20 euros a la semana para comer: Así actúan las redes que esclavizan a temporeros
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Delincuencia organizada

20 euros a la semana para comer: Así actúan las redes que esclavizan a temporeros

La Audiencia de Castellón ha condenado a tres siglos de cárcel a los cinco miembros de una organización que engañó a más de medio centenar de personas en Rumanía y Bulgaria

placeholder Foto: Momento en el que la Guardia Civil rescató a algunos temporeros. (Guardia Civil)
Momento en el que la Guardia Civil rescató a algunos temporeros. (Guardia Civil)

Jornadas que comenzaban con los primeros rayos del sol y que se prolongaban hasta las ocho de la tarde, con solo media hora de descanso, de lunes a sábado, y un salario de un euro por cada capazo de cítricos recogido del que únicamente percibían una mínima parte para poder comprar algo de comida. El resto, para abonar una supuesta deuda que nunca acababan de pagar y saldar una larga lista de gastos que aumentaba cada vez que a sus captadores les daba la gana.

Estas son las precarias condiciones en las que se encontraba más de medio centenar de temporeros de Europa del Este que fueron engañados por un grupo organizado que posteriormente los explotaba en campos de cultivo de Castellón y Huesca. Los trabajadores fueron auxiliados por agentes de la Guardia Civil, cuya denuncia ha sido clave para sustanciar una sentencia en la que los cabecillas de la red, una pareja de origen rumano, han sido condenados, cada uno, a 108 años y seis meses de prisión por 54 delitos de trata de seres humanos con "finalidad de esclavitud" y por otro de blanqueo de capitales.

Pero a pesar de la contundencia del fallo, que suma penas totales de 299 años y ocho meses de cárcel para los cinco condenados, y que destaca porque trata de forma individualizada a cada una de las víctimas, el valor que subyace en sus 34 folios es la cruda descripción de los métodos que emplean estos traficantes de personas, capaces de deshumanizar a jóvenes, mujeres o matrimonios hasta transformarlos en mano de obra desechable que reponían cada cierto tiempo.

El cúmulo de penurias que padecieron estos temporeros, procedentes, principalmente, de Rumanía y Bulgaria, comenzaba instantes después de pisar suelo español tras un viaje de dos o tres días en autobús. El traslado era el intermedio de un proceso de explotación que arrancaba días atrás con un engaño construido sobre la especial "situación de precariedad económica" de las víctimas.

"Conociendo y aprovechándose de las mismas", se plasma en la sentencia, "les ofrecían, a sabiendas de su falsedad, suculentas ganancias que les permitirían mejorar su situación". Así engañaron a un individuo que en el pasado había sido captado por la pareja que lideraba la red y al que prometieron abonar cantidades indebidas. En marzo de 2019 llegó a Fraga (Huesca), donde estuvo en distintas explotaciones agrarias durante dos meses.

La red llegó a engañar a un matrimonio que necesitaba dinero para operar a su hijo

Que los miembros de la red no tenían escrúpulos quedó patente en cada uno de los casos investigados, pero especialmente complicado fue el protagonizado por un matrimonio que necesitaba dinero para poder someter a una operación a un hijo menor de edad. Llegaron a Castellón el 15 de diciembre de 2019 y no percibieron sueldo alguno de los acusados, ni de ninguna de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que colaboraba con estos, ya que no llegaron a firmar contrato.

Métodos de captación

La resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón es un compendio del arte del engaño que los ahora condenados ejecutaban con una efectividad pasmosa. Captaban a gente vía telefónica, se desplazaban a los países 'exportadores' de mano de obra barata y, como si fuese la expedición comercial de una empresa, reunían a decenas de ilusos a los que cautivaban con supuestos sueldos muy por encima de los que estaban acostumbrados.

No obstante, la organización tenía una persona de confianza sobre el terreno que hacía las gestiones y labores de captación cuando los traficantes no podían desplazarse. Se trataba de un familiar de los máximos responsables, quien supuestamente también ayudaba a invertir las ganancias en activos inmobiliarios en la zona.

Foto: Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. (EFE)

El 'modus operandi' habitual era "convocar a los posibles interesados a una reunión en la que se explicaba el viaje, las condiciones laborales y el alojamiento". Se trasladarían a España para trabajar, principalmente, en la recolección de mandarinas y pernoctarían en una vivienda que los empleadores pondrían a su disposición.

Los primeros engaños llegaban cuando cerraban los emolumentos, ya que, según el trabajador y la tanda, el sueldo era diferente. A unos se les decía que cobrarían 1, 1,2 o tres euros por cada capazo recogido; a otros los engatusaban con la posibilidad de una cantidad fija que podía ir de los 1.200 hasta los 2.000; y a algunos les aseguraban que percibirían cuatro euros por hora trabajada, con la promesa de obtener 60 o 70 diarios. Incluso hubo un pobre incauto que previamente había trabajado en España y al que engañaron diciéndole que debía regresar para que la administración le abonara una prestación por desempleo. Cuando llegó, también acabó en el campo bajo la vigilancia de los delincuentes.

Se quedaban con los salarios

Pero ninguno recibía las cantidades pactadas. Una vez ponían el pie en España, la red realizaba los trámites de extranjería, sellaba los contratos de trabajo con las ETT o los empresarios agrícolas —en el caso de que los hubiera— y después abría las cuentas corrientes en las que se ingresarían los sueldos. Aunque nunca iban a tener acceso al dinero, ya que los traficantes se quedaban con las tarjetas y cartillas, así como con toda la documentación. Lo que se consideró por parte de los investigadores del Instituto Armado y la autoridad judicial una forma de control para que se sometieran a sus órdenes.

placeholder Imagen de la operación que desmanteló este grupo organizado. (Guardia Civil)
Imagen de la operación que desmanteló este grupo organizado. (Guardia Civil)

Esto es lo que le ocurrió al grupo más numeroso, compuesto por 23 personas que llegaron en octubre de 2019 después de ser captadas en el distrito rumano de Mures y a las que se les dijo que únicamente debían abonar 70 euros al mes en concepto de alojamiento. Nada más lejos de la realidad. Tras quedarse con sus documentos personales, le exigieron 15 euros a cada uno para los gastos administrativos. Posteriormente, al menos 120 por el viaje. Únicamente les dijeron que les abonarían "20 euros a la semana" para comida y que después los descontarían del salario.

La organización les cobraba hasta por el transporte al campo. Unos "tres euros" cada día, recoge el fallo al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que se detalla que a este grupo se le dijo que "habían adquirido una deuda" y que no iban a abonarles el primer sueldo. Realmente, jamás percibieron lo acordado, porque en diciembre únicamente les dieron una mínima cantidad, sin ser conscientes de que los acusados estaban realizando continuos reintegros a través de cajeros automáticos y apropiándose del dinero restante.

Los acusados sacaban el dinero de los trabajadores y lo llevaban a Rumanía

Las viviendas en las que tenían que pernoctar, cuando no lo hacían en una nave, eran insalubres y las maratonianas jornadas de trabajo, que dependían del grupo y las necesidades de recogida, se podían prolongar hasta 12 horas. Solo disponían de 30 minutos para poder llevarse algo a la boca y la red podía trasladarlos de la localidad de Onda (Castellón) a la oscense de Fraga, y viceversa, siempre que lo considerara oportuno.

Patrimonio en España y Rumanía

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón reventó el 16 de diciembre de 2019 como consecuencia de la denuncia que un año antes interpuso una de las víctimas. Los agentes realizaron ese día una serie de registros vinculados con la organización que permitieron liberar a 12 personas que estaban bajo el control de los detenidos —cuatro rumanos y un marroquí—.

No obstante, la cifra de víctimas acabó elevándose al medio centenar y, gracias a la documentación incautada, se supo que la organización llevaba actuando en España "al menos" desde 2018. Casi dos años traficando con personas y en los que la pareja que lideraba la red adquirió una vivienda de 300 metros cuadrados ubicada en Villarreal y cinco vehículos registrados en Huelva y Lérida.

Foto: Imágenes del primer incendio en el asentamiento chabolista. (EFE)

Estos bienes son una nimiedad en comparación con el patrimonio acumulado en tierras rumanas. Según se recoge en la sentencia, los cabecillas "viajaban allí con frecuencia, tanto para reclutar trabajadores, como para llevar cantidades de dinero en efectivo que posteriormente era invertido en inmuebles u otros productos financieros". Parte de ellos se ponía a nombre del padre de la mujer, que "era conocedor de su origen". La investigación reveló que, sin que les conste actividad alguna en su país, estas tres personas eran titulares de ocho cuentas corrientes y, lo más importante, nueve bienes inmuebles, entre los que se encuentran un edificio, una granja y una casa residencial.

La red adquirió nueve inmuebles en Rumanía, entre ellos un edificio y una granja

El análisis patrimonial de los líderes del grupo organizado concluyó que entre 2015 y 2018 obtuvieron ingresos netos por 93.941,52 euros procedentes de la "realización de tareas agrícolas por cuenta ajena". Un periodo en el que gestionaban, como autorizados, 53 cuentas que eran titularidad de otras personas.

Los magistrados sentenciaron que los temporeros "sufrieron daños morales dadas las condiciones de vida y trabajo a las que fueron sometidos durante el tiempo que estuvieron bajo el control de los acusados", que reconocieron su implicación en los hechos investigados y a los que se les impusieron las siguientes penas: 108 años y seis meses de cárcel por 54 delitos de trata de seres humanos con "finalidad de esclavitud" y uno de blanqueo de capitales, así como una multa de 87.664,51 euros para cada uno de los miembros de la pareja que dirigía la red; 44 años y seis meses por 22 casos de tráfico de personas, otro de lavado de dinero ilícito y una sanción económica de 87.664,51 euros para su 'enlace' y colaborador en Rumanía; y 19 años de encarcelamiento para las dos personas que transportaban y controlaban a los temporeros. Todos ellos deben afrontar el dinero adeudado a los trabajadores, junto con las multas impuestas.

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