El Gobierno descarta subir el impuesto a los hidrocarburos en los Presupuestos

En el año 2016, unos meses después de que la Unión Europea perdonara la multa a España por incumplir el objetivo de déficit por las bajadas de impuestos que aprobó el PP en víspera de las elecciones, el Gobierno prometió a Bruselas que endurecería los impuestos a la contaminación. Una medida que estimó en 560 millones de euros anuales y que serviría para reducir más rápido el déficit público y dar respuesta a la exigencia de la Comisión Europea de elevar la carga fiscal sobre los hidrocarburos.

Esa reforma fiscal, que figuró en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, nunca llegó a aplicarse. Ahora es la comisión de Expertos de Transición Energética nombrada por el Ministerio de Energía quien reclama un 'impuestazo' a las energías contaminantes para luchar contra el cambio climático y las enfermedades derivadas de la contaminación. Sin embargo, el Gobierno no quiere oír hablar de subidas de impuestos, ni siquiera para los hidrocarburos. Por el momento, sus únicas consignas son subir el gasto social, bajar los impuestos para las rentas bajas y ajustar el déficit gracias al ciclo económico.

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El Ejecutivo ha descartado dar una 'vuelta de tuerca' a los impuestos sobre los hidrocarburos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará este martes en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Gobierno confirman que no se incluirá ninguna subida en los tipos impositivos aplicados en la letra pequeña de los PGE. El impulso económico será suficiente para cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas, por lo que no es urgente tocar los tributos. Por ejemplo, la recaudación con los impuestos especiales, entre los que se incluyen los impuestos a los hidrocarburos, se incrementará un 6,4% sin necesidad de tocar los tipos.

La reforma de los impuestos medioambientales exige una negociación más amplia que los PGE. En primer lugar, porque implica a varios ministerios, no solo el de Hacienda. En segundo, porque la creación de una verdadera fiscalidad medioambiental exigirá la creación de nuevas figuras tributarias, algo que no puede abordarse desde los Presupuestos. La Ley de los PGE solo permite modificar los tipos impositivos, exenciones, deducciones, etc. de tributos ya creados, pero no originar nuevos. Y, en tercer lugar, porque algunas comunidades autónomas han iniciado un camino para aplicar sus propios tributos medioambientales, lo que obligaría a una armonización nacional que tendría que diseñarse en colaboración con las regiones.

El impulso económico será suficiente para cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas, por lo que no es urgente tocar los tributos

Por estos motivos, para el Gobierno es más cómodo separar la reforma de los impuestos medioambientales de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, se repetiría lo que ya ha ocurrido con la reforma de la financiación autonómica y local, la reforma de las pensiones, la lucha contra la despoblación de las regiones del interior y un largo etcétera. Con la excusa de la necesidad de contar con la oposición, el Gobierno ha conseguido bloquear todas estas medidas, que han quedado aparcadas para cuando haya otras mayorías en el Congreso.

El problema de los precios

El sistema de precios es probablemente el instrumento más útil para realizar una buena asignación de recursos. Sin embargo, a pesar de sus bondades, tiene graves problemas para incluir las externalidades negativas, y el mejor ejemplo es la contaminación. ¿Quién asume el coste que genera a toda la sociedad el consumo de hidrocarburos? Estos defectos del sistema de precios se pueden corregir con la regulación, y esto es precisamente lo que pretende conseguir la comisión de expertos del Ministerio de Energía.

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La idea de gravar el consumo de gasolinas y gasóleos no responde a un interés recaudatorio. El objetivo es subsanar el error del sistema de precios para que realmente el consumidor asuma todo el coste que genera su decisión de consumir hidrocarburos. Así, el objetivo es “la sustitución de los actuales impuestos que gravan la energía por impuestos que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía”, señala el informe.

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En otras palabras, esta decisión no sería imponer una penalización de modo que se cumpliese el principio de 'el que contamina, paga'. Sino que se pretende conseguir que los productos contaminantes incluyan el verdadero coste que genera su consumo para la sociedad. Para evitar que se confunda con una medida recaudatoria, los sabios piden que la subida del precio del gasóleo (un 28%), la gasolina (un 2%) y el gas (un 6%) se compense con una bajada de la electricidad del 6,8%.

El sistema de precios tiene graves problemas para incluir el coste de las externalidades negativas que generan determinados productos

Esto tampoco sería premiar a quien consume electricidad, sino recoger las externalidades positivas que genera la energía limpia y que ahora no perciben los consumidores. De este modo, generaría un incentivo para que los consumidores optasen cada vez más por la electricidad en sustitución de los hidrocarburos.

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La Comisión Europea también ha pedido a España, en reiteradas ocasiones, que mejore la fiscalidad medioambiental para internalizar en el precio de los productos las externalidades negativas que genera. De hecho, España se sitúa a la cola de Europa en cuanto a la recaudación que consigue con los impuestos ecológicos. En 2016 fue del 1,85% del PIB, muy lejos del 2,44% que recaudó el conjunto de la Unión Europea. Es por este motivo que Bruselas lleva años reclamando un esfuerzo a España para que corrija el defecto del sistema de precios. Pero tampoco será hoy cuando se aborde.