupuesto, en España las cuentas públicas siguen vigentes y se pagan normalmente cuentas y facturas. No se produce, por lo tanto, ningún vacío, debido a que su prórroga es automática, sin necesidad de ningún acto administrativo.

Es por eso que confundir una Ley de Presupuestos con una cuestión de confianza es un profundo error parlamentario. Sánchez, evidentemente, no está en el origen de este disparate constitucional, que sitúa a la Ley de Presupuestos permanentemente en el disparadero por razones ajenas a la economía, que es la esencia de la Ley de Presupuestos. Y que históricamente ha provocado que las minorías nacionalistas hagan valer sus votos a precio de oro.

Parece que lo razonable sería que la ley se tramitara y a partir de ahí cada grupo parlamentario planteara sus alternativas. De esta manera servirían para algo las propuestas del PSOE que, con toda seguridad, irán a la papelera.

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