Carlos III, ¿último rey de Escocia?

Cuando la histórica mansión Dumfries House se puso a la venta en 2007, el entonces príncipe de Gales logró reunir un consorcio que recaudó 40 millones de libras para comprarla y transformarla en un centro de formación para jóvenes y artesanías tradicionales, creando cientos de puestos de trabajo en una zona deprimida con alto desempleo de las antiguas cuencas carboníferas en East Ayrshire. Es un éxito que no ha pasado desapercibido a sus críticos. Un aprendiz le llegó a decir en un momento a un empresario: "Si no fuera por este lugar, probablemente ya estaría en Barlinnie [la prisión más grande de Escocia]".

La autoridad de Isabel II en Escocia era tal que David Cameron tuvo que pedirle ayuda cuando en los días previos al histórico referéndum secesionista de 2014 se llegó a temer que los independentistas lograran su propósito. Su primogénito, convertido hoy en Carlos III, puede que no cuente con ese encanto natural de su progenitora. Pero desde hace tiempo lleva sondeando el nacionalismo a su manera.

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El actual viceprimer ministro escocés, John Swinney, y la exministra de Medioambiente del SNP Roseanna Cunningham —cuyas opiniones sobre la monarquía se pueden resumir en su apodo, Republican Rosie— han estado entre los invitados que a lo largo de los últimos años han pasado por Birkhall, la casa que Carlos y Camila tienen junto a Balmoral, para hablar sobre todo tipo de cuestiones. La atmósfera bien podría haber sido tensa a veces, pero estas citas de fin de semana al menos mostraban al entonces heredero al trono a lo que se enfrentaba.

Para Isabel II, Escocia fue el lugar donde pasó los momentos más felices de su vida. Fue allí donde disfrutó los veranos de niña, donde el príncipe Felipe le pidió matrimonio, donde la pareja luego pasó su luna de miel, donde hablaba con los parroquianos en dórico, el dialecto del noreste, y vestía ropa de campo muy parecida a la suya. Y el amor de la nación hacia la reina era correspondido. Resulta casi poético que haya fallecido allí y sean los escoceses quienes este lunes se conviertan en los primeros en rendirle tributo en la capilla ardiente que se situará en la catedral de St. Giles, antes de ser trasladada a Londres. Pero para Carlos III plantea un debate muy distinto. Puede pasar a la historia como el último rey de Escocia o como el monarca que salvó la unión del país.

El domingo en Edimburgo, el momento de la lectura de la proclamación del nuevo monarca se vio interrumpido por algunos abucheos en la plaza del Parlamento inmediatamente después de la frase "Dios salve al rey". Antes del discurso, una manifestante antimonárquica fue expulsada de la plaza por las fuerzas de seguridad tras desplegar una pancarta con la frase "Que le jodan al imperialismo. Abolición de la monarquía". Un portavoz policial confirmó posteriormente la detención de una mujer de 22 años "por perturbar la paz".

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Nicola Sturgeon, ministra principal escocesa, se ha mostrado firme en su apoyo a la monarquía. En mayo de este año reiteró que la familia real continuaría gobernando independientemente de si los escoceses votan sí o no en el nuevo plebiscito de secesión que se ha comprometido a celebrar el próximo año.

Pero no todos los nacionalistas opinan de la misma manera. Su antecesor, Alex Salmond, convertido ahora en líder de la formación Alba, aseguraba en una entrevista el pasado agosto con El Confidencial que "después del reinado de la muy respetada Isabel II" se debería "analizar el tema de una Constitución y si es apropiado en el mundo actual tener un jefe de Estado hereditario". "Son cosas que se debatirán y se decidirán a su debido tiempo", matizó.

Una encuesta realizada en mayo por el 'think tank' British Future encontró que más del 36% de los escoceses pensaba que el final del reinado de Isabel II sería el momento adecuado para cambiar de modelo constitucional.

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La monarquía es anterior a la unión política entre Inglaterra y Escocia y desde entonces han existido, en gran medida, como entidades separadas con diferentes razones para creer en ellas. En 1603, James VI de Escocia sucedió a Isabel I, reina de Inglaterra. Por primera vez había un rey de ambas naciones, y su linaje era escocés. No fue hasta 1707, bajo la reina Ana, cuando los respectivos parlamentos de Inglaterra y Escocia se fusionaron para crear un Reino unificado de Gran Bretaña.

En cualquier caso, por mucho debate que exista ahora sobre el desafío que plantea Escocia al reinado de Carlos III, lo cierto es que el nacionalismo a nivel político está estancado. Cuando la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, expuso en junio su detallada hoja de ruta para celebrar un referéndum de independencia no vinculante el próximo 19 de octubre de 2023, la noticia apenas tuvo repercusión en la prensa. Y tampoco es de extrañar. Porque las posibilidades de acabar sacando de nuevo las urnas son más que remotas.

Hace tiempo que el debate constitucional de Escocia ha llegado a un punto muerto, con el SNP electoralmente dominante de Sturgeon reclamando regularmente un mandato para otro plebiscito y el Gobierno central del Reino Unido señalando repetidamente que la votación de 2014 fue "única en una generación".

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La ruta legal para esa histórica consulta de hace ocho años llegó a través de la transferencia temporal de poderes de Londres a Edimburgo, conocida como una orden de la Sección 30, firmada por el entonces primer ministro, David Cameron. Pero ni Boris Johnson lo estaba ni ahora Liz Truss está por la labor de repetir la jugada.

Bajo la creciente presión del ala dura del nacionalismo para lograr algún tipo de progreso después de años de estancamiento, Sturgeon estaba, sin embargo, obligada a mover ficha. En este sentido, adelantándose a la negativa de Londres, ha acudido ya a la Corte Suprema del Reino Unido solicitando un fallo sobre si Escocia tiene la autoridad para celebrar un referéndum consultivo.

Su círculo más estrecho cree que aclarar la legalidad enviaría un mensaje importante a los votantes indecisos, cruciales, fácilmente desanimados por los elementos más agresivos del movimiento nacionalista, al tiempo que acabaría con los ataques de la oposición sobre la amenaza que representa el "ataque salvaje" de una consulta "al estilo de Cataluña".

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El objetivo es mostrar que la tecnocrática Sturgeon, una abogada cualificada, prefiere un camino cauteloso y estrictamente legal hacia la independencia. Pero parece poco probable que la cautela por sí sola logre una segunda consulta y mucho menos la secesión.

Una serie de derrotas del Gobierno escocés en la Corte Suprema en batallas anteriores por la autoridad de Holyrood se suma al optimismo unionista de que los jueces fallarán en contra de Sturgeon, dado que los poderes sobre cuestiones constitucionales están claramente reservados a Westminster.

En octubre del año pasado, el tribunal dictaminó que dos proyectos de ley del Gobierno escocés estaban fuera de la autoridad legislativa del Parlamento. Los jueces también rechazaron previamente los argumentos de que Edimburgo debería tener voz propia para iniciar el proceso formal del Brexit.

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En cualquier caso, Sturgeon ya avanzó que la derrota en la Corte Suprema "no sería el final del asunto", y prometió que si no es posible un "referéndum constitucional legal", las próximas elecciones generales del Reino Unido, previstas para 2024, se convertirían en un "referéndum 'de facto".

Lo que esto significa en la práctica aún no está claro, pero la expectativa es que el SNP haga campaña esencialmente sobre un solo tema, que Escocia debería convertirse en una nación independiente, y tratará una victoria con más del 50% de los votos como si fuera un sí. Esto requeriría el mejor resultado electoral de la historia del SNP, superando incluso el 49,97% obtenido en su aplastante victoria de 2015.

Si bien tal resultado no sería legalmente vinculante para el Gobierno del Reino Unido, la creencia dentro del equipo de Sturgeon es que Westminster finalmente se doblegaría bajo el peso de su mandato democrático.

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Para la oposición laborista, esta estrategia conlleva su propio riesgo electoral. Los carteles de la campaña 'tory' de 2015, que presentaban al entonces líder del partido laborista, Ed Miliband, en el bolsillo de Sturgeon, convencieron a muchos votantes de optar por los conservadores. Y ahora las filas de Keir Starmer temen que se repitan los ataques, por lo que, dentro de todo, a Johnson le podrían haber hecho un favor.

El órdago de la escocesa ha sido bien recibido por el ala dura del movimiento independentista, que se había visto frustrado en los últimos años por su cautela anterior. Con los soldados de base y de centro del partido en la misma sintonía que los nacionalistas radicales, la líder del SNP, al menos, ha unido un movimiento que estaba profundamente dividido. Pero es arduamente complicado que las cartas la acompañen.

Ciaran Martin —profesor de la Universidad de Oxford y asesor de Downing Street para el referéndum de independencia de 2014— considera que "sin un acuerdo político con Londres, la independencia de Escocia está estancada". Cuando le preguntan cuán políticamente "sostenible o sabia" es la posición del Gobierno central, su opinión es que "una negativa sostenida a reconocer los resultados de las sucesivas elecciones escocesas, como mínimo, cambia la Unión [del país] de ser mantenida por consentimiento a ser mantenida por ley". "Pero legal y constitucionalmente, nada de eso importa. Si Londres se mantiene firme, la independencia escocesa no tiene adónde ir, al menos por ahora", apuntaba recientemente en 'The Times'.