Legal, pero inmoral: la justicia da luz verde a que Reino Unido envíe a sus inmigrantes a Ruanda

La titular de Interior, Suella Braverman, explicaba recientemente que su "sueño" y "obsesión" era ver una portada del The Telegraph —biblia para los tories— con un avión lleno de inmigrantes saliendo desde Londres con destino a Ruanda. El sueño de la ministra, representante del núcleo duro del Partido Conservador, está cada vez más cerca de cumplirse después de que este lunes el Tribunal Superior haya determinado que el controvertido plan del Gobierno para mandar al país africano a los solicitantes de asilo es legal. En junio debía haber salido el primer avión, pero tan solo 30 minutos antes del despegue se quedó sin pasajeros por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una corte que no tiene relación con la Unión Europea.

Se espera que las organizaciones que representan a inmigrantes presenten apelación, pero el fallo de este lunes tiene importantes repercusiones para la que es, sin duda alguna, la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, en la que los euroescépticos repitieron cuál mantra la importancia de recuperar "el control de las fronteras".

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El Gobierno defiende que el objetivo es disuadir a las mafias para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo, un debate de plena actualidad por el récord de inmigrantes que han cruzado el Canal de la Mancha. En lo que va de año, son ya más de 40.000 personas, frente a los 8.000 de 2020 o los 600 de 2018. Comparado con otros países europeos, no es desmesurado. Pero en la Global Britain pos-Brexit son cifras cargadas de simbolismo político.

Downing Street ha pagado 140 millones de libras al país africano para albergar a los inmigrantes. Argumenta que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.

En este sentido, desde el inicio de la tramitación de la medida a principios de este año —bajo el Ejecutivo de Boris Johnson— ha habido todo tipo de batallas legales y críticas. Y ya no solo por parte de todos los partidos de la oposición, que lo consideran "inviable", "inmoral" y "poco ético". Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".

Billete a Ruanda... solo de ida

La victoria legal de este lunes para el Gobierno es parcial. Por una parte, los jueces determinan que sí se puede reubicar a los inmigrantes que hayan llegado por rutas ilegales al Reino Unido para que sus solicitudes de asilo se evalúen mientras que están en el país africano. Si se les concede el estatus de refugiado, pueden permanecer en Ruanda. De lo contrario, pueden presentar una solicitud para establecerse allí por otros motivos o buscar asilo en un "tercer país seguro". Los magistrados consideran que el programa no viola la Convención de Refugiados de la ONU ni las leyes de derechos humanos.

Sin embargo, el tribunal asegura que los casos de ocho primeros inmigrantes que iban a ser mandados al país africano el pasado mes de junio no habían sido considerados adecuadamente, por lo que "estas decisiones serán anuladas y remitidas al ministro del Interior para que las considere de nuevo".

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El 14 de junio debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó la solicitud de dos de ellos para detener temporalmente su deportación hasta que los tribunales del Reino Unido se pronunciaran sobre la legalidad de esta medida. La corte recordó además que la Convención de Derechos Humanos no rige en Ruanda, por lo que no hay garantías de que puedan luego regresar a suelo británico si se decide que su deportación ha sido ilegal. La decisión llevó a que el Tribunal de Apelación de Londres confirmara rápidamente la solicitud del resto de afectados.

Asimismo, el tribunal de Estrasburgo determinó que no podrían salir aviones hasta que se haya agotado el proceso legal. En definitiva, hasta que se hayan terminado las posibilidades de apelaciones. Por lo tanto, el "sueño" y "obsesión" de la titular de Interior, Suella Braverman, tendrá que esperar.

Tras conocerse el fallo de este lunes, Josie Naughton, directora ejecutiva de la organización benéfica para migrantes Choose Love, dijo que la decisión judicial "va en contra de los compromisos y la rendición de cuentas internacionales", y agregó que los activistas "seguirán luchando" por el "derecho humano de buscar asilo". La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia, además, que Ruanda no cuenta con los "mínimos" necesarios para sostener un sistema de asilo "viable, justo y eficaz".

Por su parte, la oposición laborista calificó el dictamen de "inviable" y "poco ético". La portavoz de Interior del Laborismo, Yvette Cooper, dijo que el 'plan de Ruanda' es una "distracción dañina de la acción urgente que el Gobierno debería tomar para perseguir a las bandas criminales y solucionar el sistema de asilo". Pero la ministra británica del Interior ha insistido en que el "innovador" plan migratorio ayudará a las personas que han sido reubicadas a "construir allí" sus nuevas vidas. "Siempre hemos mantenido que esta política era legal y hoy la Corte lo ha confirmado", ha celebrado Braverman.

El gran dolor de cabeza para los conservadores

Pese a que el controvertido programa fue tramitado durante el Gobierno de Boris Johnson, el actual primer ministro, Rishi Sunak, lo ha mantenido. Aunque presenta una postura mucho más moderada que Johnson y la fugaz Liz Truss, el actual líder tory —que está en Downing Street por decisión de las filas, no por el electorado— sabe que el núcleo duro de la formación tiene aún un importante peso y no quiere dar un paso en falso que pueda provocar rebeliones y dañar aún más la imagen del partido, que en dos meses ha puesto hasta tres primeros ministros distintos.

De ahí que Sunak haya mantenido como titular de Interior a Braverman, bautizada por la prensa como "Cruella", tras la polémica por haber detenido ilegalmente a 4.000 inmigrantes en el centro de procesamiento de Manston en Ramsgate, Kent, cuando las instalaciones están diseñadas para albergar, como máximo, a 1.600 personas.

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La inmigración es una de las grandes preocupaciones para los votantes conservadores. Y, según los últimos sondeos, el 15% de los que votaron en 2019 por los tories respalda ahora a UK Reform, los herederos del UKIP de Nigel Farage. Pese a no tener representación en Westminster, no puede obviarse que fue la gran popularidad adquirida por Farage —con su mensaje euroescéptico y antiinmigración— lo que acabó forzando a los conservadores a convocar el referéndum sobre la permanencia en la UE. Y aunque los propios tories están sufriendo las consecuencias de políticas populistas, nadie descarta que vayan ahora a tropezar con la misma piedra.

El Gobierno paga cada día 6,8 millones de libras para albergar a los solicitantes de asilo. En la actualidad, hay un tapón de 100.000 solicitudes. Cada una tarda una media de 480 días en procesarse. Como parte de los nuevos planes migratorios, Downing Street quiere acelerar también la retirada de solicitantes de asilo procedentes de Albania por considerar que ese país es "seguro y próspero". Los albaneses representan alrededor de un tercio de los que han llegado en pequeñas embarcaciones a suelo británico.

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Según la BBC, las bandas de narcotraficantes albanesas están utilizando los campamentos de inmigrantes del norte de Francia como campo de reclutamiento, ofreciendo pagar el pasaje de aquellos preparados para trabajar en la industria de las drogas de Reino Unido a su llegada, lo que preocupa a la policía de ambos lados del Canal de la Mancha, donde la semana pasada fallecieron cuatro personas tras un incidente sufrido por una pequeña embarcación cerca del condado inglés de Kent.

La operación pudo salvar a 43 personas, 30 de ellas rescatadas directamente de las gélidas aguas. La temperatura llegó a ser de hasta 4 grados bajo cero y la gran mayoría de las personas que iban a bordo de la pequeña embarcación tan solo tenían una camiseta de algodón y el chaleco salvavidas. Se trata del accidente más grave desde que en noviembre de 2021 fallecieran 27 personas cerca de la costa francesa, cuando se disponían también a cruzar hasta territorio británico.

"Nadie pone su vida en riesgo en estas condiciones, a no ser que no tenga otra opción. Mientras no haya rutas más seguras para intentar solicitar asilo, existe el riesgo de que haya muchos accidentes como este", recalcó entonces el director de Apoyo a los Refugiados de Cruz Roja.