La inflación de socimis provoca un agujero de 261 millones a Hacienda

La proliferación de socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) no está pasando inadvertida a Hacienda. Al contrario. La 'Memoria de beneficios fiscales 2018' —que forma parte de la documentación que acompaña a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado— refleja una minoración de ingresos para las arcas públicas de 261 millones. O lo que es lo mismo, esa es la cantidad que dejará de ingresar Hacienda por los beneficios fiscales que obtienen las socimis en el impuesto de sociedades al tributar con tipos reducidos o, incluso, nulos: 19% y 0%, según los casos.

Lo singular no es solo la cifra, sino su evolución al alza, en la medida en que este instrumento de inversión inmobiliaria —que ha sustituido a los fondos de inversión en bienes raíces— crece año a año de forma acelerada.

En concreto, el número de socimis que se han beneficiado de deducciones fiscales asciende ya a 115 entidades, y, de ellas, 50 cotizan en el MaB (Mercado Alternativo Bursátil), lo que supone un incremento del 37% en los dos últimos años, según Bolsas y Mercados. Otras cotizan en el Mercado Continuo. Pero es que incorporando la cuantía media de las cuotas tributarias de las socimis, el resultado es un aumento del 52,4% en el bienio 2016-17. Algo que explica que Hacienda, que es quien elabora la 'Memoria de beneficios fiscales', haya decidido prestar atención a las socimis por su elevado coste fiscal.

Entre otras cosas, porque las socimis —y al ritmo que marca el mercado inmobiliario— se han convertido en un vehículo de baja tributación para las rentas más altas, que en ocasiones prefieren este instrumento de inversión a las sicavs, sobre las que existe siempre incertidumbre jurídica.

Un par de datos muestran la proliferación de socimis. El 7,5% de las deducciones en el impuesto de sociedades va a parar ya a ese vehículo inversor, cuyos beneficios fiscales —los 261 millones que deja de ingresar Hacienda cada año— son ya superiores a los 253 millones que se desgravan las 2.941 sociedades de inversión existentes actualmente en España, según la 'Memoria de beneficios fiscales'.

Las socimis nacieron en plena recesión (2009), y el último Gobierno Zapatero se inspiró en los llamados REIT (Real Estate Investment Trust), nacidos en los EEUU en los años sesenta, con el objetivo de revitalizar el deteriorado mercado inmobiliario. Una ley posterior, sin embargo, y ya con el nuevo Ejecutivo del Partido Popular (PP), introdujo una mayor flexibilidad y mayores ventajas fiscales.

Ventajas fiscales

El resultado es que casi una década después, con un mercado ya en franco crecimiento en precios y rentabilidades, las ventajas fiscales continúan sin tocarse. Y, de hecho, su baja tributación es una de sus principales ventajas competitivas respecto de otros vehículos de inversión, además de la liquidez y de la transparencia.

Opinión

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Las socimis —que no están obligadas a tener un mínimo de accionistas— están obligadas a repartir como mínimo vía dividendos el 80% del beneficio derivado de la actividad de alquiler, así como de tener como mínimo el 80% del valor de su activo en inmuebles urbanos destinados al arrendamiento. Igualmente, la última reforma redujo el capital social mínimo hasta los cinco millones de euros (antes 15 millones), con la posibilidad de invertir en un único inmueble.

La ley establece un tipo del 19% (inferior al general en el impuesto de sociedades) sobre el importe de los dividendos distribuidos por las socimis a los socios que tengan una participación mayor o igual al 5%, siempre y cuando dichos dividendos estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%, y siempre que el socio que perciba el dividendo no sea otra socimi. En todo caso, este gravamen del 19% recaerá sobre la socimi que distribuye los dividendos (el tipo general en sociedades es del 25%).

Pero, sobre todo, se aplica un tipo del 0% a las socimis que opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en la ley que dio origen a su nacimiento, la de 2009. Una auténtica ventaja impositiva que explica el elevado coste que tienen para la Hacienda pública en un mercado inmobiliario que sube a ritmos de dos dígitos, y en el que la demanda de alquiler está asegurada.