Varapalo para Boris Johnson: los lores exigen un "DNI Brexit" para los comunitarios

Primer gran golpe al Gobierno de Boris Johnson. La Cámara de Lores ha aprobado este lunes una importante enmienda donde se solicita al Ejecutivo cambiar el llamado “Settle Scheme” (Estatus de asentamiento). Se trata del actual sistema con el que se regula la situación de los comunitarios residentes por cinco o más años en el Reino Unido para que, tras el Brexit, conserven sus derechos, entre otros, el acceso al Sistema Nacional de Salud Pública.

La Cámara Alta -cuyos representantes no son elegidos en las urnas y donde los euroescépticos están en minoría- quieren que el plazo para tramitar este estatus no tenga una fecha de vencimiento. Actualmente, todo aquel que no haya realizado la solicitud para el 30 de junio de 2021 quedará en situación ilegal, sin importar que esté casado con un británico o lleve décadas viviendo en el país.

Asimismo, los Lores demandan que aquellos que regulen su situación tengan una prueba física para poder demostrarlo y no un simple email, como el que reciben ahora por parte de las autoridades. El Parlamento Europeo ya ha advertido que esto podría generar problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda.

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La enmienda multipartidista, propuesta por el liberal demócrata Lord Oates, fue respaldada por 270 votos a favor frente a 229 en contra, durante la tramitación de la llamada “Ley del Brexit”, con la que se legitimará la salida del bloque el próximo 31 de enero. En total son ya tres derrotas en la Cámara Alta para el Ejecutivo. Aunque hasta el 31 de diciembre de 2020 habrá un periodo de transición donde el Reino Unido continuará en la práctica dentro de la unión aduanera y mercado único, con la libertad de movimiento que eso conlleva.

Impulso para los comunitarios

Lord Oates señaló que el derecho a permanecer en el país debería basarse en la “elegibilidad” y no perderse por no cumplir con un plazo arbitrario en una fecha límite, lo que podría llevar a que los ciudadanos de la UE que no realicen a tiempo el proceso sean “criminalizados”. Además, recalcó que sin una prueba física del derecho a residencia “seguramente habría confusión y ansiedad”. “Los ciudadanos de la UE se verán gravemente desfavorecidos si no lo tienen”, matizó.

El proyecto de ley, por tanto, deberá ahora regresar a la Cámara de los Comunes. No se espera que en la Cámara Baja los cambios a la normativa sean ratificados, ya que, tras las elecciones de diciembre, los 'tories' de Boris Johnson gozan de una amplia mayoría de 80 escaños.

En cualquier caso, aparte de las connotaciones políticas que tiene ahora la primera derrota en Westminster para el inquilino del Número 10, la votación en los Lores supone un importante impulso para “The 3 million”, la organización que vela por los derechos de los comunitarios residentes.

“Una de nuestras principales demandas siempre ha sido que el sistema no sea una petición que pueda ser aceptada o denegada por un Gobierno. Tendría que ser simplemente un registro. Los derechos de los comunitarios deben quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna solicitud”, asegura Luke Piper, abogado de la organización. Piper también hace campaña para tener algún tipo de carné con el que los comunitarios residentes puedan demostrar que están en situación legal en el país.

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Actualmente, aquel que realiza con éxito los trámites tan sólo recibe por parte de las autoridades un email, donde se especifica claramente y en negrita que “no se trata de una prueba del estatus”.

En caso de que en una entrevista de trabajo o a la hora de alquilar una vivienda soliciten garantías, el comunitario debe ir a una web y meter su pasaporte. El problema es que no hay siempre Internet a mano. O simplemente, si hay un fallo en el sistema, se queda sin medios para poder demostrar su estatus.

Desprotegidos ante el Brexit

“Enfadados”, “inquietos” y “rechazados”. Son las palabras más repetidas por los comunitarios residentes en el Reino Unido que ya han solicitado el llamado “estatus de asentamiento”. A pesar de tener garantizados sus derechos tras el Brexit, las consecuencias emocionales que acarrea ahora para ellos el divorcio no pueden ser más negativas. De una u otra manera, se sienten menos en casa. Y la gran mayoría (9 de cada 10) se siguen sintiendo desprotegidos al no tener ningún documento físico con el que puedan demostrar que ya han regularizado su situación.

Estas son precisamente las conclusiones del estudio publicado este lunes por la Universidad de Northumbria (Newcastle), el mayor realizado hasta la fecha, sobre la “experiencia” e “impacto” que están teniendo los ciudadanos del bloque a la hora regularizar su situación. La universidad -en colaboración con “The 3 million”- realizó una encuesta entre el pasado 20 de noviembre y 20 de diciembre entre 3.171 comunitarios residentes en el Reino Unido, la gran mayoría (89%) por cinco o más años. Hasta el 11% dijo que ya se le había pedido una prueba de su estatus.

Desde el Ministerio de Interior defienden, en cualquier caso, que el sistema actual funciona. “Vivimos en la era digital y tal y como está planteado es mejor porque se reemplazan documentos físicos pueden perderse, ser robados, dañados, manipulados o quedar caducados”, matiza un portavoz.

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Tanja Bueltmann, responsable del estudio de la Universidad de Northumbria, asegura que, la gran mayoría de encuestados no tuvieron dificultades durante la tramitación del proceso, que se realiza todo de manera online. En un plazo de aproximadamente dos semanas recibieron la contestación.

Una sensación de "humillación"

Sin embargo, la experta destaca la parte emocional que genera esta situación, ya que “la amplia mayoría de los encuestados siente ahora mermada su confianza con las autoridades, su bienestar y, ante todo, su sentimiento de pertenencia”, añade a este diario. “Gran parte de ellos se siente humillados”, recalca.

El 28,5% de los encuestados aún no habían solicitado el estatus, a pesar de estar cinco o más años residiendo en el país. De éstos, el 35,5% respondió que no está dispuesto a realizar los trámites “por cuestión de principios”.

“Soy alemana y estoy casada con un británico. Tenemos un hijo en común. He vivido y trabajado en el Reino Unido por más de 36 años, ayudando a pagar mi vivienda. La idea de que ahora tenga que solicitar permiso al Gobierno para vivir en mi casa con mi familia es algo que aún no he digerido”, señala una de las entrevistadas.

Por su parte, otra explica que no ha podido “manejar el estrés” que le crea realizar los trámites por lo que su “familia y terapeuta” le han aconsejado que “priorice otros problemas”, ya que todo esto “estaba resultando muy perjudicial” para su “salud mental”.

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Alrededor de 900.000 comunitarios residentes en el Reino Unido aún no han solicitado el llamado “estatus de asentamiento” (EU Settlement Scheme) para tener garantizados sus derechos, una vez el Reino Unido abandone la UE. La últimas cifras del ministerio del Interior muestran que sólo poco más de 2,7 millones de ciudadanos del bloque, de los aproximadamente 3,6 millones que se calcula que viven actualmente en el país, (no hay datos oficiales porque hasta ahora no era obligatorio el registro) han realizado los trámites. Tan sólo cinco peticiones, según las autoridades británicas, han sido rechazadas por “razones criminales”.

Al tratarse de Brexit ordenado -gracias al pacto cerrado en octubre del año pasado entre Londres y Bruselas-, los comunitarios residentes por cinco años tienen de plazo para poner en orden su nuevo estatus hasta el 30 de junio de 2021. Aquellos que no lleven aún un lustro pueden solicitar el “pre-estatus”. No obstante, asociaciones como “The 3 million” advierten que hay aún mucho desconocimiento. Entre otros, deben solicitarlo también los cónyuges no comunitarios casados con europeos para evitar quedar con inmigrantes ilegales.

Por otra parte, todo aquel que haya conseguido ya el “estatus de asentamiento” perderá todos sus derechos si abandona el país por un plazo de cinco años. En este sentido, según el estudio de la Universidad de Northumbria, la gran parte de entrevistados tiene la intención de solicitar el pasaporte británico, aunque éste ya no sea un proceso gratuito.