Burlar el Brexit como un ‘sin papeles’: una abogada “oportunista” y un comisionista irlandés

“Es algo habitual, pero con otras nacionalidades. ¿Recuerdas la operación Bonela? La de los marroquíes que eran explotados en el campo, pues en el fondo es lo mismo, pero con ciudadanos del Reino Unido”. Este es el paralelismo que establecen los investigadores de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) De la Comisaría Provincial de Málaga para explicar el modus operandi de dos redes criminales que cobraban una media de 1.600 euros para regularizar fraudulentamente a británicos y adquirir la categoría de residentes en la Unión Europea (UE). Las organizaciones operaban desde sendos despachos profesionales de Marbella y Ceuta y utilizaban documentos falsificados para ‘demostrar’ arraigo en la Costa del Sol. Una abogada ingresó en prisión por estos hechos, aunque actualmente se encuentra en libertad tras abonar una fianza.

La Policía Nacional inició las pesquisas en abril de 2021, después de que la Oficina de Extranjeros en Málaga alertase de la vinculación existente entre varios despachos de abogados y un gran volumen de peticiones de residencia que infundieron sospechas de haber sido manipuladas. Los indicios apuntaban a que pretendían obtener la residencia en España utilizando una vía beneficiosa que recoge el Acuerdo de Retirada de la UE del Reino Unido e Irlanda del Norte (Brexit) y que estaba reservada a los británicos que ya eran residentes en territorio español con anterioridad a la salida de sus países de la Unión Europea.

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Los agentes de la Ucrif analizaron una cifra superior a 200 expedientes de solicitud de residencia de ciudadanos británicos y hallaron falsedades en más de la mitad de ellos, descubriendo en su mayoría diversos documentos falsificados, como contratos de arrendamiento, pólizas de seguros médicos, extractos bancarios o facturas. Con ellos pretendían justificar la residencia de los interesados en España antes del 1 de enero de 2021, fecha límite establecida para su regularización.

Se ha acreditado el carácter fraudulento de 120 solicitudes de permisos de residencia, siendo estas denegadas o extinguidos los permisos ya concedidos por la Oficina de Extranjeros en Málaga. A algunos se les ha incoado expediente de expulsión porque estaban en situación irregular y había varios casos en los que el investigado todavía podía estar dentro del periodo de estancia regular de 90 días que permite la legislación, precisa a El Confidencial uno de los responsables de las pesquisas.

Entre las solicitudes de residencia fraudulentas se hallaron las de tres delincuentes

Un total de 41 solicitantes, la mayoría en la Costa del Sol, han sido detenidos por falsedad documental. El perfil era bastante heterogéneo como para establecer un patrón definido. “Había quien, por la razón que fuese, no había obtenido dentro de plazo el Certificado de Registro de ciudadano de la Unión Europea; los que querrían una tarjeta de residencia comunitaria para tenerla, por las ventajas que conllevaba a efectos de movilidad dentro de la UE; o los que directamente querían salir del Reino Unido por distintas razones”. También quien deseaba construirse una nueva vida desde el anonimato. Porque los agentes han constado que entre los investigados había —al menos— tres delincuentes que pretendían ocultarse en la provincia malagueña.

Las aproximadamente 80 solicitudes fraudulentas restantes pertenecían a “gente que no fue hallada, incluso que a lo mejor no se encontraba en España, que podría estar relacionado con hechos delictivos…”, señalan las citadas fuentes, que matiza que todas esas personas están “identificadas” y su presunta implicación en los hechos ha sido comunicada a la autoridad judicial.

Un “filón”

La operación se ha saldado con cinco detenidos más, que eran los profesionales al frente de los dos bufetes en torno a los que se habían estructurado ambas redes. La principal, en Marbella, encabezada por una abogada que ingresó en prisión por estos hechos, y que ha recuperado la libertad tras abonar una fianza. La secundaria, en Ceuta, que se valía de la digitalización y la posibilidad de presentar documentos de forma telemática para atraer a británicos asentados en el sur de la península.

Estos despachos “no eran especialmente conocidos en el mundo de la extranjería”, por lo que la hipótesis de los investigadores es que sus responsables fueron unos “oportunistas” que “encontraron un filón” y “pensaron que nadie se va a dar cuenta”. Lo importante de este caso es que “todos somos administración”, y si el fraude no hubiese sido detectado, esas personas estarían haciendo uso de los servicios públicos como cualquier ciudadano.

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El sexto arrestado para completar 47 totales con los que ha concluido parcialmente la investigación es un curioso personaje clave en la trama. Se trata de un ciudadano irlandés asentado en la Costa del Sol “desde hace muchos años”. Es un tipo con antecedentes policiales que ejercía de captador y, a cambio de una comisión, ponía en contacto a los británicos en contacto con las redes delictivas. No era la única forma de llegar a ellas. “El boca a boca era otra”, apuntan los agentes, que señalan que “se corrió la voz” de los ‘milagros’ administrativos que prometían ambos despachos profesionales.

Fruto de las pesquisas se ha acreditado que todos los investigados buscaban regularizarse pagando por estos trámites fraudulentos, una media de 1.600 euros por persona, siempre en efectivo y en lugares ajenos a los despachos u oficinas en que los miembros de la organización realizaban sus actividades.

Para lograr algunos documentos falsos también se contó con la connivencia de personal de empresas que percibían una comisión

Las cantidades a pagar variaban notablemente según la facilidad del trabajo y el poder adquisitivo del ‘cliente’. “Había casos que requerían un trámite sencillo, y aceptaban 500 euros; y también personas de las que sabían que tenían capacidad económica y les sacaban 3.000”, explican las citadas fuentes, que añadieron que los documentos que se aportaban para justificar la residencia en territorio español se obtenían de dos formas principalmente. En primer lugar, falsificándolos, con mayor o menor pericia; en segundo, con la connivencia del trabajador de alguna empresa que percibía alguna cantidad por ello, de ahí que entre los arrestados también haya empleados que realizaron esta función.

“Esta documentación, que no reflejaba la realidad, se incluía en un expediente administrativo para lograr una regularización, y ahí es donde se sustancia el delito de falsedad documental”, incidieron.

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Los líderes de las organizaciones desarticuladas se encontraban asentados en la provincia de Málaga y la ciudad autónoma de Ceuta, realizándose registros domiciliarios en las localidades malagueñas de de Marbella y Cártama. Los agentes localizaron numerosos documentos relacionados con la trama durante estas inspecciones.

Las 47 detenciones se practicaron Málaga. Tres eran los responsables del despacho de Marbella, y dos del despacho ceutí, a los que se les atribuye su presunta implicación en los delitos de “pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental”. A los 42 arrestados restantes, muchos de ellos británicos que querían demostrar un inexistente vínculo con España, se les investiga únicamente de la última infracción penal.