De la patera al sistema previo pago de 1.500 euros: 43 detenidos por 'regularizar' inmigrantes

Eran aproximadamente las seis de la madrugada del pasado 25 de octubre cuando los vecinos de Casarabonela se vieron sobresaltados por la presencia de un helicóptero que permanentemente sobrevolaba sus viviendas. Era uno de los aparatos del Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional, que participaba en una importante operación contra las redes de inmigración irregular que tenía en este municipio malagueño uno de sus vértices. Los otros dos fueron Álora y Torrox, localidades que dibujaban un triángulo geográfico en cuya área supuestamente se extendía una red organizada liderada por un empresario que contaba con el apoyo de una abogada y tres empleados de una gestoría.

La organización, que se valía de siete empresas para construir su entramado, diversificaba sus acciones para obtener ingresos por distintas vías y presuntamente “vendía contratos de trabajo”, realizaba “actas ficticias” o facilitaba “la obtención de prestaciones por desempleo”, informaron a este periódico fuentes cercanas al caso, que añadieron que la red se desenvolvía en el “sector agrícola” a través de “sociedades de la comarca del Guadalhorce”.

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Un total de 43 personas han sido detenidas, siendo los cabecillas españoles, y entre los distintos delitos que se han investigado se encuentran los de fraude tributario, regularización fraudulenta y explotación laboral. El grueso de los arrestados son marroquíes que entraron al país tras cruzar el Estrecho en patera y que conformaban la mano de obra barata, aunque entre los investigados también hay rumanos y argentinos, señalaron las fuentes consultadas.

La investigación de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Málaga y la Brigada Central de Madrid arrancó el pasado mes de noviembre, gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas de la provincia del sector agrícola que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos.

Con el pago por contratos ficticios, los inmigrantes conseguían regularizar su situación

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes han permitido constatar que esas sociedades investigadas eran utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí. Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en nuestro país.

A través de estas firmas, también formalizaban contratos de trabajo ficticios con inmigrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo. Esto, además, les permitía cotizar de manera fraudulenta en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.

Estos profesionales presuntamente estaban estrechamente relacionados con el cabecilla de la organización, un individuo al frente de dos empresas sobre las que se ha centrado un caso para cuyas indagaciones se recurrieron a drones de forma regular.

Una parte de los inmigrantes captados por la red eran explotados en el campo y “eran alojados en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización”, informó el citado cuerpo. Las fuentes consultadas por El Confidencial detallaron que se improvisaban habitaciones en almacenes, cocheras y bajos donde “tiraban colchones en el suelo para que durmiesen”. La mayoría de estos barracones carecían de baño y tenían deficientes instalaciones eléctricas a las que conectaban diversos aparatos, “con el consiguiente riesgo” que existía de que se provocase un incendio u otro tipo de accidente.

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Las distintas líneas de trabajo de los investigadores concluyen que las empresas analizadas también podían estar cometiendo diversos fraudes tributarios relacionados con los impuestos del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que el grupo criminal contaba con la colaboración de varios empleados de una gestoría y una abogada. Las fuentes consultadas señalaron que, tanto los tres gestores como la letrada son investigados, no detenidos.

La operación Bonela se saldó con el arresto de 43 personas de diversas nacionalidades, entre los que se encuentran los líderes del grupo, y se registraron cuatro domicilios en distintas localidades de la provincia de Málaga, donde se intervinieron 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y abundante documentación relevante para la investigación.

Además de la mencionada colaboración de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, durante la investigación se contó con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Málaga.