"Si intento volver, será aún peor": la expulsión de una española de UK tras volver de Navidad abre la caja de los truenos

Una española de 34 años ha sido expulsada de Reino Unido, país donde reside, al intentar regresar tras las vacaciones de Navidad. María (nombre ficticio) presentó a la policía de fronteras los papeles que demostraban que tenía derecho a vivir y trabajar en suelo británico tras el Brexit. Pero le dijeron que estaba "perdiendo el tiempo" y tras pasar una noche detenida en el aeropuerto de Luton, la metieron en un avión de vuelta a España.

El episodio ocurrió el pasado 26 de diciembre, pero es ahora cuando ha sido publicado por The Guardian. Aunque no se trata de un caso aislado. Desde que Reino Unido abandonó la UE, El Confidencial ha tenido constancia de otros españoles a los que les han denegado la entrada en el país.

Fue el 31 de diciembre de 2020 cuando se puso fin al periodo de transición y entraron en vigor las nuevas normativas impuestas por el histórico divorcio. Sin embargo, muchas de las solicitudes de comunitarios residentes para regular su situación aún no se han tramitado, generando multitud de problemas como los que atraviesa ahora María.

La española vive con su marido y sus suegros en Bedfordshire (este de Inglaterra). Cuando el mes pasado su hermana dio a luz, viajó a España cuatro días para poder conocer a su sobrina. Pero al aterrizar de vuelta en el aeropuerto de Luton (Londres) el 26 de diciembre, la llevaron a una sala, le quitaron sus pertenencias —incluido el teléfono— y la dejaron allí toda la noche. Al día siguiente, la subieron a un avión de regreso a España y le advirtieron de que no intentara entrar en Reino Unido durante un mes.

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"Se suponía que debía volver al trabajo, pero ahora mi vida se ha ido al traste. Todas mis cosas están en Reino Unido: mi perro, mi coche. Estaba estudiando para enfermería veterinaria, que era mi sueño. Pero si intento volver, será aún peor", relataba a The Guardian.

María había presentado en 2023 una solicitud tardía para regular su situación. Fue rechazada en junio por no haber aportado pruebas suficientes, pero pidió una revisión y tenía un certificado del Ministerio del Interior donde le aseguraban que "podía trabajar en Reino Unido" hasta que recibiera una respuesta. "Podría haberles dicho que era una turista [se permite estar hasta seis meses], pero no lo soy y no tengo nada que ocultar y se lo dije. Estoy esperando la decisión de la apelación y por eso sigo trabajando", dijo.

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La funcionaria de fronteras —que casualmente también la había detenido en agosto, pero le dejó pasar los controles después de consultar con su compañero— le dijo que el papeleo no era válido, contradiciendo así la información detallada en los documentos del Ministerio de Interior.

María vivió en Reino Unido desde 2014 hasta 2018. Había regresado recientemente después de un periodo en Sudáfrica, donde su esposo estaba completando su doctorado. Los confinamientos por covid habían impedido adelantar la vuelta. Según las normas, le permitieron presentar una solicitud tardía para regular su situación, pero debe demostrar que su salida de Reino Unido no fue tan larga como para invalidar sus derechos, según recoge el acuerdo de retirada sellado entre Londres y Bruselas.

La organización The 3 Million —que vela por los derechos de los comunitarios tras el Brexit— ya advirtió en su momento de que muchos iban a quedar "como inmigrantes ilegales, sin siquiera saberlo", con todas las repercusiones que eso implica.

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"Desafortunadamente, el caso de María no es aislado. El número de ciudadanos de la UE rechazados en la frontera se ha cuadruplicado en los últimos años y representa alrededor del 60% del total de denegaciones. Asimismo, más de 140.000 personas están esperando aún respuestas atrasadas del Ministerio del Interior a su solicitud para regular su situación en riesgo de que se les niegue la entrada al país cuando viajan", asegura a este diario Andreea Dumitrache, portavoz de The 3 Million. "Se trata de una implementación desproporcionada de las reglas. Es un sistema hostil ante el que mostramos nuestra preocupación".

La policía fronteriza negó la entrada a María alegando que su "solicitud de EUSS [plan de asentamiento de la UE] ha sido rechazada y ya no tiene el derecho de admisión al Reino Unido". Sin embargo, María, que ahora está recibiendo asesoramiento legal, rechaza esta versión de los hechos, argumentando que su certificado de solicitud deja claro su derecho a trabajar en Reino Unido mientras su caso aún se está revisando.

Alistair Strathern, diputado laborista de Mid Bedfordshire —circunscripción donde vive la española—, asegura que está buscando respuestas del Ministerio del Interior sobre el caso. "Es realmente importante para que nuestras fronteras sean seguras y la gente tenga confianza en los funcionarios fronterizos que estén facultados para actuar dentro de la ley. Pero parece que en este caso eso no parece haber sucedido y hay un vacío legal", señala.

El Ministerio del Interior defiende que el problema para aquellos con una solicitud para regular su situación —a través del estatus de asentamiento— que intentan entrar al país no es su derecho a trabajar, sino demostrar evidencia de que tienen derecho a estar en el país según el acuerdo de retirada Brexit. Eso sí, especifican que a quienes se les deniega la entrada "no es lo mismo que estar sujeto a una orden de deportación que, aunque válida, impediría el reingreso al Reino Unido". "La prioridad número uno de la Fuerza Fronteriza es mantener nuestras fronteras seguras y nunca cederemos en esto", recalca un portavoz del Ministerio del Interior.

"Los agentes pueden detener a cualquier pasajero que llegue para realizar un examen más exhaustivo si no están inmediatamente satisfechos de que califican para entrar. Esta decisión se toma basándose en la información que proporciona el pasajero, no en su nacionalidad", matizan.

Los comunitarios que podían probar que estaban residiendo en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 tuvieron un periodo de gracia hasta el 30 de junio de 2021 para legalizar su residencia tras el Brexit y mantener, entre otros, el acceso a la sanidad pública. Debían hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque de otra manera, por poner un ejemplo, el estadounidense casado con una española también quedaba en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia estaba vinculado a la normativa de la UE.

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Aquellos que llevaran cinco o más años debían solicitar el llamado settle scheme (estatus de asentamiento). Eso sí, cada vez que cambien de dirección, renueven pasaporte o tengan cualquier cambio en sus datos personales, deben notificarlo. Y si están fuera del país durante cinco años, desaparecen básicamente del sistema.

Por otra parte, aquellos que llevaran menos de cinco años tenían que solicitar el pre-estatus y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir luego el estatus de asentamiento. Y pongamos todo esto en el contexto de la pandemia global. ¿Cuántos comunitarios se fueron largas temporadas a sus países de origen aprovechando el teletrabajo? ¿Cuántos universitarios fueron mandados a casa para seguir las clases online?

Lejos de recuperar el control de las fronteras, la que fuera gran promesa del Brexit, la migración neta —la diferencia de los que llegan respecto a los que se van— marcó un nuevo récord en 2022, con 745.000, por encima de lo que se había estimado previamente, según las últimas cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas.

En precampaña, ya de cara a las elecciones generales previstas para 2024, el premier Rishi Sunak ha endurecido aún más las medidas tanto para los inmigrantes legales (los cuidadores, por ejemplo, no podrán traer a sus parejas e hijos) como ilegales (a los que quiere mandar a Ruanda con un controvertido programa tachado de ilegal por la Justicia).